Como consecuencia de la propagación del  coronavirus, el funcionamiento normal de los 2 mil 400 jardines infantiles que se encuentran en Chile se ha visto enormemente perjudicado, enfrentando día a día un complejo escenario debido al cese de sus actividades.

En este contexto, la Asociación de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares realizó un estudio a 393 sostenedoras, el cual reveló que entre julio y agosto un 40% de los recintos tuvo que cerrar sus puertas; mientras que se proyecta que entre septiembre y octubre lo haga un 48% más, por lo que, en 4 meses, 88% de las instituciones dejaría de funcionar.

En otro aspecto de la investigación se develó que, hasta julio, solamente el 27% de familias estaba pagando una mensualidad o entregando algún aporte al jardín, lo que refleja que 73% de los niños se encuentran retirados formalmente de la educación inicial; mientras solo 5% del personal docente mantiene su fuente laboral, 74% está acogido a la ley de protección del empleo y 21% se encuentra finiquitado.

Al respecto, Marcela Olivares, representante de la Agrupación de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares, comenta que la situación es extremadamente preocupante y que cada día se vuelve más crítica, tanto por la pérdida progresiva de las matrículas como por el nulo apoyo que han recibido del Gobierno.

“Lo que estamos buscando es evitar que más profesionales, técnicos y auxiliares pierdan su trabajo, además de impedir el cierre de los establecimientos particulares, que durante años han sido aliados del Estado en la formación de la primera infancia, ayudando a extender la cobertura de la educación inicial en nuestro país”, indicó.

Agregó que “desde mediados de marzo, hemos entablado conversaciones con diferentes actores para obtener recursos y recién el 6 de agosto la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución en el que se solicita al Presidente de la República entregar a los jardines infantiles privados que lo requieran, una subvención por alumno matriculado, equivalente a la que se le otorga a los jardines Junji y que su entrega se extienda durante el tiempo que dure la emergencia; garantizando con ello el pago de los gastos básicos y la mantención de los contratos o su reestructuración. Sin embargo, aún no tenemos respuesta”.

Sobre este punto, Marcela Olivares precisó que “hemos tenido reuniones con la subsecretaria de educación, María José Castro, quien lamenta nuestra situación, pero la única opción que nos da es el crédito Fogape (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios), Fondo estatal al que en estos dos últimos meses han tenido acceso algunas sostenedoras, pero que al principio fueron negados por los bancos. Y es que no somos personas solventes para las entidades financieras, de hecho, nos han dado créditos por alrededor de 3 millones de pesos, lo que es completamente insuficiente considerando que, en promedio, pagamos 2 millones solo por concepto de arriendos. También nos invitaron a postular a Sercotec, pero el 100% de las sostenedoras fue rechazada, es decir, naide se lo adjudicó. Ante este escenario, nos preguntamos cuál es la solución que dará el Gobierno cuando haya que retornar y la mayoría de los jardines no exista y qué respuestas le darán a los padres de clase media que quedarán sin salas cunas y jardines para sus hijos”.

La educadora aseveró que no hay que perder de vista, ya que a la fecha, 36% del personal de jardines infantiles particulares se encuentra cesante, lo que representa un tercio del total de trabajadores; mientras que 83% de los establecimiento privados están acogidos a la Ley de Protección al Empleo, situación que da cuenta del complejo escenario del acceso a la educación parvularia de los niños y niñas de nuestro país, una vez que cese la emergencia sanitaria.

Al extrapolar los datos a nivel nacional existen 2.400 salas cunas y jardines infantiles, por lo tanto, 122.000 niños y niñas se quedarán sin sala cuna y jardín infantil, 32.000 Profesionales de la educación quedarán cesantes.

“Hoy continuamos esperando que el presidente se pronuncie sobre la resolución, que es una ayuda real, no un crédito el cual no sabemos cuándo podremos solventar y que suma nuevas deudas a nuestra situación económica actual, cargando con arriendos, dividendos, pago de cotizaciones y en algunos casos sueldos. Como Agrupación, nos mueve la preocupación por los niños de nuestro país y hacer efectivo el derecho a la educación, del cual el Estado debe ser garante”, finalizó.