Alcaldes de ciudades afectadas por contaminación industrial redactaron norma que busca avanzar en la recuperación y restauración medioambiental de sus territorios.
Abandono por parte del Estado y estar a merced de las transnacionales extractivistas es lo que viene denunciando Coronel desde hace años, pues reciben directamente la contaminación de las centrales termoeléctricas presentes en la zona, y si bien Bocamina I dejó de funcionar en diciembre de 2020 y Bocamina II hará un cese definitivo en mayo de este año, según confirmó Enel Generación en octubre de 2021, las consecuencias para la población son irreversibles, acusó el alcalde Boris Chamorro.
Lo anterior, puesto que, serían varios los niños afectados por materiales pesados en la sangre (niños de metal). Se habla de 60 afectados, con arsénico, plomo y níquel, lo que podría derivar en cáncer, a lo que se suman trabajadores afectados de fibrosis pulmonar, a causa del asbesto y familias que sufren de asma. “Realidad que no se puede volver a repetir en Coronel”, precisó el jefe comunal.
En esa línea, esta semana Chamorro fue parte de la reunión de alcaldes de zonas de sacrificio, denominado “Primer Encuentro de Zonas de Resistencia Medioambiental”, junto a los alcaldes de Huasco, Quintero, Puchuncaví, Mejillones y Tiltil. La última ofició de sede, con el fin de generar una iniciativa popular de norma para ser presentada a la Convención Constitucional, escrito que fue trabajado por los jefes comunales, los equipos jurídicos y de medioambiente de los mencionados territorios.
En el encuentro los jefes comunales comentaron las problemáticas que aquejan a sus territorios y acordaron propuestas comunes, que les permitan avanzar en la recuperación y restauración medioambiental de sus comunas, puesto que, ha sido una demanda histórica para las ciudades golpeadas por la excesiva industrialización.
“En el caso de Coronel, es la zona de sacrificio más grande del país. Esperamos que exista una política de restauración ambiental y se avance en materia de ley que nos permita tener impuestos verdes para poder iniciar un proceso de restauración ambiental y que dejen de existir este tipo de zonas”, explicó el alcalde Boris Chamorro.
En esa línea, el jefe comunal comentó que la norma entregada ayer a la Convención Constitucional va de la mano con la descentralización ambiental que esperan sea prioridad en el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, y de la nueva Carta Magna que se está redactando.
“Esperamos que la norma establecida junto a las comunas presentes en esta reunión se haga ley y sea parte de la nueva constitución, porque no queremos más zonas de sacrificio”, enfatizó Chamorro.
Por su parte, el alcalde de Tiltil y anfitrión de este encuentro, Luis Valenzuela Cruzat, señaló que llevan varios meses trabajando con los alcaldes de las comunas en resistencia medioambiental para unir fuerzas y buscar soluciones en común, ante la grave situación que las vecinas y vecinos deben soportar, por causa de la contaminación.
“Esperamos que vecinos como en Montenegro, Rungue, Quintero, Puchuncaví y Coronel, no tengan problemas de salud y no vean mermada su calidad de vida producto de un sistema económico que prioriza los capitales de las industrias versus la calidad de vida de las personas. Este es el primero de muchas jornadas de trabajo para la recuperación ambiental de nuestros territorios”, sostuvo el alcalde Valenzuela.
El escrito redactado por los alcaldes de los territorios en resistencia medioambiental, fue presentado durante la mañana de ayer a los y las constituyentes Tatiana Urrutia, Daniel Stingo, Marco Arellano, Jorge Baradit, María Rivera y Bernardo de La Maza.
En cuanto al detalle de la propuesta, se solicita que “el Estado debe garantizar la gestión ambiental descentralizada, regional y comunal, mediante mecanismos y la destinación de recursos atingentes a la realidad territorial, incluyendo los gravámenes asociados a las actividades”.
También se señala que, “el Estado es garante activo de la preservación de la naturaleza como soporte vital, incluyendo la protección del medio ambiente y asegurando el desarrollo sustentable en la actividad económica, debiendo trabajar mancomunadamente para el logro de estos fines”.
Asimismo, “el Estado deberá garantizar el acceso a la justicia socioambiental, reconociendo y reparando el daño ambiental, asegurando la participación de los grupos intermedios”.
Posterior a la visita a la Convención Constitucional, el grupo de alcaldes se trasladó hasta la llamada “Moneda chica”, lugar donde se encuentra trabajando el próximo gobierno.
En la instancia sostuvieron una reunión con el diputado Giorgio Jackson, quien comentó que junto con los nombramientos a las primeras autoridades, que se darán a conocer la próxima semana, se elegirán a las autoridades regionales, las que serán puestas a favor de las comunidades.
“Cumplir, es precisamente lo que nosotros esperamos hacer”, sentenció el diputado Jackson.