Asexma plantea crear una fórmula técnicamente objetiva, Corbiobio podría evaluar una gradualidad con foco en mujeres y jóvenes. Irade confía en proactividad local y Asembio pide elevar I.M. Garantizado.
Mientras el Gobierno y la CUT discuten el aumento del salario mínimo en $ 80 mil, los gremios regionales expresan su postura frente a esta materia.
Alfredo Meneses, gerente general de la Asociación de Empresas Exportadoras de Manufacturas en Bío Bío, Asexma Bío Bío, plantea que hay considerar un escenario esperado “con tasas de desempleo cercanas al 20%; un crecimiento apalancado fundamentalmente por los programas de inversión públicos junto un nivel de uso del subsidio al empleo donde se contabilizan a 112 mil empresas subsidiadas y un nivel de incertidumbre”.
Dado el contexto anterior, Meneses es enfático en señalar que “es necesario descomplejizar los instrumentos de apoyo especialmente aquellos que tienen relación con el empleo porque lo que se requiere es tratar de mantener en lo posible los puestos de trabajo”.
Respecto del Salario Mínimo, afirma que “como Asexma hace rato hemos dicho que la definición debe ser más bien a través de una fórmula técnica, quizás un polinomio que consideren indicadores como el crecimiento, sector productivo y tamaño de la empresa entre otros de forma tal que las discusiones ideológicas o políticas queden fuera se cuente con una herramienta objetiva”.
A la vez insiste en que “el acento debe estar en generar y mantener el empleo, ese el “mantra” que hoy día debemos utilizar, dadas las condiciones por la que estamos pasando”.
Liliana Lamperti, presidenta de Corbiobio, indica que “incrementar el salario mínimo en el orden de la magnitud expuesta, en las circunstancias actuales, con una economía en crisis y con prácticamente la generalidad de los establecimientos productivos operando a capacidad reducida, producto de la necesidad de controlar la pandemia puede ser una medida contraproducente, especialmente en el caso de los sectores de la pequeña y mediana empresa, que pueden ofrecer empleos de menor nivel de productividad en este período y que además han sido muy golpeados en esta crisis en particular.”
Para Lamperti la gradualidad podría ser una opción, así lo deja ver al comentar que “ahora bien, si ello se programa para hacerlo paulatinamente en el tiempo esos efectos pueden mitigarse si además se articularan más extendidamente y se mejoran los subsidios para los grupos con escenario más complejo en el mercado laboral, en que se incluyen empresas y trabajadores, como es el caso de las mujeres y jóvenes, siendo estos últimos quienes más dificultades deben sortear para insertarse en el mercado laboral.”
Patricia Palacios Mackay, presidenta de Irade sostiene que “nuestra economía y el mercado laboral viven tiempos extremadamente complejos y esto nos exige ser muy responsables. Aumentar en este contexto el salario mínimo en 80 mil pesos podría ser perjudicial para muchas pymes que con esfuerzo han logrado mantenerse en pie. No debemos olvidar que tres de cada cuatro trabajadores que perciben el salario mínimo trabajan en pymes, las cuales han sido las más afectadas producto de la crisis económica y sanitaria.”
Palacios agrega que “nuestra invitación en el actual contexto que vive la economía es que todas aquellas empresas que puedan aumentar el sueldo mínimo de sus trabajadores, lo hagan sin esperar a que la ley se los exija. Una medida que las compañías más grandes de la Región del Bío Bío han hecho efectiva hace tiempo.”
Humberto Miguel Cerda, presidente de la Asociación de Empresarios de San Pedro de la Paz, Asembio, apunta a que “compartiendo el sentir de los trabajadores de lograr un reajuste tal que les permita tener un ingreso digno, pensamos que hoy no es el momento de traspasar un gran aumento a la Pyme. Hoy son tiempos para la empresa de mantenerse viva por lo que no es adecuado aumentar sus costos en extremos que no se podrían sobrellevar.”
A lo anterior, suma que “pensamos si, que a lo menos el reajuste debe hacerse cargo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y proponemos aumentar el ingreso mínimo garantizado en un mayor porcentaje , de tal forma que el Estado ponga un mayor esfuerzo en el reajuste de los ingresos de los más necesitados.”