La medida busca otorgar más tiempo para implementar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, cuyo consejo directivo aún no logra constituirse.
Lo que debes saber
* El Gobierno presentó un proyecto para aplazar del 1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva ley de datos.
* La postergación se debe a los retrasos en la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales, cuyo consejo directivo aún no ha sido designado.
* Pese a la posible prórroga, expertos recomiendan a las empresas e instituciones no detener su preparación y comenzar a auditar desde ya el manejo de la información.
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El Gobierno ingresó este 1 de septiembre un proyecto de ley al Senado que busca postergar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719).
De aprobarse, la normativa que regula la forma en que se recopila, utiliza y almacena la información de las personas comenzaría a regir el 1 de diciembre de 2027.
La principal motivación del Ejecutivo radica en la complejidad técnica e institucional para instalar la Agencia de Protección de Datos Personales, ente fiscalizador cuyo consejo directivo aún no logra conformarse luego de que el Senado rechazara la primera propuesta gubernamental.
El proyecto aprovecha de sugerir modificaciones estructurales a esta Agencia, proponiendo aumentar de tres a cinco la cantidad de consejeros, con dedicación exclusiva e incompatibilidades estrictas, y eliminar el trato preferencial de amonestaciones solo para empresas de menor tamaño durante el primer año.
La abogada Pía Fernández explicó que esta ley impactará a casi todas las organizaciones del país, desde emprendedores y empresas hasta universidades y organismos públicos, entregando nuevos derechos a los ciudadanos.
“El principal problema está en la implementación del ente fiscalizador llamado Agencia de Protección de Datos”, precisó la experta.
Ante este escenario de incertidumbre legal, Fernández hizo un llamado a la acción preventiva, recordando que mientras no se apruebe la modificación, la fecha límite sigue siendo el 1 de diciembre de este año.
“Mi recomendación para la ciudadanía y las organizaciones es no esperar. Empezar por algo tan básico como saber qué datos tenemos, para qué los utilizamos, dónde los almacenamos y con quién los compartimos. Si finalmente tenemos más plazo, que sea para prepararnos mejor”, concluyó.