Congreso analiza propuesta en medio de escándalo en el sistema público. Parlamentarios de la zona reaccionaron con matices ante la iniciativa.
por Bruno Rozas Hinayado
Las recientes noticias por el uso irregular de licencias médicas en el sistema público ha reactivado la discusión sobre los límites y atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR).
La contralora, Dorothy Pérez, ofició al Senado con una solicitud concreta: que se tramite un proyecto de ley que permita a la entidad que dirige contar con mayores herramientas para fiscalizar y sancionar.
Durante una sesión especial realizada en la Cámara Alta, Pérez argumentó que existen vacíos legales que dificultan el rol de la Contraloría en la fiscalización del aparato estatal. A su juicio, estos vacíos impiden actuar con mayor eficacia frente a casos de corrupción y negligencia en la función pública.
Entre las propuestas presentadas, la contralora destacó que la renuncia de un funcionario no debería extinguir su responsabilidad administrativa ante posibles irregularidades cometidas durante su gestión. Además, planteó que la CGR pueda aplicar directamente sanciones una vez finalizados los sumarios, sin depender de otras instancias administrativas.
La autoridad también pidió acceso a bases de datos estratégicas para la labor fiscalizadora, incluyendo información bancaria, estados de cuenta y antecedentes financieros de las entidades bajo su supervisión.
Desde la Región del Biobío, senadores locales reaccionaron ante la propuesta, destacando su relevancia, aunque con matices respecto a su implementación. El senador de Evópoli, Sebastián Keitel, valoró la iniciativa y sostuvo que se requieren cambios estructurales para enfrentar la corrupción en el país.
“Necesitamos una Contraloría fuerte, con mayor financiamiento y atribuciones para enfrentar la corrupción. No puede ser, por ejemplo, que hoy no puedan acceder a las cartolas de gastos de los servicios públicos. Eso permitiría vigilar el patrimonio de estas instituciones y cuidar los recursos que son de todos los chilenos y chilenas”, señaló el parlamentario.
Por su parte, el senador (UDI) por el Biobío, Enrique Van Rysselberghe, expresó su respaldo a la petición de la contralora. “Creo que la solicitud realizada por la Contralora Nacional Dorothy Pérez al Senado para tener mayores atribuciones que le permitan a la CGR fiscalizar y sancionar con aún más efectividad parece ser necesaria y urgente a luz del escándalo de las licencias médicas en el sector público”, afirmó.
Agregó que están disponibles para avanzar en las reformas necesarias, comentando que “estamos abiertos para avanzar en la discusión de distintos proyectos de ley que permitan a la Contraloría tener mayores atribuciones de fiscalización y modificar las actuales leyes que regulan a los trabajadores del sector público para que puedan ser sancionados de forma efectiva cuando cometen una irregularidad. Considero que definitivamente llegó el momento de dar esta discusión en el Congreso y avanzar en la mejora de las atribuciones de la Contraloría, a la vez que revisar las leyes que regulan a los trabajadores públicos”.
En tanto, el senador socialista por el distrito 20, Gastón Saavedra, planteó la necesidad de un debate más profundo y equilibrado. “Habría que debatir y, a partir de un diálogo democrático, saber cuáles son las facultades que ya están obsoletas y cuáles son las que debemos adecuar a estos tiempos”, comentó.
Saavedra añadió que también es necesario velar por la transparencia del propio órgano fiscalizador: “Lo mismo que es buscar mecanismos para saber y controlar qué pasa al interior de esa institución, no solamente custodiar, sino saber quién puede custodiar a la Contraloría”.