Academia y sector productivo coinciden en la necesidad de un ordenamiento más robusto. Argumentan que así se evitarían conflictos socioambientales, además de la pérdida de interés en la inversión y confianza en organismos estatales.
Por Montserrat Serra Cárdenas.
El reciente fallo de la Corte Suprema reabrió el debate en torno al proyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.
La resolución del máximo tribunal ordenó que el Comité de Ministros vuelva a pronunciarse respecto a la iniciativa, después de que en enero de 2025 el organismo rechazó su aprobación.
Esta determinación implica que Dominga no queda definitivamente descartado, sino que regresa a la etapa de discusión institucional, en medio de un escenario de alta controversia social, ambiental y política.
La empresa a cargo, Andes Iron, aclara que el objetivo de la instalación, para la extracción de hierro y cobre, es generar empleo, aportar a las comunidades locales y facilitar el acceso a recursos naturales como el agua del mar.
Sin embargo, autoridades y parte de la sociedad civil han criticado la falta de información sobre el impacto que tendría el proyecto en el Archipiélago de Humboldt, que alberga el 80 % de la población mundial de pingüinos de Humboldt, especie en estado de conservación vulnerable.
El proyecto ha sido objeto de una larga batalla legal entre Andes Iron y las autoridades ambientales, con decisiones judiciales que a menudo no satisfacen a ninguna de las partes.
Créditos: Chile Travel.
Para el académico y director del Centro Eula-Chile de la Universidad de Concepción (UdeC), Ricardo Barra, el fallo de la Suprema significa que el proceso no ha concluido.
“Este es un fallo que indica que la decisión tomada por el Comité de Ministros en enero de 2025, de poner punto final al proyecto, no es válida. Indica que el proyecto vuelve a la discusión, pero también hay recursos judiciales pendientes. Entonces la historia continúa”, señaló.
La complejidad del caso, según Barra, radica en la relación entre las evaluaciones técnicas, además de las presiones políticas y económicas en torno a proyectos de gran envergadura.
“Todo esto en un contexto de bajo crecimiento y de discusión sobre lo prolongado de las decisiones del Estado en la revisión de los aspectos ambientales de los proyectos, además de la denominada permisología”, explicó.
Desde el mundo académico se ha advertido también que la calidad de los estudios ambientales que presentan los titulares de proyectos genera trabas en el proceso.
“El sector empresarial ha estado presionando fuertemente al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), pero desde este servicio estatal también indican que la calidad de los estudios que se entregan presentan muchas deficiencias”, aclaró el director del Centro Eula.
Uno de los aspectos que ha marcado el debate sobre Dominga es su localización en un área considerada ambientalmente sensible, cercana a ecosistemas costeros y marinos de alto valor. Para Ricardo Barra, este punto es fundamental para comprender la controversia.
En esa línea, sostuvo que el país debería desarrollar una política más clara de ordenamiento productivo, que establezca qué áreas pueden ser utilizados para diferentes actividades productivas, industriales, de infraestructura, de conservación, etc.
Desde el mundo empresarial, la discusión se centra en los efectos que las decisiones judiciales prolongadas pueden tener sobre la inversión y la competitividad del país.
Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de Producción y del Comercio (CPC) Biobío, advirtió sobre los riesgos que genera este tipo de incertidumbre.
“Cuando los proyectos se ven entrampados en procesos judiciales prolongados, no solo se detiene la inversión, sino que también se debilita la confianza internacional en Chile. Desde la CPC Biobío, creemos que la certeza jurídica es clave para proteger nuestra imagen país y seguir siendo un destino competitivo para el desarrollo sostenible”, señaló.
En relación con la evaluación ambiental, Ananías planteó que es necesario garantizar procesos estrictos, pero también eficientes.
“En la CPC Biobío promovemos una evaluación ambiental rigurosa, técnica y transparente. Creemos que es posible compatibilizar el cuidado del entorno con el impulso a la inversión”, contó Ananías.
Añadió que “no se trata de elegir entre desarrollo y sustentabilidad, sino de avanzar con reglas claras, procesos eficientes y una evaluación ágil que otorgue certezas al inversionista”.
El presidente de la CPC Biobío ejemplificó con el territorio regional, en donde conviven industrias forestales, portuarias y energéticas. En esa experiencia, identifican aprendizajes para la discusión nacional sobre Dominga.
“La Región del Biobío sabe de convivencia industrial. Estas han aprendido a dialogar con las comunidades y el medio ambiente. Las industrias están en permanente innovación, agregando valor a sus productos y siendo competitivas a nivel mundial”, indicaron de la Cámara.
El abogado ambiental, Óscar Reicher, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UdeC, planteó que el conflicto en torno a Dominga no corresponde a una superposición de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, sino a un diseño institucional que no ha logrado evitar la judicialización permanente.
“Sí se trata de un caso especial en el que el diseño definido por el legislador para resolver este tipo de conflictos carece de mecanismos eficaces para evitar la judicialización permanente. El reciente fallo de la Suprema tampoco contribuye, pues esta vez opta por no entrar al fondo del tema y se centra en cuestiones propias de la procedencia — o no — de los recursos interpuestos”, explicó.
En cuanto a la excepcionalidad del caso, Reicher sostuvo que existen antecedentes de proyectos con procesos judiciales extensos, aunque estos son minoría. “Se han dado otros proyectos que han enfrentado una judicialización extensa. Pero igualmente representan una minoría si tomamos la gran cantidad de proyectos que ingresan a evaluación ambiental”, señaló.
El especialista advirtió que, si bien la prolongación de los conflictos puede debilitar la inversión, no se deben eliminar los mecanismos de defensa de las comunidades.
“Una institucionalidad ambiental fuerte es una que, ante la presencia de conflictos, tiene mecanismos de resolución eficaces y eso implica reconocer que los proyectos pueden afectar derechos de otros que deberían tener la posibilidad de reclamar”, señaló.
Créditos: Greenpeace.
Uno de los puntos de fondo, según Reicher, es el uso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta de ordenamiento territorial, lo que genera tensiones estructurales.
“El problema de fondo es que, ante la ausencia de un ordenamiento del territorio y de una planificación más robusta, los conflictos emergen en el SEIA”, indicó el abogado.
Para entender esto, hay que tener en cuenta que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se creó en la década del 70 en EE. UU. “Se hizo para un aspecto muy específico: evaluar los impactos ambientales de un proyecto. No para ordenar el territorio”, indicó el académico.
Reicher recalcó que en Chile persiste la creencia de que el SEIA define la viabilidad territorial de los proyectos. “Hoy, si un proyecto se puede o no construir en una ciudad depende del Plan Regulador Comunal (PRC), que elabora la Municipalidad”.
El abogado añadió que está la creencia generalizada que es en el SEIA donde se toma la definición. “Esto es un error que se viene arrastrando en Chile desde que se creó la institucionalidad en 1994”, afirmó.