La iniciativa considera una inversión de $1.938 millones y se encuentra en Mideso para obtener la Recomendación Satisfactoria para el desarme del inmueble, cifra que es más del doble de la inversión que se necesitó para la edificación.
Lo que debes saber
• El Concejo Municipal de Talcahuano aprobó por unanimidad una carta de compromiso para avanzar en la demolición del gimnasio del Liceo A-21.
• La demolición requiere una inversión de $1.938 millones y el proyecto está en evaluación de Mideso para obtener la Recomendación Satisfactoria.
• La concejala Valeria Vargas y la diputada Paz Charpentier impulsan acciones para esclarecer responsabilidades por la fallida obra.
Han pasado 11 años desde que se inauguró el gimnasio del Liceo Bicentenario Almirante Pedro Espina Ritchie (A-21) de Talcahuano, y recientemente se logró la firma de la carta de compromiso del Concejo Municipal de la ciudad que permitirá los fondos FNDR para avanzar en la demolición de la estructura, la cual no pudo ser utilizada desde su construcción.
Desde la municipalidad informaron que el proyecto ya fue ingresado y se encuentra en evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), a la espera de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), requisito indispensable para continuar con su tramitación.
Desde la casa edilicia detallaron que la demolición considera una inversión actualizada de $1.938 millones, monto que incluye el derribo de la estructura y la disposición final de los escombros en un recinto autorizado.
Para concretar este trabajo, el municipio buscará financiamiento a través del Gobierno Regional (Gore), donde “la iniciativa ya es conocida”, aseguraron.
El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, sostuvo que la prioridad de la administración comunal es encontrar una solución definitiva. “Nuestra preocupación está puesta en encontrar a la brevedad una fórmula que permita demoler la actual estructura y avanzar en la formulación de un nuevo gimnasio”, indicó.
La autoridad agregó que realizarán las gestiones necesarias para impulsar la iniciativa, considerando siempre a la comunidad educativa.
Por su parte, la concejala de Talcahuano, Valeria Vargas, explicó que presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), cuya respuesta llegó este año tras aproximadamente 24 meses de tramitación.
“En mi rol fiscalizador de la comuna de Talcahuano, esta es una de las denuncias más importantes que he presentado en la Contraloría y que ha tenido una respuesta”, destacó la edil.
El organismo contralor, según detalló, advirtió que el municipio debía agilizar el procedimiento para abordar primero la demolición y posteriormente la construcción de un nuevo recinto. “Estaba vulnerando el principio de la celeridad; la Contraloría le señala al municipio que debe apurar el procedimiento respecto a la demolición primero y, posteriormente, a la construcción”, indicó Vargas.
A partir de esa respuesta, la municipalidad presentó una iniciativa para demoler y levantar un nuevo gimnasio, en el marco de una postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Para cumplir con los requisitos de dicha postulación, se solicitó una carta de compromiso municipal, documento que fue firmado y aprobado por la totalidad del Concejo durante la última sesión de septiembre.
“Este es un liceo con mucha historia, entonces tiene mucha más importancia lo que ahí ocurre y por qué se dejó esto”, manifestó.
En paralelo a las gestiones municipales para concretar un nuevo recinto, la diputada por la zona Paz Charpentier inició acciones para esclarecer lo ocurrido con el inmueble y determinar eventuales responsabilidades asociadas a los recursos públicos comprometidos en el proyecto.
La parlamentaria contó que se reunió con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Hübner, para abordar los antecedentes del caso y solicitar un pronunciamiento sobre las acciones que podrían corresponder.
El recinto permanece abandonado desde que, en 2015, un peritaje del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile concluyó que los marcos de madera laminada que sostenían la estructura no eran recuperables, debido a deficiencias en su diseño original.
De acuerdo con antecedentes expuestos por Charpentier, el proyecto original tuvo una inversión cercana a los $700 millones, y hoy para demolerlo se requiere más del doble de ese monto. Asimismo, se informó que el diseño de un nuevo gimnasio se encontraba terminado desde junio de 2021, sin que hasta ahora se haya ejecutado la iniciativa.
“Aquí se perdieron cientos de millones de pesos en una estructura que nunca pudo usarse. No puede ser que el Estado, es decir todos los chilenos, pague el error, nadie responda por él y los estudiantes continúen sin una infraestructura educacional adecuada”, señaló.
La congresista anunció que solicitará, mediante un oficio, un pronunciamiento formal del CDE y realizará una presentación ante la CGR con el mismo objetivo, cuyas gestiones apuntan directamente a perseguir responsabilidades administrativas y fiscales.