Proyecto discutido en el congreso dejaría aspectos relevantes sin abordar y respecto de lo que si existe mayor claridad, se le asocian riesgos, como posibilidad de expropiación, alzas en tasas de interés y desincentivar empleos entre otros.
De acuerdo con el análisis de académicos regionales del área económica, laboral y previsión social, la nacionalización de los fondos de las AFP tendría repercusiones negativas en el mercado laboral y financiero, entre otros aspectos.
Benito Umaña, decano de la Facultdad de Ciencias Empresariales (Face) de la Universidad del Bío Bío (UBB), plantea preliminarmente que “es evidente que el actual sistema de pensiones requiere cambios urgentes y estructurales (94% de las personas cree necesario una reforma, según Cadem Dic 2019), cambios que permitan lograr pensiones dignas para las personas. Esto último es el objetivo central y no debemos perdernos en el proceso”.
Por tanto, sigue el decano, “debemos buscar los “mecanismos” que permitan lograr dicho objetivo (Mejores pensiones) y no convertir a dichos mecanismos en el objetivo. Entonces, en mi opinión, la pregunta que debemos hacernos es si nacionalizar los fondos mejorará las pensiones de los chilenos y chilenas”.
De acuerdo con Umaña, “otro elemento que, en mi opinión, complejiza la discusión sobre este tema, es que las personas tienen fuertemente arraigado que los fondos de pensiones son de su propiedad, algo que es correcto ciertamente, y por tanto, nos podríamos enfrascar en una discusión que, como dije antes, nos desvíe del objetivo central, perdiendo tiempo y recursos valiosos”.
En tanto, Andrés Ulloa, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc.) señala que “no encuentro ventajas de hacer esto (Nacionalización de fondos de AFP), solo innumerables desventajas o más bien riesgos de hacerlo”.
En este sentido explica que “tal como se está presentando en el parlamento es más bien una estatización del sistema. Es decir que se eliminarían las AFP y se crearía un sistema estatal que administrará, pero los fondos seguirían siendo de los trabajadores. Pero aún así hay riesgos”.
Ulloa enumera algunas dudas respecto a los riesgos de la nacionalización que tienen que ver con: “Si no hay competencia entre AFP, ¿quién garantiza que estos fondos serán invertidos correctamente en los mercados nacionales e internacionales?. Ello requiere tal vez de una institución independiente como el Banco Central que asegure esto y al menos mantenga tasas de rentabilidad real anual cercano al 5%. Un número menor no sería aceptable”.
En segundo lugar, está la interrogante sobre “¿cómo se garantiza que los fondos no sean expropiados y dejen de pertenecer a los trabajadores?. Cuando los grupos políticos se encuentran con montos de dinero de tal magnitud, esto se transforma en un botín político, que se usa para causas ideológicas. América Latina y Chile tiene una larga historia en esto, por ello se hace necesario alejar lo más que se pueda los dineros de las pensiones del sistema político de turno”.
Un tercer punto para el académico es respecto de que “se corre la tentación de usar los recursos como parte de un sistema de reparto, sistema que ha fracasado en todas partes por la situación demográfica conocida, la gente vive más y los jóvenes son cada vez menos”.
El resto de los aspectos relevantes para el docente de la Ucsc son que “las AFP tienen un gran impacto en la profundidad del mercado de capitales chilenos, su eliminación causará graves daños al mercado financiero y eso hará subir la tasa de interés para todos los chilenos”.
Del mismo modo, “la reputación del país se vería comprometida lo que haría aumentar el riesgo país y con ello los costos de endeudarse internacionalmente, justamente cuando Chile requiere deuda para salir de la crisis. Esto tendría enormes costos para Chile”.
También, indica que “desalentaría el ahorro para la jubilación, especialmente de la gente que más ahorra, ya que el sistema correría riesgo de captura. Esto reduciría el ahorro en la economía y por ende la inversión y el crecimiento futuro”.
Finalmente, indica que “de acuerdo a la legislación chilena toda expropiación implica pagar el valor de mercado por indemnización, lo que será polémico y probablemente termine en juicio internacional”.
Vanessa Elizondo, abogada, Master en Economía Aplicada de la Universidad de Montana, EE.UU. y académica de la Universidad de Concepción (UdeC), coincide en algunos puntos con Ulloa.
“Como está ahora (el proyecto en el congreso), lo primero que afecta al mercado es la incertidumbre que genera este cambio de regulación, lo que también afecta al mercado financiero porque de un día para otro se puede retirar una inyección(de dineros) no menor. Además podría generar problemas con el empleo ya que, qué incentivos tendrá ahora el empleador para contratar trabajadores, porque le va a sumar un costo de un 9%, es decir, se preferirá seguir con honorarios”, señala la abogada.
Otro énfasis lo pone en que “de crearse empleos serían de menor calidad, donde es un 9% más y cada año se sumará un 1%, lo que para una pyme no es menor. En el caso de una trabajadora de casa particular se le deberá sumar a lo que actualmente se le paga, un 9% adicional”.
Elizondo agrega que “hay que revisar cómo responderá el mercado al retiro del 10%, porque si responde a la baja imaginemos lo que puede pasar si retira el 100%, es un colapso que se puede generar. Sin considerar que se retiraría un dinero que hoy sirve para inversión que es finalmente la que crea trabajo y genera ingresos. Para que exista mayor inversión se requieren reglas del juego claras sin cambios a cada rato”.
Francois Etcheberry, abogada, Magister en Derecho del Trabajo y Previsión Social y académica de la UdeC., indica que “el proyecto no necesariamente solucionará el problema de la insuficiencia de las pensiones, porque son otros factores que inciden en este problema. Traspasar el ahorro previsional de las personas al Estado, importa expropiar los fondos de pensiones, sobre todo considerando el arraigado sentimiento de propiedad que hemos visto en la población respecto de los dineros en sus cuentas de capitalización individual”.
Etcheberry apunta además a que “mejorar el sistema no pasa porque el Estado tenga la propiedad de los fondos, sino establecer, en mi opinión, un sistema mixto con un componente solidario y de financiamiento tripartito, cotizante beneficiario, empleador cuando exista y el Estado, en que se combine un ahorro individual y uno colectivo( solidaridad) y además en que el órgano encargado de la administración cualquiera que sea, asuma laresponsabilidad de las pérdidas por la deficiente inversión”.