A un año y medio de desatada la crisis sanitaria en el país, entendidos en infancia dieron a conocer devastadores indicadores que dan cuenta que, si el Estado no interviene, se verán incrementados los índices de pobreza en el futuro.
La pandemia de Covid-19 ha calado hondo al interior de las familias chilenas, afectando no sólo a los adultos, sino que en gran medida a los niños, niñas y adolescentes, quienes han retrocedido en varios indicadores, lo que podría generar una compleja realidad futura, si no se toman medidas de corto plazo y se mantienen en el tiempo.
Si el Estado no invierte en ellos desde sus primeros mil días, se podría generar un impacto en ellos y en el futuro desarrollo del país, opinan expertos. En ese sentido, es necesario abordar materias como: trabajo infantil, deserción escolar, salud mental y violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Estas realidades han experimentado un aumento desde 2020, lo que ha derivado en cuadros de ansiedad, problemas de socialización, irritabilidad, intentos de suicidio, entre otros problemas, coinciden entendidos en infancia.
En base al informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, la agencia de Naciones Unidas para la infancia dio a conocer que 160 millones de menores estaban forzados a trabajar a inicios de 2020. Es decir, 8,4 millones más que cuatro años antes. Proyecciones que, a causa de las medidas de austeridad y otros factores tras la llegada de la Covid-19, podría aumentar en 46 millones más.
“En el caso de nuestro país, las estadísticas de trabajo infantil están fuera del marco de ley y sólo está normado entre los 15 y los 18 años, siempre y cuando ellos sigan en el colegio, y trabajen una cierta cantidad de horas, pero la gran parte no está regulado”, indicó el vocero y gerente general de Fundación San Carlos de Maipo y experto en problemáticas de infancia, Marcelo Sánchez.
Explicó que se habla de más de 190 mil niños que trabajan en Chile, de los cuales cuatro mil están en las peores formas, principalmente ligados a la explotación sexual comercial.
“Si bien estas cifras son mayores en la Región Metropolitana, que concentra más del 60%, en Biobío se habla de un 15%, lo que no es menor, sobre todo en mercados informales, como ferias y comercio no establecido, expuestos a riesgos físicos y emocionales”, dijo el experto en infancia.
A juicio de Sánchez, las cifras han ido al alza durante la pandemia, donde la crisis sanitaria va a generar un aumento de los niveles de pobreza en alrededor un 20%. “Eso llevará que el trabajo infantil se pegue un aumento significativo, lo que va de la mano con la deserción escolar, situaciones de riesgo importantes, que podrían derivar en índices delictivos o el consumo problemático de drogas y alcohol, ante la exposición de riesgo”, argumentó.
Según datos del Ministerio de Educación respecto a la deserción escolar, mientras que en 2020 se contabilizaban más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema educativo, en 2021 se sumaron cerca de 40 mil estudiantes que no se matricularon en ningún establecimiento, de los cuales 53% corresponde a hombres y un 46% a mujeres.
“A largo plazo traerá un costo para el país de 6,4 puntos del PIB, lo que es alto y es un aliciente para que el Estado invierta en programas de retención escolar y reingreso educativo. Todo lo que se invierta es costo eficiente y logrará que no se tenga que hacer enormes gastos futuros, precisamente porque ese grupo de personas que desertan en un futuro tendrán menos recursos, no pudiendo acceder al mercado laboral, aumentando las tasas de desempleo”, sostuvo el gerente de San Carlos de Maipo.
En cuanto al trabajo específico que se debe hacer, Sánchez detalló que “es imperante que se adopten los currículos en los establecimientos para recibir a los que están fuera del sistema escolar, por lo que es necesario hacer políticas de soportes, como apoyo terapéutico o de psicopedagogos, para que vuelvan a estudiar”.
La inmigración ilegal es otro de los factores que se debe regular, en favor de los menores de edad provenientes de otros países del cono sur. “Por su condición irregular, tienen miedo de aparecer en la política pública. Entonces, es muy difícil catastrarlos fuera del sistema educativo. Ellos, al ser pesquisados, terminan o terminarán en un centro de protección, donde hemos visto un aumento los últimos años. Los que no, al no asistir a escuelas, terminan mucho más expuestos a redes de explotación sexual o de microtráfico”, sentenció Sánchez.
