La normativa promueve una vejez activa basada en fortalecimiento de derechos, aunque su implementación deberá abordar aspectos pendientes surgidos en su tramitación.
El retiro del veto presidencial al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno dejó la iniciativa en condiciones de ser promulgada, cerrando así un proceso legislativo que se extendió por cerca de cinco años. La normativa, ingresada por el Ejecutivo durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, y aprobada por unanimidad en el Congreso, busca establecer un marco general para abordar el envejecimiento en Chile.
La ley propone un cambio de enfoque en la manera en que el Estado se relaciona con las personas mayores, pasando de una lógica asistencial a una basada en derechos. En ese sentido, reconoce a este grupo como sujeto activo dentro de la sociedad, con capacidad de decisión, participación y aporte, en un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población.
Entre sus contenidos, la norma establece la obligación estatal en diseñar e implementar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la coordinación entre distintos servicios, como salud, vivienda y desarrollo social. Asimismo, contempla una serie de derechos específicos vinculados a la autonomía, la dignidad y la no discriminación.
Uno de los ejes que aborda la ley es el ámbito laboral, reconociendo la posibilidad de que las personas mayores continúen trabajando si así lo desean. En ese marco, se promueven modalidades de trabajo flexible y condiciones que permitan compatibilizar la actividad laboral con las necesidades propias de esta etapa de la vida, destacando el rol del empleo como espacio de participación.
Sin embargo, durante la tramitación del proyecto surgieron cuestionamientos respecto de algunos aspectos de su redacción, particularmente en materia laboral. De acuerdo con lo que se planteó en ese momento, desde distintos sectores se advirtió que ciertas disposiciones podían presentar vacíos o ambigüedades que requerían mayor precisión normativa, lo que finalmente derivó en la presentación de un veto por parte de la administración del expresidente Gabriel Boric.
En ese contexto, según se expuso durante el debate legislativo, las dudas apuntaban principalmente a la forma en que estas normas podrían aplicarse en la práctica. En particular, se planteó que, dependiendo de su implementación, podrían abrirse escenarios eventuales de menor estabilidad para personas mayores que optaran por seguir trabajando, especialmente en materias como la continuidad de los ingresos, la regularidad de las cotizaciones previsionales y las condiciones de contratación.
Pese a estas observaciones, el actual Ejecutivo optó por retirar el veto sustitutivo, argumentando que la iniciativa ya contaba con un amplio consenso político tras su aprobación unánime en el Congreso. En esa línea, desde el Gobierno se ha señalado que la ley permitirá avanzar en el reconocimiento de derechos y en la generación de oportunidades para las personas mayores, en un contexto de acelerado envejecimiento de la población.
Así, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof) destacó que la normativa incorpora medidas de protección laboral y promueve modalidades de trabajo flexible, enfatizando que el empleo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo constituye una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación y autonomía para las personas mayores.
“En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una condición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre generaciones”, expresó la ministra del Midesof, María Jesús Wulf, quien además adelantó que la próxima semana se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas, con el fin de informarles sobre los alcances de la medida, y el enfoque que la cartera le dará a su implementación.
Dentro de este escenario, la presidenta de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, Soledad Carvacho, valoró que Chile haya ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aunque enfatizó la necesidad de contar con una ley integral que la complemente y le dé sustento en el plano interno. A su juicio, es precisamente este tipo de normativa la que permite “darle cuerpo” y definir de manera concreta cada uno de esos derechos.
Desde el ámbito experto, el director de Desarrollo de la Fundación Conecta Mayor UC, Fernando Merino, valoró el retiro del veto presidencial, señalando que “por fin se podrá saldar una deuda con las personas mayores”, tras años de tramitación. A su juicio, la norma permitirá contar con “un marco legal respecto a la vejez y el envejecimiento”, aunque advirtió que aún existen “espacios de mejora” que deberán abordarse.
En materia laboral, el especialista evitó hablar de riesgos directos, pero sí marcó un principio clave: “lo fundamental en esta discusión es que no exista discriminación por edad en la esfera de lo laboral”. En esa línea, sostuvo que quienes continúen trabajando “lo deben hacer en un marco de respeto y equidad”, enfatizando además que no deberían existir diferencias en aspectos como el salario mínimo.
Asimismo, recalcó que el verdadero desafío se trasladará ahora a la implementación. “Es esencial que se establezcan plazos claros y concretos para la dictación del reglamento”, advirtió, junto con la necesidad de asegurar recursos adecuados. En esa línea, planteó que se debe evitar “tramitaciones eternas” que terminen retrasando la aplicación efectiva de una ley que ha sido largamente esperada.
Entre las prioridades, Merino apuntó a medidas concretas como el fortalecimiento de la inclusión digital y la generación de espacios de educación continua. “Estrechar la brecha digital de este grupo etario es una necesidad urgente”, sostuvo, subrayando que estos avances son clave para favorecer la autonomía y la integración social en un país que envejece aceleradamente.
A ello agregó que la implementación también abre una oportunidad de fondo: “esta legislación permite tener un espacio consensuado para entrar en discusiones más profundas en materia de vejez”. En ese sentido, enfatizó que la participación de la sociedad civil será determinante para que las futuras políticas públicas se ajusten a la realidad de las personas mayores y no queden solo en el plano normativo.
Para recoger la mirada ciudadana, Diario Concepción intentó establecer contacto con distintas organizaciones de personas mayores. Una de las voces que accedió a opinar fue la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Hualpén, Gladys Araneda, quien valoró positivamente los alcances generales de la iniciativa, aunque supeditó su respaldo a cómo se materialice en la práctica.
En esa línea, advirtió que la experiencia previa con otras normativas genera cautela entre las personas mayores. “Hay que ver las letras chicas, porque es ahí donde a veces nos caemos”, afirmó, reflejando una preocupación extendida respecto de cómo se traducen estas leyes en la práctica cotidiana.
En ese sentido, también reconoció que existe un bajo nivel de conocimiento sobre el contenido específico de la ley en el territorio, lo que da cuenta de una brecha entre la discusión legislativa y la información que llega a las organizaciones de base, que finalmente son quienes experimentan directamente sus efectos.
En paralelo, y con el objetivo de conocer los eventuales alcances de su aplicación en la Región del Biobío, este medio consultó a las oficinas regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) respecto a los énfasis que podría tener su ejecución, así como la forma en que se abordarían las dudas planteadas durante su tramitación, especialmente en materia laboral. Desde el organismo —y entendiendo que la normativa aún no ha sido promulgada— por ahora solo fue posible remitir la información general anteriormente formulada desde el nivel central.
De esta forma, mientras la ley avanza hacia su promulgación como un hito en materia de envejecimiento, el foco comienza a trasladarse hacia su implementación. La forma en que se aborden sus eventuales vacíos, junto con la capacidad de generar confianza en la ciudadanía, serán factores clave para su impacto real.