Alcalde dice que Servicio de Vivienda y Urbanismo “no ha cumplido” con desalojo. Organismo espera acciones desde casa comunal, mientras que vecinos buscan beneficios “para no quedar en la calle”.
Compras ilegítimas de departamentos tomados se registran en Villa Futuro, específicamente en los edificios declarados inhabitables tras el terremoto de 2010.
Es que por estos días ha vuelto la idea de desalojar el sector, tal como ocurrió con el Lote 7 de Mirador del Pacífico de Talcahuano; y en este contexto es que ahora se conoce que hay casos de residentes que compraron los departamentos a terceros. Todo esto de manera irregular.
Sara, quien vive en uno de estos inmuebles reconoció que “compré un departamento en $400 mil, a una persona que previamente se lo había tomado. Todo esto es de Serviu, ellos tienen los papeles”.
Sobre la situación puntual de los departamentos que deberán ser destruidos, Bárbara Orrego, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Futuro, confirmó que quienes viven ahí “todos son ocupantes. No hay ningún propietario. Los últimos fuimos nosotros, quienes ahora vivimos en 15 casas que están construidas a un costado de los edificios. Viví 20 años ahí, desde 1994”.
A esto se suma, naturalmente, ninguna de las personas que las habitan poseen títulos de dominio ni escrituras.
Desde 2022 autoridades planifican construir cuatro conjuntos habitacionales para los cuatro comités que están participando del plan, el que se construiría en un terreno baldío ubicado en plena villa.
Pero para eso, primero, todos los actores concuerdan que es necesario demoler lo ya existente. Quienes todavía están en departamentos tomados esperan beneficios habitacionales para vivir mientras se realizan las nuevas obras.
“Nosotros, lo que solicitamos, es que nos den un subsidio de arriendo o algo para vivir en otro lugar cuando se haga la demolición y mientras dure la construcción del proyecto. Ojalá se construya pronto, porque nosotros lo único que queremos es vivir mejor. Por eso también estoy juntando ‘platita’ en una libreta para poder tener algo con qué pagar un lugar más adelante”, relata Sara, quien añade que “las autoridades no quieren escuchar lo que pedimos”.
Andrea Leiva, presidenta del Plan Urbano Habitacional Villa Futuro, dice que están a la espera de la demolición del edificio 3445, que debería ser en los próximos días. Los restantes serían derribados, según señala, entre julio y agosto de 2024.
“Los del block a demoler obtuvieron beneficios habitacionales para que salieran. Creo que todas esas familias salieron, y pueden optar a comprar una vivienda usada”, afirma.
A su vez, indica que existe un amplio número de familias que no tiene situación regular por diversos aspectos, además de personas extranjeras. Todas estas no califican para obtener beneficios desde las autoridades.
“Nosotros teníamos entendido que, después del operativo de la PDI, iba a venir inmediatamente la demolición, cosa que no se ha cumplido por parte del Serviu”, señala el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas.
Esto porque en el histórico conflicto habitacional de Villa Futuro se lidera, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), un programa habitacional para reubicar a las familias y demoler los actuales blocks. Y es dicha institución también la dueña de los terrenos y edificios.
Cabe recordar que en esa esa población existen departamentos que datan desde hace décadas, pero fueron declarados inhabitables por el mencionado organismo tras el terremoto de 2010.
La autoridad ha demolido torres desde aquel entonces y entregado soluciones habitacionales para decenas de familias, pero todavía quedan seis en pie, las que han sido tomadas por nuevas personas.
El pasado 16 de septiembre, la Policía de Investigaciones llevó a cabo un megaoperativo que dejó 26 detenidos por delitos asociados al narcotráfico
Luego de eso, el alcalde cuestionó el actuar del Serviu. “El operativo de la PDI sacó a gran parte del tráfico y delincuencia que había en el lugar pero, por la demora en la demolición, se han vuelto a hacer otros focos de delincuencia”, expresa Antonio Rivas.
Además, el jefe comunal asegura que el organismo les puso como condición para demoler que la Municipalidad entregue lugares para que los vecinos eventualmente desalojados puedan estar.
“No tenemos ninguna facultad para pagar arriendos u otorgar albergues. Quien tiene que otorgar albergues es el Serviu, la Gobernación en caso de emergencia o el Ministerio de Vivienda para arriendo transitorios”, afirma.
El Servicio de Vivienda y Urbanismo, la directora María Luz Gajardo, responde que “para poder realizar proyectos habitacionales en ese mismo espacio, es necesario proceder a la restitución administrativa de esos paños y los inmuebles que en ella se encuentran. Lo que estamos haciendo es realizar las coordinaciones con todos los servicios públicos -Delegación Presidencial, Carabineros, Municipalidad, Ministerio del Interior- que deben participar de una acción complicada desde diversos aspectos, intentando cautelar los derechos de todas las personas”.
Y añade que “en ese mismo territorio estamos trabajando en un Plan Urbano Habitacional y tenemos una mesa de trabajo donde se han incorporado los comités organizados y el municipio. Entendemos la dificultad, que las acciones no son fáciles y requieren coordinación, pero es la única manera de construir viviendas para los comités y las familias que llevan tiempo trabajando en conjunto”.