La Contraloría declaró inconstitucional el Decreto n°249, con el que el Ejecutivo pretendía mantener a las Fuerzas Armadas en labores de prevención de delitos en las provincias que componen las Macrozona Sur.
De acuerdo al escrito, que contenía la firma del presidente Sebastián Piñera, del ministro del Interior, Rodrigo Delgado y de Cristian de la Maza como ministro de Defensa (s), se buscaba que la Armada y el Ejercito apoyaran a las autoridades civiles y policiales en situaciones “que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo”, en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.
Además, se establecía que las FF.AA “no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, como el Poder Judicial y Ministerio Público”.
Para la Contraloría, las Fuerzas Armadas sólo pueden trabajar de forma excepcional junto a las policías en controles migratorios.
A contar de hoy, las Fuerzas Armadas ya no estarán desplegadas en el país, a raíz del término del Estado de Excepción.