La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el registro realizado durante las vacunaciones contra el Covid-19, en 2022 y 2023, en el marco de la campaña efectuada por el Ministerio de Salud (Minsal).
Durante la investigación, la CGR reveló que el Registro Nacional de Inmunización (RNI) presentaba 18 mil 132 anotaciones de vacunas provenientes de 91 lotes o partidas de producción, que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento, alcanzando lapsos de hasta 903 días de diferencia entre las fechas de caducidad de la dosis y la de vacunación. En el caso de la Región del Biobío son 2.011 inoculaciones.
Otro de los hallazgos dio cuenta de que en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) del Ministerio de Salud se registraron 436 casos de inoculaciones de vacunas COVID-19, con el RUN de personas fallecidas. Respecto de ello se verificó que algunos corresponden a equivocaciones en el ingreso de datos y otros a registros de vacunaciones de ciudadanos extranjeros indocumentados, desconociéndose la identidad de las personas efectivamente inmunizadas. La Subsecretaría de Salud Pública tendrá un plazo de 60 días hábiles para acreditar las correcciones efectuadas en el Registro Nacional de Inmunización, respecto de los 436 registradas con Run de personas fallecidas.
La CGR encontró, además, inconsistencias entre los registros de recepción y de ingreso de vacunas en las Seremi de Salud. De acuerdo con la revisión realizada a los registros de movimientos de inventario de las Seremi, las distribuciones programadas por el Departamento de Inmunizaciones del MINSAL y el registro de movimientos de inventario del sistema de control de stock, se constató que las Seremi de Salud de Taparacá, O’Higgins, Maule, de Los Lagos, Aysén y Magallanes, ingresaron al sistema de control un total de 341.082 dosis menos que aquellas informadas por las mismas entidades como recibidas.
Por otro lado, en marzo de 2024 desde la División de Prevención y Control de Enfermedades del Minsal se indicó que, conforme al cálculo efectuado posteriormente, el total de vacunas vencidas entre 2021 y 2023 ascendió a 2.947.189. Esto, aunque la Contraloría en la misma fecha estableció que las vacunas vencidas eran en total de 3.214.565.
La Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la falta de monitoreo y detección de registros de vacunación con RUN de personas fallecidas; por la falta de verificación y vigilancia en la seguridad de las vacunas, así como del monitoreo y detección de registros de vacunación con dosis vencidas; del registro erróneo de inoculaciones con dosis que exceden su vigencia por descongelamiento.
Elizabeth López, jefa del Departamento de Inmunizaciones del Minsal, dijo “valorar el trabajo desarrollado por la Contraloría General de la República, que auditó los procesos relacionados con la gestión de vacunas covid-19, entre los años 2022 y 2023”.
López destacó que antes de la auditoría de la Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública había instruido una auditoría interna al Programa Nacional de Inmunizaciones a fines del año 2023, “que derivó en la reestructuración de dicho departamento; la creación de nuevas unidades especializadas y la actualización de manuales y procesos”.
Respecto al informe del ente contralor, la jefa de Inmunizaciones destaca que “las principales observaciones se relacionan con los sistemas de registro, particularmente, en el ingreso de datos al Registro Nacional de Inmunizaciones que se realiza en los vacunatorios, incluyendo registros de vacunación asociados al RUT de personas fallecidas y el registro de uso de dosis supuestamente vencidas; ambas cifras, por debajo del 0,1% del total de dosis administradas”.
“Ambas situaciones se explican por errores de digitación al momento de ingresar la información en el sistema a nivel local, en el contexto de alto volumen de personas vacunadas en las campañas”, enfatizó la respuesta del Minsal.
Ante ello, el Ministerio de Salud “ha adoptado diversas medidas correctivas, entre las que destacan: el fortalecimiento de las capacitaciones a los equipos vacunadores, sobre el uso adecuado del Registro Nacional de Inmunizaciones; la instrucción a la red asistencial para reforzar los controles en el ingreso de datos; la mejora progresiva del sistema informático para reducir de errores; y la revisión y corrección sistemática de registros inconsistentes”.
Asimismo, Lopez destacó que los hallazgos del informe “no reflejan deficiencias en el manejo de la cadena de frío ni en la seguridad con que se manejan las vacunas, los depósitos de vacunas e inmunoglobulinas, ni en la red asistencial del país”.