Nuevas formalizaciones se llevaron a cabo en el caso de presunta red de corrupción y tráfico de influencias para favorecer a imputados por narcotráfico y crimen organizado en Los Ángeles.

Este martes la comunicación de cargos, desde la Fiscalía, trató para dos exfuncionarias del Estudio Jurídico Romero & Cortés, el que es indagado por el persecutor, y donde, incluso sus socias propietarias están en prisión preventiva por asociación criminal y otros delitos.

Las nuevas formalizadas tratan de una secretaria y una procuradora. De acuerdo a la jueza del Juzgado de Garantía angelino, Claudia Aguilera, las imputaciones trataron de “delitos de asociación criminal y acceso indebido a la información en carácter de reiterado”.

“El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicaciones respecto de los coimputados (…)”, confirmó la magistrada detallando que se accedió a las cautelares entendiendo que “se hizo hincapié en que en ambos casos el rol que desempeñaban no era de relevancia en cuanto al poder de ejecución que tenían en las supuestas dinámicas delictivas”.

También se formalizó a un tercer imputado por ley de armas quien ya cumple condena por otras causas en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. “Se solicitó la cautelar de prohibición de comunicaciones con coimputados”, explicó la jueza.

Vale recordar que en el caso también son investigados un exfuncionario del Poder Judicial de Los Ángeles y el exdefensor público, Patricio Gutiérrez. De acuerdo al Ministerio Público, en el marco de la investigación que lidera la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, estos están bajo arresto domiciliario.

Además, Gutiérrez es esposo de una de las investigadas e integrante del estudio jurídico.