El plan para el nuevo sistema promete modernización y mejor conectividad, pero operadores locales aseguran que no poseen respaldo económico para competir en el concurso.
Después de diversos intentos de una necesidad que parecía estancada, el transporte público de Lota y Coronel finalmente entrará en una etapa decisiva. Es que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) publicó las bases de la licitación que definirá el nuevo sistema para estas comunas- además de Concepción y Talcahuano-, una medida que promete cambiar de raíz la forma en que se desplazan más de 170 mil personas en el sur del Biobío.
El proceso, tal como está detallado, contempla la incorporación de 80 buses de alto estándar: 50 eléctricos para los tramos Lota–Concepción y Lota–Talcahuano, y 30 diésel destinados al servicio Colcura–Concepción.
De acuerdo con el cronograma oficial, la adquisición de bases se extenderá hasta el 30 de septiembre, con cierre de consultas fijado para el 14 de octubre, respuestas el 12 de noviembre y presentación de ofertas entre el 12 de noviembre y el 3 de diciembre.
Asimismo, la apertura técnica está programada para el 3 de diciembre y la económica para el 19 de enero de 2026. La evaluación se extenderá hasta mediados de febrero y la adjudicación se proyecta para el primer trimestre de 2026, mientras que la entrada en operación se espera para el último trimestre del mismo año.
El pliego técnico fija diversas condiciones para el parque de buses de la zona. Cada máquina deberá contar con cámaras de seguridad, GPS, aire acondicionado, wifi, cargadores USB, accesibilidad universal, sensores de puntos ciegos y validadores para el pago electrónico.
Además, los vehículos deberán adscribirse al sistema como “bienes afectos” de la Ley 18.696, lo que implica que sólo podrán destinarse a este servicio y quedarán bajo supervisión directa del ministerio, junto con terminales y centros de carga.
En materia financiera, los operadores deberán constituir sociedades en Chile con un capital mínimo pagado de 16.400 UF ($647 millones 570 mil 400) en el caso de los servicios eléctricos y 6.700 UF ($264 millones 556 mil 200) para los diésel, además de presentar boletas de garantía por hasta 3.200 UF ($126 millones 355 mil 200). El contrato tendrá una vigencia de 96 meses prorrogables por dos años, y el financiamiento se estructurará a través de la tarifa pagada por los usuarios más un subsidio estatal, con un máximo anual de $9 mil 213 millones reajustable.
En paralelo, el MTT adelantó que los buses actualmente en circulación serán redistribuidos para reforzar otros servicios urbanos y rurales en las provincias de Concepción y Arauco.
El concurso abrió un nuevo escenario para los operadores históricos de Lota y Coronel. Aunque el MTT presentó la licitación como un paso hacia la modernización, en el sector persiste la sensación de que el proceso deja a las líneas existentes en un terreno incierto, sobre todo porque deberán competir con eventuales nuevos oferentes que contarán con un esquema de financiamiento y subsidios definidos por el propio Estado.
Un escenario de esta magnitud no solo pondría en riesgo la continuidad de empresas tradicionales, sino también la estabilidad laboral de numerosos conductores y trabajadores vinculados a la locomoción pública, aseguran desde el sector.
El representante legal de la línea Expresos del Carbón, Gaspar Guzmán, señaló que su empresa no tiene ninguna opción de competir en las condiciones actuales, cuestionando que la licitación no haya dado espacio a los prestadores de servicio que han operado durante décadas en la zona.
“Estamos hablando de casi 150 buses que tienen que irse una vez que lleguen los nuevos”, sostuvo. A su juicio, se trata de un “borrón y cuenta nueva” que no reconoce la trayectoria de los operadores históricos.
Guzmán advirtió además que este cambio golpeará directamente a propietarios endeudados por la compra reciente de buses. “De un 100 % de prestadores de servicios, doy firmado que el 50 % está con deuda en el banco”, dijo, agregando que las máquinas actuales no podrán integrarse al sistema y deberán ser vendidas.
“Aquí hay un daño en cesantía, un daño al emprendedor, un daño a la persona que se compró hace un año un bus”, recalcó. En paralelo, reconoció que algunos operadores han planteado acciones legales para revertir el escenario, pero con escasas expectativas.
