Tras años de espera, autoridades y gremio penquista valoraron su aprobación. Las medidas regirán 30 días después de publicarse en el Diario Oficial
Por Hugo Ramos Lagos
Luego de casi ocho años desde la aprobación de la Ley EAT, la Contraloría ratificó el reglamento que regulará a plataformas como Uber, DiDi o Cabify. La norma exigirá seguros, registro de vehículos y entrega de datos del servicio, lo que, según autoridades regionales, permitirá fiscalizar con mayor facilidad y mejorar la seguridad de los pasajeros.
Según estimaron, el avance marcaría un hito en la relación del Estado con plataformas digitales, al establecer por primera vez un marco legal que define obligaciones concretas para las empresas, sus conductores y vehículos, luego de casi una década operando sin regulación formal.
Sobre su aplicación definitiva, el reglamento comenzará a regir dentro de un plazo de 30 días posterior a la publicación en el Diario Oficial. A partir de entonces, las empresas deberán inscribirse en un registro nacional y cumplir con los nuevos requisitos legales.
En detalle, la norma establece que las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) deben demostrar que sus vehículos cuentan con un Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), así como otro seguro que cubra hasta 500 UF en caso de pérdida total del móvil.
Sobre el estado de los autos, se indica que aquellos que estén inscritos por primera vez no deben sobrepasar el año de antigüedad; sin embargo, estos podrán ser reemplazados por otros que no superen los tres años. Además, los autos ya operantes podrán seguir circulando en el servicio de transporte de pasajeros hasta cumplir 12 años.
Por otro lado, se exige que, al momento en que un usuario acepte viajar a través de las respectivas aplicaciones, ésta tendrá que proporcionar todos los detalles de la ruta final, así como información completa del conductor y el vehículo que realizará el servicio.
En la misma línea, las plataformas deberán compartir con el conductor los datos relevantes sobre el pasajero, y los choferes no podrán aceptar nuevos viajes en medio de un servicio.
Finalmente, las apps deben disponer de datos detallados sobre cada viaje, tales como la duración, los destinos y la tarifa final, los cuales serán entregados al Ministerio de Transportes para su supervisión.
Sorprendido por la aprobación del reglamento, el presidente de la Asociación Gremial de Taxistas del Biobío, Richard Montecinos, recordó que todo sucedió a raíz de las presiones del gremio taxista hacia el Ministerio de Transportes. “Ya nos habíamos demorado mucho en tramitar la ley, pero faltaba el reglamento para echarla a andar”.
“Lo recibimos con optimismo, porque como gremio, al menos en Concepción, ya firmamos un acuerdo de colaboración con Uber. Nos adelantamos un poco a esa regulación y vimos que era factible trabajar y usar la plataforma que ellos tienen condicionada, al nosotros estar con autos legalmente inscritos”, añadió.
En referencia a la afectación que sufrirán los conductores de aplicación, Montecinos estimó que la medida les va a afectar mucho, pues “va a salir todo aquel que tenga un auto que no corresponda, al igual que nosotros”.
“Al final es lo mismo; si yo quiero operar mi taxi, no puedo llegar con un citycar, tengo que llegar con un auto en las condiciones que el Ministerio exige. Entonces se les va a poner la misma regla, pero está bien regular hacia arriba y no hacia abajo”, expresó.
Asimismo, el dirigente gremial se mostró positivo sobre la fiscalización. De hecho, aseveró estar agendando una reunión con la jefatura de fiscalización en Concepción, con el objetivo de abordar los procesos de control.
“Se tardó demasiado, la ley salió en 2017, estamos hablando de casi 8 años, pero finalmente salió y estamos celebrando. Ahora tocará adaptarse y buscar cómo trabajar, pues ya empezamos el acuerdo colaborativo con Uber”, concluyó.
Para el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la aprobación de la norma cierra un largo proceso técnico, pues “no sólo regula una modalidad que ya existía en los hechos, sino que establece estándares de seguridad y reglas similares a otros modos de transporte”.
Muñoz también destacó que esta regulación pone a Chile “a la vanguardia” en la región, al integrar la tecnología en el ecosistema de la movilidad formal. Inicia así una nueva etapa en la relación entre el Estado y las plataformas tecnológicas, con foco en la seguridad, transparencia y equidad normativa.
En paralelo, el seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Biobío, Patricio Fierro, comentó que “en primer lugar, el primer paso de la Ley EAT va en el sentido de mejor seguridad y calidad del servicio para un modelo que ya operaba de facto, pero que ahora lo hará con reglas claras”.
Ahora bien, más allá del plazo de 30 días, Fierro confirmó que se incluirá un periodo donde las empresas podrán incorporar datos para acelerar el poblamiento de conductores y vehículos.
“Es precisamente este paso el que ya queremos iterar con todas las empresas interesadas en sumarse a la brevedad al proceso, a fin de ir agilizando una puesta en marcha tan esperada, tanto por conductores como por los propios usuarios”, subrayó.
Por último, destacó que la nueva ley facilitará la fiscalización al contar los vehículos y conductores de las EAT con un sello distintivo y un código QR único, lo que permitirá acceder a información relevante del servicio.