En cuanto a Salud Mental, los niños en edad preescolar, de prekínder a escolares de cuarto año de enseñanza básica, están en una situación crítica. Así lo destaca el estudio realizado por académicas de Medicina de la Universidad de Chile, denominado “Impacto en la Salud Mental de Preescolares y Escolares Chilenos Asociado a la Cuarentena por Covid-19”, donde parte de las conclusiones detallan que un 60% se ha sentido más irritable o enojado que antes; el 40% tiene menos tolerancia a la frustración; y un 30% tiene problemas para dormir, lo que antes no ocurría.
“Tenemos claridad que se deberán hacer grandes esfuerzos en estas generaciones para que no se afecten de manera desproporcionada a aquellos que tienen mayor grado de vulnerabilidad. Hoy tenemos más evidencia que la Salud Mental ha empeorado en los grupos más vulnerables y parte de esto tiene que ver con la falta de contacto real, porque el celular no tiene todos los patrones de comunicación que se necesita para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, analizó la psicóloga y también miembro del Observatorio de Parentalidad de la Universidad de Concepción (UdeC), Karen Oliva.
La profesional UdeC añadió que “en el caso de las cuarentenas esto se vio más agravado, ya que no fue lo mismo cumplirla en una casa amplia con jardín, que en un espacio hacinado, sin poder salir a tomar aire o sin saber si se tendrá comida en el almuerzo o la cena. Por ello, el aspecto económico también repercute en su salud mental”.
En ese sentido, la psicóloga destacó que es relevante retornar a las escuelas, de lo contrario es difícil que se puedan detectar estos problemas y derivar a los servicios de salud.
“La pandemia alteró la interacción con los pares, hoy a más de un año de pandemia y con el retorno, vemos las consecuencias que dejó el 2020, ya que aumentó las consultas en Salud Mental, sobre todo en temas de: ansiedad, depresión, problemas de conducta, frustración y baja en el rendimiento escolar”, reconoció.
Asimismo, “se ha visto un retroceso en la socialización, como en dificultades en el apetito, sueño y falta de ganas en las cosas que les gustaban e incluso aumentó las conductas suicidas”, acotó la psicóloga UdeC.
En cuanto al último punto, evidenciado por la psicóloga Oliva, Marcelo Sánchez complementó que “en nuestro país cada dos días muere un niño por suicidio y en pandemia ha crecido la tasa de intentos, lo que es delicado, porque principalmente están relacionados con drogas y alcohol. En Chile, 17 mil de ellos tienen este problema, por lo tanto, el acceso a tratamiento psicológico es fundamental, sobre todo, porque a causa de la pandemia las atenciones en el sistema público se redujeron a la mitad”.
Otro de los problemas que trajo consigo la pandemia fue el retroceso en el lenguaje de los niños en etapa preescolar, lo que dificultaría a largo plazo la necesidad de socialización con los demás.
“Para contrarrestar eso, los jardines infantiles, salas cuna y modalidades no convencionales cumplen un rol importantísimo como espacio de contención emocional, de socialización, de aprendizajes y, esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de los vínculos más importantes para los niños y niñas y su familia, posicionándolos, así como un factor protector para su calidad de vida”, aseveró la directora de Integra Biobío, María Bélgica Tripailaf.
Según datos de Carabineros, durante 2020 se recibieron más de 22 mil llamados en su línea de orientación para la violencia intrafamiliar, “Cenco Familia 149”. Un cifra muy por sobre los 9.701 llamados en promedio recibidos entre 2015 y 2019.
“El fenómeno en el aumento de las llamadas, se debió a los avances en el Paso a Paso y el proceso de vacunación, que mejoró las condiciones para poder denunciar, donde tres de cada cuatro llamados son por VIF contra menores de edad y materia de abuso sexual este año marcó un 17% de incremento en los reportes”, dijo Marcelo Sánchez.
El Estado debe terminar con las políticas reactivas y donde el desafío presidencial es fundamental, para quien asuma, implementando soluciones de prevención social a largo plazo para terminar con todo tipo de vulneración hacia niños, niñas y adolescentes”, concluyó.