El cambio climático es uno de los principales factores a considerar, además del tipo de suelo y la incorporación de los servicios ecosistémicos a la urbanización de los territorios. Otra crítica es la falta de vinculación entre la información de riesgo existente y la normativa.
Numerosas son las aristas a mejorar en la legislación actual en materia de planificación de territorio para evitar inundaciones como las de esta semana, según exponen expertos académicos.
La planificación de riesgo, la incorporación de servicios ecosistémicos a la construcción urbana, normativas que desactualizadas dado el cambio climático y la falta de consideración de los costos que implica una mala planificación, son algunas de las críticas que realizan investigadores en la materia.
La directora del Grupo de Estudio Multiamenaza Biobío, vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, Dra. Edilia Jaque, señaló que “consideramos que la legislación vigente, que fundamentalmente es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, está quedando obsoleta con sus normativas”.
La normativa pide hacer una zonificación de esos riesgos y poner las zonas de riesgo como dibujo sobre el plano, explicó Jaque. “Pero la ley no permite que sólo con eso se prohiba construir. Y entonces lo que dice la ley es que esa zona está definida como riesgo y es responsabilidad del inmobiliario o del que gestiona la construcción mitigar ese riesgo o esa amenaza”, indicó Jaque y agregó que si un empresa va a construir una población de 50 casas, las obras de mitigación se limitarán a esa construcción y no se considera que los procesos naturales como una inundación son mucho más dinámicos y sistémicos.
“Entonces, requiere revisión la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en lo que son los estudios fundados de riesgo. Y la mayoría de los instrumentos de planificación territorial están obsoletos en todo el país. Y para dar un ejemplo muy local, el Plan Regulador de Lota es del año 1983”, apuntó y añadió que no se puede esperar 50 años para realizar un plano regulador y hacer estudios de riesgo, actualmente eso debiera ser mucho más dinámico.
“Entiendo que con el nuevo reglamento que va a salir del Senapred y todas las municipalidades tendrán que tener sus propios mapas de amenazas” afirmó y mencionó que en ese sentido la Facultad de Arquitectura y Urbanismo está desarrollando una propuesta para un diplomado de manera de ofrecer a los municipios y a los gestores territoriales una formación para comenzar a construir mapas de amenazas, y aprender cómo se van a aplicar las normativas asociadas a esta nueva ley y esta nueva institucionalidad que es el Senapred.
En cuanto a la aplicación que hace el Estado en esta normativas de la información proveniente de la academia, Edilia Jaque señaló que “diría que es lenta, sólo cuando ocurrieron los incendios se armó una mesa de trabajo que ha tenido una reunión”.
Desde su punto de vista, el Dr. en Ciencias Ambientales, Octavio Rojas y académico de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro Eula de la UdeC, estableció que “cuando construimos en áreas que en general son poco aptas, como puede ser un humedal, un lecho de un río, una ribera muy cercana a un río, áreas de dunas, tarde o temprano tenemos que entender que esto va a tener consecuencias negativas para las personas que habitan esos espacios”.
Lo anterior, significa que se pueden realizar otro tipo de usos dentro de esos espacios, por ejemplo, un uso transitorio como un uso deportivo o recreativo. El problema fundamentalmente es con las viviendas. “Y ejemplo de eso tenemos en nuestra región: la urbanización que se ha realizado en las dunas de San Pedro de la Paz, las construcciones sobre el relleno en Rocuant-Andalién, en los Batros de San Pedro de la Paz, en zonas de Arauco, que fueron fuertemente afectadas por el terremoto. Y obviamente en las riberas de los ríos, en las llanuras de los ríos, en el caso de Hualqui, en el río Andalién, en el estero Bellavista”, detalló Rojas.
De aquello deriva que el peligro que se genera por la urbanización en esos espacios debe costearla el Estado, invirtiendo cifras millonarias en la recuperación de viviendas y además en obras para controlar inundaciones, explicó el académico y agregó que “si observamos lo que ocurre dentro de nuestra región, hay comunas que en materia de planificación urbana tienen sus planes reguladores, muy desactualizados, son muy antiguos y no cuentan con estudios de riesgos recientes o que puedan zonificar bien el problema para evitar las construcciones dentro de los sectores”.
En los casos en que los municipios cuentan con estudios de riesgo más actuales, según el doctor en Ciencias Ambientales no siempre se incluyen en la planificación territorial. “Y esa cuestión ya es una decisión local, ahí tenemos el primer problema. Entonces, una cuestión que quede netamente a decisiones de carácter local pueden derivar muchas veces que el riesgo o las zonas de inundación no se incorporen de forma adecuada los instrumentos”, indicó y añadió que en el área rural el desafío es aún mayor, porque en el área rural los planos reguladores no pueden regular el uso del suelo, dentro de esas áreas hay una carencia de planificación territorial.
“La gran pregunta es ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo hacia adelante? Vamos a continuar con un modelo de urbanización que es altamente perjudicial a los ecosistemas o vamos a proteger estos ecosistemas para que nos brinden beneficios en pos de los desastres”, observó Octavio Rojas.
En tanto, el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y doctor en Planificación e Ingeniería en Transporte, Juan Antonio Carrasco, afirmó que es fundamental incorporar de forma explícita el factor riesgo en la planificación territorial. “Tomo las palabras de la Ministra de Medio Ambiente en el sentido en que hemos logrado normativas mucho más sólidas respecto a riesgo sísmico, tenemos que incorporar estos aprendizajes para hacer normativas más sólidas y más estrictas en nuestros mecanismos de ordenamiento territorial para incorporar el riesgo de inundaciones u otros riesgos”, señaló.
Al igual que el académico Octavio Rojas, Montalva comentó que incorporar los riesgos a las normativas genera ciertos costos económicos, pero lo importante es ponderar que también hay ganancias asociadas a la necesidad de incorporarlos en el territorio. “Van a haber actores que ciertamente ya no van a poder hacer lo que hacían anteriormente en términos del desarrollo inmobiliario o del desarrollo de la ciudad”, refirió.
Además es importante incluir la mirada del cambio climático, por ejemplo en el Plan Regulador Regional que está en revisión. “Esa visión objetivo del territorio, ha incorporado generalmente una mirada, a mi modo de ver, con un énfasis primordialmente en el desarrollo económico y social”, aseguró y agregó que también es importante la integración del territorio con servicios ecosistémicos.
“Esto no es solamente un riesgo mirado al punto de vista de una amenaza, sino que también en términos de mirar cómo los ríos, cómo los humedales y los servicios ecosistémicos que tenemos en las ciudades son necesarios de integrar en nuestro instrumento de planificación, porque no son una suerte de enemigo o traba al desarrollo. Todo lo contrario, por ejemplo los humedales son mecanismos que nos permiten tener una mejor resiliencia frente a eventos de esta naturaleza”, estableció Montalva.
El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a esta materia y señaló que “el Presidente, Gabriel Boric, planteó la necesidad de poner en cuestión el tener una fiscalización mucho más dura de donde se construye se planifica el desarrollo urbano”.
“Tenemos desafíos que son la gestión de las ayudas tempranas y hay dos desafíos adicionales que con Senapred, rediscutir la gobernanza en materia de labores preventivas y el segundo en la gobernanza en los proceso de reconstrucción”, estableció Monsalve.