Académico considera claves la disponibilidad y calidad del agua, un rol activo del Estado en la solución de las incertezas, junto un aumento de presupuestos para investigación.
Dada la riqueza hídrica de los territorios y lo vital de este elemento para el desarrollo económico, garantizar la disponibilidad y calidad del agua podrían ser algunos de los aspectos a considerar con miras a una nueva Constitución.
Más allá de las variables jurídicas y legales propias del ámbito del derecho, José Luis Arumi, profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción e investigador principal del Centro Fondap y Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, Crhiam, plantea desde su área de acción algunos puntos relevantes.
– ¿Qué aspectos hídricos consideraría como parte de la discusión sobre una nueva Constitución?
– En primer lugar, en lo que respecta al tema del agua desde la perspectiva de los recursos naturales habría que garantizar el derecho al acceso por parte de las personas como parte del derecho a la salud, el bienestar y vivir en un ecosistema saludable y libre de contaminación.
A partir de esto, derivan otros temas, como por ejemplo, el hecho de que el agua es un bien nacional de uso público que es algo más del ámbito de los abogados.
– ¿Cuáles son actualmente los principales desafíos en cuanto a la protección de este recurso?
– Son dos aspectos. Por un lado, reconocer la incerteza existente respecto a la disponibilidad y calidad del agua que es uno de los grandes errores que se han cometido cuando se da por sentado el uso de los promedios como ocurrió con el caso del Lago Laja, donde el convenio 58 estableció el retiro de una cantidad de agua, pero nos equivocamos.
Otro punto relevante es que las condiciones climáticas son cambiantes por lo que no deberíamos seguir trabajando sólo a base de promedios para mejorar la eficiencia de la gestión donde adquiere especial importancia el rol o deber del Estado en relación a investigar.
– ¿Cuál es su postura frente a la idea de la recarga artificial de aguas subterráneas?
– Frente a esto, antes de determinar su conveniencia o no, la discusión es saber la calidad del acuífero, pero sin investigación no es posible saber esta calidad. También, hay que reconocer que la Dirección de General de Aguas hace esfuerzos heroicos, pero no cuenta con una componente de investigación donde el Estado debiera apoyar más a las universidades al igual que instituciones que pueden aportar como la misma DGA o el Sernageomin, dado lo limitada de la información actual.
– ¿Qué cifras de apoyo a la investigación hay hoy día?
– Creo que hoy la investigación representa un 0,34% del Producto Interno Bruto, PIB, a lo que se suma el hecho de que nuevamente bajaron los presupuestos de Ciencia y Tecnología en el país. Existe un estudio del Conacyt que establece que Chile es el país que menos invierte en investigación en torno al agua. Otro punto a relevar tiene que ver con cuánto conocemos respecto de la cultura hídrica o de tratamiento del agua por parte de los pueblos originarios. Hace más de 500 años que los Incas usaron las recargas de aguas subterráneas.
– ¿Cree que en materia de fiscalización para controlar el robo de agua se pueda plantear algo?
– Hoy día existen personas de la DGA y el SAG que no pueden fiscalizar los fines de semanas, porque tienen problemas con los viáticos donde nuevamente el rol del Estado frente a esta dinámica queda al debe.
– ¿Estima que puedan reconocerse patrimonios territoriales desde el punto de vista de las riquezas hídricas?
– Si tú me preguntas respecto de proteger la nieve y los glaciales, lamentablemente hoy día no tenemos idea de lo que hay, porque no hay data, ningún dato básico. Y, si no conoces algo, ¿cómo lo podemos garantizar?