El subsecretario de Justicia, Luis Silva, durante su visita al Centro de Internación Provisoria y de Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Coronel, abordó temas como las condiciones de seguridad de los trabajadores y los hechos de violencia registrados durante las últimas semanas en el recinto.

En este sentido, comentó que el Gobierno apunta a modificar la permanencia de los jóvenes que se encuentran en proceso en estos espacios. A ello se suma la posibilidad de facilitar el traslado de quienes alcanzan la mayoría de edad a centros penitenciarios, recordando que, como es el caso del inmueble coronelino, su misión es custodiar a menores de edad derivados por fallos judiciales tras compromiso delictual.

Actualmente, explicó Silva, la legislación permite que jóvenes que han cumplido los 18 años sean trasladados a las denominadas secciones juveniles cuando se encuentran condenados. Sin embargo, indicó que esta práctica dejó de realizarse después de la pandemia y que el Gobierno busca recuperarla.

“Nosotros estamos recuperando eso, hay un compromiso explícito por parte de Gendarmería de tener habilitada la sección juvenil en la Región de Ñuble”, señaló, en la línea de que se trata de una idea en evaluación.

Además, Silva afirmó que buscan modificar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y, sobre la situación de seguridad en estos recintos, estableció que requiere atención, considerando episodios que no involucran solamente a internos. Entre ellos, aludió a la retención de un tutor, ocurrida durante la semana pasada, además de otros hechos de violencia.

“Siempre es dramático, pero es una alerta más de que tenemos que cambiar el esquema con el cual el Estado ha estado respondiendo a la responsabilidad penal adolescente”, sostuvo Silva.

En ese contexto, apuntó al proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, normativa que, a su juicio, incide en el funcionamiento del sistema penal juvenil y de los centros donde permanecen los jóvenes.

La medida también se relaciona con las modificaciones que el Ejecutivo ha planteado al estatuto de responsabilidad penal adolescente. Según explicó el subsecretario, algunas indicaciones incorporadas al proyecto buscan entregar mayores herramientas al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil para concretar el traslado de jóvenes que cumplen la mayoría de edad mientras permanecen en estos centros.

Silva sostuvo que el objetivo es generar mejores condiciones para quienes trabajan en el sistema de justicia, considerando que en la zona se concentran distintos organismos vinculados a esta labor, entre ellos el Poder Judicial, la Defensoría, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y Gendarmería de Chile.

Consultado respecto de los cuestionamientos de dirigentes y trabajadores que han calificado al centro de Coronel como el recinto más peligroso del país, la autoridad expresó que “es imposible llegar a esa conclusión, existe una matriz de riesgo, Coronel está dentro de los que requieren más atención. Es objeto preferente de atención”, afirmó.

Inversión y mejoras

Durante la visita, el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, destacó las obras ejecutadas recientemente en el centro de Coronel, entre ellas una inversión de $295 millones destinada a la unidad de separación.

El delegado agregó que durante los últimos seis meses también se han desarrollado otros trabajos relacionados con la infraestructura del recinto, incluyendo la normalización del sistema eléctrico y mejoras en la biblioteca.

Anativia sostuvo que estas intervenciones forman parte de un trabajo que anteriormente no se estaba realizando y que también ha incluido reuniones periódicas con los gremios.

El representante del Ejecutivo en la región planteó que la seguridad y la reinserción constituyen objetivos prioritarios dentro del programa de Gobierno y que ambos aspectos se encuentran vinculados.

En cuanto a la situación de los jóvenes que permanecen en estos centros, Anativia reconoció que existen casos tanto de personas condenadas como de quienes se encuentran en proceso, con situaciones que “se extienden más allá de lo que sería razonable”.

Frente a ello, señaló que el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil mantiene un trabajo coordinado con Gendarmería para abordar estas situaciones.

La seguridad de los funcionarios fue uno de los focos de la visita, luego de los hechos violentos registrados la semana pasada. Al ser consultado por la querella que podría presentarse a raíz de ese episodio, el delegado presidencial indicó que se trata de una materia que está siendo abordada por la Seremi de Seguridad. “Nosotros estamos en coordinación con ellos, y ellos están a cargo de su presentación”, afirmó Anativia.