Sebastián Maldonado, director regional del área, explica que el Gobierno busca acelerar procesos administrativos para posibles deportaciones de inmigrantes irregulares.
Una priorización y aceleración del proceso de expulsión pretende el Gobierno respecto de los inmigrantes irregulares de nuestro país. Así lo explica Sebastián Maldonado, director de Migraciones de la Región del Biobío.
Esto respecto a quienes no han ingresado al proceso de empadronamiento iniciado el 11 de julio del presente año, el cual tiene como objetivo saber cuántos son los extranjeros en situación irregular y qué hacen en nuestro territorio. A partir de él, pueden presentar argumentos laborales y/o familiares para avanzar en la regularización. En caso contrario, serían deportados.
Y es que hace unos días el presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Fortalecimiento de Control Territorial Focalizado donde, entre otras cosas, se busca un control migratorio y búsqueda de extranjeros con orden de expulsión vigente y extranjeros en situación irregular no inscritos en el proceso de empadronamiento.
En la instancia, señaló que “a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aun cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve”.
De acuerdo con Sebastián Maldonado, “lo que anuncia el presidente es que quien no se empadrona no está de acuerdo con la normativa chilena y, por lo tanto, se van a iniciar los procedimientos administrativos de expulsión”. En simple, “o se empadronan o se van”, añade.
Así es como entonces se va a priorizar a aquellos que no hicieron el empadronamiento para terminar sus cursos administrativos y, eventualmente, materializar las expulsiones. Si bien esto legalmente estaba determinado, Maldonado detalla que no necesariamente habían sido iniciados los procedimientos, por tanto, se pondrá celeridad a partir de las declaraciones del jefe de Estado.
“De igual forma, con las modificaciones realizadas a la ley 21 mil 325, hoy se agilizó el proceso de inicio de expulsión administrativa para quienes ingresen a Chile por un paso no habilitado ya que son notificados inmediatamente por PDI, sin necesidad de esperar que Sermig les envíe la notificación del inicio del procedimiento”, comenta.
Sin embargo, la autoridad regional de Migraciones hace énfasis en que existen pasos a seguir en la normativa legal chilena, por lo que las expulsiones no son de rápida ejecución. “Hay que entender que el ingreso por paso no habilitado no es un delito, es una falta administrativa. Y la falta administrativa tiene, por supuesto, una eventual sanción, que tiene que venir precedida de un procedimiento administrativo (…) Cualquier persona que habita en Chile, independiente de su nacionalidad, tiene derecho a un debido proceso. Eso implica que esa persona puede defenderse, interponer recursos administrativos o aportar argumentaciones”.
La fundadora de la Organización de Venezolanos en el Biobío, Marcia Campos, se mostró sorprendida por el endurecimiento en las palabras del presidente Boric. “Ha llamado mucho la atención de parte de todos cada tema que toca con respecto a los inmigrantes, porque ya está autorizada la salida, ya está autorizada también por Venezuela, el ‘Vuelta a la Patria’ que están llamando ahora”, indicó.
Campos dice que el problema está en que “con anterioridad había como un perfil y se decía que todo aquel inmigrante que haya entrado por caminos irregulares se le iba a hacer una regularización, pero obviamente tenías que cumplir con que estuvieras empadronado”.
Según informa Migraciones, el proceso iniciado en julio cierra el 31 de diciembre. No obstante, la representante de la comunidad venezolana acusa que “son muchos los que quedaron sin empadronarse ya que cerraron el sistema en noviembre. Y esto era hasta que terminara este mes, o sea, no se siguieron dando oportunidades a los inmigrantes para que pudieran buscar una cita”.
Pese a no tener una cifra exacta de cuántos extranjeros irregulares no han podido llevar a cabo el curso legal en Biobío, Francia Campos asegura que como agrupación están recurriendo a entidades como la Corporación de Asistencia Judicial para recibir asesoría legal.
“Hoy la situación se está viendo más crítica porque están generalizando a todos. Todo aquel que aún estando empadronado pero que no tenga los requisitos que exige el gobierno, cosa que obviamente está en todo su derecho, va a ser expulsado”, complementa.
El director de Migraciones en la Región, Sebastián Maldonado, da cuenta que en Chile se han empadronado más de 130 mil personas desde el comienzo de la aplicación de esta política.
En Biobío, específicamente, son “alrededor de 9 mil personas, de un total de 10 mil 400 inscritos habilitados”. Estos últimos corresponden a quienes tienen más de 18 años, ingresaron a Chile hasta el 30 de mayo de 2023 y se inscribieron de forma voluntaria en el proceso.
Por último, como las deportaciones se ordenan desde el nivel central, no existe una cantidad local establecida de personas expulsadas o que podrían ser adheridas a esa decisión.