Atrasarse con el pago de las deudas asociadas a educación por años trajo negativas consecuencias para los morosos, ya que estos compromisos impagos los arrastraron a Dicom, impidiendo que pudieran optar a créditos de consumo o un hipotecario por encontrarse en estos registros.
Esto cambió a partir de este miércoles 26 agosto de 2020, ya que entró en vigencia la Ley Nº 21.214, conocida popularmente como “Chao Dicom”.
Según explica el abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, esta normativa prohíbe que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, por ejemplo, etapa preescolar o universitaria, ya sea contraída con el banco o directamente con el centro educacional.
Además, establece que se deben eliminar de los registros de morosidad toda la información vinculada a deudas educacionales, pudiendo ser borrados de Dicom quienes mantenían obligaciones impagas en esta categoría.
En total serían 234 mil personas que quedarían sin publicaciones al ser eliminadas de los registros, ya que sólo registran morosidad por deudas en educación y su mora promedio sería $ 443.072 a junio de 2019, detalla un informe de la Comisión de Economía del Senado que fue presentado el 19 de agosto de 2019.
El abogado de Defensadeudores.cl aclaró que aunque ya no se encuentren en Dicom, las personas que tienen deudas en educación siguen manteniendo este compromiso y, por lo tanto, pueden verse expuestas a llamados de cobranza y también a acciones judiciales, siendo demandados por su acreedor.
“En el caso de créditos como el CAE o Fondo Solidario el banco o Tesorería General de la República al iniciar un juicio de cobranza en contra del deudor puede solicitar que sean embargados montos de su devolución de impuestos. De esta manera, todo el dinero que se produzca por este motivo será retenido y entregado al acreedor que corresponda, hasta pagarse la totalidad de lo adeudado”, puntualizó Ibáñez.
Con el objetivo de extinguir esta obligación y otras deudas que ya no les es posible cubrir con sus ingresos, existen casos en que personas se han acogido a la liquidación voluntaria o quiebra, procedimiento que contempla la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley N° 20.720).
En agosto la Corte Suprema, en forma inédita, ordenó eliminar las deudas del CAE y Fondo Solidario de dos mujeres que se acogieron a la liquidación voluntaria y que fueron representadas por el estudio de abogados Defensa Deudores.
En el primer caso, la Corte Suprema ordenó a la Tesorería General de la República (TGR) eliminar una deuda de más de $ 8 millones que la afectada había contraído con un banco para financiar sus estudios universitarios con crédito CAE y que luego pasó a manos del órgano estatal. En el segundo caso, la Corte dejó sin efecto una deuda contraída con la Universidad Austral de Chile por un monto de casi $ 7 millones.
El abogado de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez, explica que -en un hecho sin precedente- la Corte Suprema revocó las decisiones previas de las Cortes de Apelaciones y falló a favor de las deudoras, argumentando firmemente la posibilidad de que quien se somete a la liquidación o quiebra pueda volver a reinsertarse en el mundo económico, laboral y financiero y comenzar desde cero.
El experto añadió que “tras estos fallos, estudiantes universitarios hoy pueden ver una luz de esperanza frente al endeudamiento que los aqueja”.