Los aspectos más relevantes serían el control del riesgo sistémico o de contagio, la dotación de recursos y reservas de forma constante, ya sea un ciclo de crecimiento o recesión económica.
La abogada Carolina Rudnick Vizcarra, directora ejecutiva de la Fundación Libera, explica en entrevista con este medio los principales aspectos de la modernización de le legislación bancaria basada en Basilea III.
Rudnick Vizcarra es abogada de la Universidad de Concepción, máster en Política Criminal de la London School of Economics y becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American University, con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los Derechos Humanos.
Durante 2016-2018, se desempeñó como encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde donde lideró la construcción de la Segunda Estrategia Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2018-2020.
– A su juicio, ¿cuáles son sus aspectos más relevantes?
– La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al aprobar la emisión de la primera normativa para la adopción de los estándares de Basilea III en Chile en septiembre de este año, fija los criterios y directrices generales para la determinación de requerimientos patrimoniales adicionales como resultado del proceso de supervisión, denominada Pilar 2. De esta manera, la Comisión da cumplimiento al calendario establecido para el proceso de implementación de los estándares de Basilea III, según lo establecido en la Ley N° 21.130, que moderniza la legislación bancaria.
Los aspectos más relevantes dicen relación con el control del riesgo sistémico o de contagio, así como la dotación de recursos y reservas de forma constante, ya sea un ciclo de crecimiento económico o de recesión económica, focalizando las eventuales disrupciones. El mercado financiero está “atento” a los problemas que pudiere ocurrir en una latitud determinada, y cuenta con actividades de respuesta que permitan mitigar dichos riesgos.
Con esto, además, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Bancos (LGB), permitiendo incorporar a nuestro sistema bancario las mejores prácticas internacionales. Las normas conversan perfectamente.
Recordemos que cuando la CMF anunció en marzo de este año la extensión de los plazos de implementación de Basilea III en Chile, con el objetivo de dar mayor flexibilidad a los bancos para ayudar a sus clientes a enfrentar los impactos financieros de la Covid-19, informó que de todas formas el Pilar 2 entraría en vigencia el cuarto trimestre de este año, posponiendo la implementación de los demás acuerdos.
– ¿En qué consiste la principal normativa de Basilea III que quiere implementar la Comisión para el Mercado Financiero?
– Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente en respuesta a la crisis subprime (2007-09), desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y cuyo objetivo es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos, evitando repetir las causas que llevaron a esta crisis de liquidez de magnitud global que provocó, además, graves efectos humanitarios.
Al igual que el resto de las normas del Comité de Basilea, los requerimientos de Basilea III constituyen mínimos aplicables a bancos con actividad internacional, que los miembros se comprometen a implementar en sus respectivas jurisdicciones, dentro de los plazos establecidos por el Comité. En particular, el marco de Basilea III aborda una serie de deficiencias identificadas en el marco regulador anterior a la crisis y sienta las bases de un sistema bancario resiliente, que ayude a evitar la acumulación de vulnerabilidades sistémicas.
– ¿Qué otras normas de Basilea III podrían ser implementadas y con qué objetivos en nuestro país?
– Las consecuencias sociales de la crisis subprime nos dejaron muchas moralejas, entre otras que la interconexión global del mercado financiero es una realidad. El bienestar del mercado, así como el control de riesgos de los inversionistas debe ser, por tanto, internacional, por lo que pensamos firmemente que la estandarización normativa y la adopción de buenas prácticas corporativas es una oportunidad enorme para mejorar la reputación de nuestro mercado financiero, atrayendo de este modo nuevos capitales, lo que, sin duda, genera efectos positivos a nuestra economía.
– ¿Cuáles son los desafíos más importantes para la implementación de esta ley?
– Personalmente y luego de analizar un estudio realizado por ex funcionarios Sbif (Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras), me parece que el gran tema es la fiscalización de los bancos comerciales, esto es, cómo se ejercerá la supervisión, de qué modo se aprobarán y monitorearán las metodologías internas que estos incorporen, las que deberían encontrar un equilibrio entre la formalidad y la sensibilidad de riesgo, de manera tal que la implementación normativa no afecte el desarrollo adecuado de la industria bancaria ni afecte mayormente a sus clientes.
– ¿Cómo proyecta será la modernización de la legislación bancaria para los próximos 5 años en el país?
– La modernización de la legislación bancaria requiere introducir nuevos riesgos que no están presentes en la actualidad y que la pandemia ha dejado al descubierto. No solo existen riesgos de liquidez, sino que adicionalmente, la penetración de la criminalidad organizada y la corrupción exige que la modernización bancaria introduzca riesgos que dicen relación con impactos en derechos humanos de las operación de los clientes empresariales. La salud y robustez de un sistema financiero no solo está dado por la existencia de liquidez que permita afrontar crisis económicas y financieras como la del 2007, sino que adicionalmente requiere que el sistema financiero se haga cargo de la licitud de los flujos de capitales que manejan. Un mercado justo y protegido es lo que busca un inversionista y los propios clientes, y es ese el desafío en el mediano plazo.