Ante el rechazo de los reclamos por parte del Comité de Ministros, entidades del Maule y el Biobío mantienen su postura en contra y crítica.
Por Constanza Santander Montorfano
Organizaciones ambientales y territoriales del Biobío y Maule alzaron la voz en relación con el fallo del Comité de Ministros que rechazó los recursos de invalidación presentados contra el proyecto eléctrico Mataquito.
La iniciativa busca conectar las subestaciones Itahue (Maule) y Hualqui (Biobío) y es impulsada por Mataquito Transmisora de Energía (MATE S.A.), filial del grupo español Elecnor.
Sergio Miranda, integrante de la Mesa de Gobernanza de la Cuenca del Río Nonguén, y Héctor Bravo Soto, presidente de Maule Sur por la Vida y parte de la Coordinadora Interregional Libre de Torres de Alta Tensión, calificaron la decisión como una amenaza para los territorios y anunciaron nuevas acciones, entre ellas movilizaciones y una reclamación en la Contraloría.
Para Miranda, la ratificación vulnera la participación de las organizaciones locales: “Nos sentimos amenazados de todas las formas posibles, nos ofende en nuestra soberanía, ya que no han querido hacerse cargo de las reclamaciones del territorio, alterando la democracia local efectiva de las juntas de vecinos, organizaciones sociales y territoriales, y habitantes a los cuales no se les da voz ni tampoco voto”, afirmó.
El dirigente sostuvo que Chile produce tres veces más energía de la que necesita y que su mesa se ha opuesto al trazado desde sus inicios, advirtiendo que el territorio se convertirá “en zona de sacrificio, al igual que el Parque Nacional Nonguén”.
Bravo, en tanto, calificó la ratificación como “una aberración”. Aseguró que el Comité de Ministros desechó los antecedentes entregados por servicios del Estado como la CONAF (Corporación Nacional Forestal), el Consejo de Monumentos Nacionales y el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), que se habían pronunciado por el rechazo del proyecto por falta de evidencia científica que respaldara su instalación.
Héctor además detalló que la iniciativa contempla una afectación de más de 40.000 hectáreas, con un recorrido de 406 kilómetros que cruza 22 comunas, tres regiones y 170 localidades, y cuestionó que el trazado permita a una empresa de capital internacional acceder a terrenos que hoy son propiedad privada de habitantes chilenos.
Ambos dirigentes coincidieron en el peligro para la biodiversidad de Nonguén. Miranda advirtió que existe riesgo “para la vida de toda la cuenca, en las especies que habitan dentro del Parque Nacional Nonguén”, incluyendo especies endémicas del río como el pez carmelita y el cangrejo tigre.
El activista también recordó que el verano pasado se perdieron más de 300 hectáreas en incendios del parque, en lo que definió como “una catástrofe anunciada”, y expresó su temor de que la instalación de las torres derive en episodios similares a los de Penco y Lirquén.
En cuanto a los próximos pasos, Miranda no descartó acciones de presión: “No descartamos movilizaciones de toda índole en defensa de nuestro espacio territorial, incluyendo una reclamación en Contraloría que busque auditar las hectáreas del Parque Nacional Nonguén, ya que se presume estarían extraviadas 153 hectáreas”, señaló.
Bravo, por su parte, indicó que la coordinadora deberá reunirse para definir una nueva estrategia tras el fallo, y adelantó que seguirán siendo parte del proceso de invalidación en tribunales ambientales.
Ambos dirigentes coincidieron en que no ha existido una coordinación real con las autoridades comunales. “No hemos podido coordinar con los municipios, hemos sido excluidos de las conversaciones”, indicó Miranda, quien recordó que en una sesión del concejo de Concepción “las comunidades tuvimos que entrar a la fuerza para dar nuestras opiniones”.
Bravo relató una experiencia similar con la agrupación de alcaldes de las comunas involucradas, donde expuso la magnitud del proyecto sin mayor respuesta de las autoridades presentes.
La Asociación de Municipios Parque Nacional Nonguén, que agrupa a los municipios afectados por el trazado, también manifestó su rechazo al fallo: “No nos toma por sorpresa la decisión; sin embargo, insistimos en que los argumentos expuestos en las invalidaciones administrativas tienen fundamento, ya que persiguen proteger el bien común de los vecinos y de la naturaleza”, señalaron desde la entidad, que confirmó que actualmente se tramitan cuatro causas en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
En la misma línea, la Municipalidad de Chiguayante y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) también cuestionaron la decisión del Comité de Ministros, que rechazó los recursos de invalidación y mantuvo vigente la RCA del proyecto.
Desde ambas entidades apuntaron a los riesgos que el trazado representa para el Parque Nacional Nonguén y su biodiversidad. Asimismo, el municipio adelantó que seguirá actuando de forma coordinada con la AMRBB y que, una vez notificada la resolución, evaluará presentar una reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental dentro del plazo legal de 30 días hábiles. “La postura institucional sigue siendo la defensa del territorio y la búsqueda de un trazado con menor impacto ambiental”, señalaron.