Se inició un sumario y el alcalde penquista pidió a la Fiscalía celeridad en la indagatoria.
Una denuncia ante el Ministerio Público, y un sumario en la Municipalidad de Concepción inició el alcalde Héctor Muñoz, posterior a recibir una comunicación escrita que indicaba sobre la supuesta venta de licencias falsas de conducir en su institución.
“Esto se tiene que investigar a fondo, por eso designé como fiscal al director jurídico y la idea es que los mecanismos por Ministerio Público sean lo más rápido posible, porque aquí también tiene que ver la integridad de cada uno de los funcionarios que, obviamente, están en el municipio y en la Dirección de Tránsito”, indicó el alcalde Muñoz.
La persona a cargo de la entrega de licencias durante el tiempo de se sitúa la denuncia (desde diciembre de 2024) fue apartada de sus funciones para asegurar un correcto proceso investigativo. Por lo tanto se está trabajando con una subrogancia.
Sobre la atención al público, desde la casa edil afirman que sigue funcionando con normalidad.
El alcalde señaló que “un sumario siempre es un proceso interno del que no se puede dar detalle hasta que se termine”. Sin embargo, manifestó como preocupación el resguardar la presunción de inocencia de los funcionarios.
“En todo proceso administrativo, el fiscal puede determinar una suspensión de funciones. No es culpabilidad, pero sí puede determinar para que la investigación se lleve de buena manera, en este o en cualquier caso, suspender funciones para que se investigue de la mejor manera”, afirmó Héctor Muñoz.
En tanto, Marcelo San Martín, abogado y profesor de la Escuela de Derecho Administrativo de la Universidad de Concepción, explicó que “la presunción, si el alcalde dispuso la instrucción de un sumario, es que son funcionarios municipales los que habrían participado de la entrega (licencias falsas). El sumario administrativo está destinado a determinar la responsabilidad administrativa. Y como consecuencia del sumario se le pueden aplicar medidas disciplinarias que van desde una censura hasta la destitución, dependiendo la gravedad de los hechos”.
En el caso de la investigación a través del Ministerio Público. “Eventualmente si hay antecedentes, por qué formalizar a funcionarios, la pena habría que verla en función, una vez que se conozca cuáles son los delitos que se están imputando”, indicó el abogado.
“Me imagino que hasta en este momento todavía no tienen nada claro, porque hay que ver ahí cómo ocurrieron los hechos, cuál fue el grado de participación, si es autor directo, si es cómplice, si es un encubridor”, indicó y explicó que el delito sería falsificación de instrumento público.
En cuanto a si cabría alguna responsabilidad al alcalde en ejercicio en el momento de ejecutados los hechos, el académico contestó que “eventualmente, lo que primero que se piensa es que haya un control jerárquico, y que faltó un control jerárquico. Pero en mi opinión no alcanza la responsabilidad al alcalde”.
“Además, la responsabilidad administrativa se extingue cuando la persona deja de servir el cargo y el alcalde ya dejó de servir el cargo en noviembre”, expuso Marcelo San Martín.