Ayer los actores relevantes del sector se reunieron en la Intendencia. Allí, se comunicó que se buscará legislar sanciones duras a la extracción indebida y a quienes la comercialicen. Igualmente, advirtieron que una normativa similar a la que hoy rige a la jibia conllevará a desempleos y que los productos podrían “convertirse en basura”.
Los pescadores artesanales de la Región del Bío Bío están preocupados. También, las autoridades regionales, como el intendente Sergio Giacaman y los diputados Leonidas Romero y Gastón Saavedra.
¿Los motivos? Hay dos: la pesca ilegal de la merluza y la futura ley que eliminaría el arrastre, temiendo consecuencias de olas de despidos como ocurrió con la jibia.
Es por ello que ayer, tras una reunión en el cuatro piso del Gobierno Regional, acordaron en unificar esfuerzos para que esto no ocurra.
La primera acción será carta dirigida al ministro de Economía, Lucas Palacios. “Venimos en solicitar a usted pueda informarnos detalladamente de las medidas y acciones dispuestas por el Ministerio que usted dirige respecto de la fiscalización, protocolos y responsables”, dice la misiva.
Esto, porque de acuerdo a antecedentes revelados en el Comité de Manejo de la Merluza, se detalló que en la Región del Maule se habrían pescado 50 mil toneladas anuales, cuando la cuota autorizada corresponde sólo a 3.600.
Dicha situación tiene consecuencias para el país, especialmente en la Región del Bío Bío, donde hay una fuerte fiscalización a las cuotas asignadas.
Se provoca que los precios del producto sean menores, llegado a ofrecerse entre $200 y $300 el kilo, pudiendo ser $500.
De acuerdo a pescadores artesanales, el alcance de estos efectos negativos es desde la Cuarta a la Novena región.
“Lo que pasa es que nadie fiscaliza los desembarques de la Séptima Región. Nosotros, incluso, estamos amenazados de muerte por hacer ver esta realidad”, dijo un hombre de mar, que prefiere mantener en reserva su identidad por temor.
La segunda medida, viene en ayuda de esta tensa situación: un proyecto de ley que será promovido por el diputado Romero, con invitación extendida a Saavedra, que tipificará como delito grave la extracción ilegal de merluza.
“Todos comenten estos delitos sabiendo que son sólo faltas, que no son sancionados”, lamentó Romero.
Por su parte, Saavedra llamó al Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar. “Los que compran son las grandes cadenas de Santiago (y otras partes del país). ¿Y quién fiscaliza eso? Hay un delito clarito: evasión”.
Es por ello que el parlamentario pidió que en el proyecto de ley se incluya a las cadenas logísticas y de venta sanciones fuertes en el caso de avalar la pesca ilegal.
El intendente Sergio Giacaman, en compañía del seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, se comprometieron a dar todo el apoyo a este sector productivo.
Esperan que la extracción ilegal sea subsanada.
“Las exportaciones de merluza común del año 2020 son alrededor de 7.411 toneladas, las cuales un 74% son enviados a Estados Unidos en presentación filete, 18,5% a Alemania como pulpa, 2,7% a Francia como filete y el 5% restante a los países de Corea, Corea del Sur y Bolivia”, precisó Gutiérrez.
De hecho, PacificBlu es la principal empresa que hace envíos al extranjero y llegó hace unos días a un acuerdo con pescadores artesanales de Cocholgüe para comprarles producción, pagando así el precio de mercado.
Igualmente, tanto Giacaman como Gutiérrez, se mostraron reticentes a una Ley de la Merluza.
“Generaría un impacto negativo, de miles de personas que dedican a ello, tanto de la pesca artesanal como de la industria. En el caso que ese proyecto de ley se apruebe tendrá impacto directo para nuestra Región en términos del empleo. Hablamos de 1.800 familias que podrían afectarse”, aseveró Giacaman.
Es por ello que el diputado Romero adelantó que votará en contra de la Ley de la Merluza, para evitar lo ocurrido con la jibia, en que conllevó a desempleos y a que toneladas terminarán como basura, como ocurrió en Lebu.