Del mismo modo, su par de la línea Playa Blanca, José Beltrán, planteó que las condiciones fijadas en las bases dejan a los operadores históricos en una clara situación de desventaja frente a empresas de mayor capital.
Según explicó, la inversión requerida es “millonaria”, lo que en la práctica abre espacio a compañías externas con respaldo financiero, mientras las líneas locales —conformadas en gran parte por extrabajadores del carbón y sus familias— quedan con mínimas posibilidades reales de competir.
Beltrán sostuvo que, aunque están haciendo esfuerzos por participar, el capital mínimo exigido y la necesidad de renovar completamente la flota los sitúa en desigualdad de condiciones. “La autoridad dice que nosotros tenemos ‘todas las de ganar’, porque conocemos el servicio, pero la desigualdad es tremenda”, afirmó.
Al igual que otros dirigentes, recordó experiencias recientes en comunas como Tomé, donde se permitió la continuidad gradual de las máquinas, y cuestionó por qué en Lota y Coronel no se aplicó un criterio similar. “Estamos de acuerdo con renovar, con buses eléctricos, con mejoras, pero también tiene que haber una consideración hacia quienes hemos sostenido el transporte de la zona”, señaló.
El representante advirtió además que la licitación puede implicar la “muerte” del servicio local, con el consiguiente impacto en conductores y trabajadores. Si bien valoró que el subsidio estatal podría cubrir de manera inédita los costos de operación, recalcó que los beneficiados serían principalmente nuevas empresas.
Por su parte, Daniel Rivera, representante legal de Sotral S.A., coincidió en que las condiciones fijadas en las bases de la licitación resultan inalcanzables para los operadores históricos de Lota y Coronel.
“El capital exigido es inalcanzable. Antes se podía comprar un bus de 50 o 60 millones; era difícil, pero alcanzable”. “Ahora hablamos de cifras que ningún banco prestará a pequeñas empresas que solo han vivido de su esfuerzo físico y económico”, aseveró.
A su vez, criticó la falta de gradualidad, recordando que en Concepción y otras comunas se permitió renovar flota de manera progresiva. “Nosotros podríamos haber jugado con plazos de dos o tres años para adecuarnos, pero aquí piden todos los buses nuevos de inmediato (…). Esto es mera propaganda política, pues perfectamente podían haber esperado hasta fin de año para conversar mejor”.
Consultados ante el pesimista panorama que plantean las líneas, desde la Seremi de Transportes del Biobío consignaron estar recabando los antecedentes necesarios para dar una respuesta ante la posibilidad de que no aparezcan oferentes locales que cumplan las condiciones. Dicha respuesta podría darse en las próximas horas.
Taxibus Lota-Coronel | Foto: Carolina Echagüe M.
Ahora, por el contrario —desde un punto de vista más alentador—, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, sostuvo que la licitación tendrá un impacto “total y absolutamente positivo” para la zona.
A su juicio, se trata de una transformación largamente esperada, pues “han transcurrido más de 30 años para que el único territorio que no tenía transporte licitado, que es el sur del Biobío, pueda finalmente contar con este sistema”.
Chamorro destacó que la llegada de buses eléctricos no solo permitirá modernizar la flota y reducir la contaminación, sino también mejorar la calidad del servicio. “Después de tres décadas, la electromovilidad llegará al sur del Biobío. Eso es un avance considerable al desarrollo, a la descontaminación, pero sobre todo a mejorar el servicio”.
Respecto a la reducción de la flota, el jefe edilicio relativizó los efectos negativos y enfatizó que el nuevo modelo fomentará empleos con mejores condiciones. “Esto va a potenciar y a fomentar el empleo, sobre todo en poder tener contratos regulados para los conductores de estos 80 microbuses”.
“Esperamos también que un grupo importante de ellos sean mujeres, jefas de hogar que puedan desarrollar este servicio”, añadió.
El alcalde agregó que el impacto debe mirarse de manera integral, considerando la articulación con otros proyectos de transporte en curso, e hizo un llamado a los servicios locales a no marginarse del proceso.
“Espero que los actuales empresarios se puedan unir detrás de este proceso. Ojalá postulen y sean parte, para que así tengamos un servicio licitado con electromovilidad, seguro, de calidad y digno”, concluyó.