Seremi de Salud, Héctor Muñoz, enfatizó en que la población restante será citada en su momento. Jefa de Salud pública, Cecilia Soto, especificó que proceso será paulatino, para así no colapsar el sistema.
En la jornada de ayer se dio a conocer la autorización por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), de la vacuna elaborada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, convirtiéndose así en la tercera inyección autorizada en el país, luego de Pfizer/BioNTech y la china Sinovac.
La aprobación de emergencia, según precisó el director del ISP, Heriberto García, se aprobó para mayores de 18 años y pese a que tiene una eficacia del 64%, frente al 95% de Pfizer/BioNTech y el 78 % de Sinovac, Chile ya encargó una remesa de 6.000.000 de dosis.
Respecto a la llegada de esta tercera vacuna, que busca ayudar a frenar los casos positivos de Covid-19 (los cuales ayer alcanzaron los 278 positivos en el Biobío, con 2.746 casos activos y que ha cobrado la vida de 1.010 personas), el seremi de Salud, Héctor Muñoz, dijo que la efectividad se verá después de la segunda vacuna.
“La vacuna AstraZeneca que fue aprobada por el ISP, fue aprobada para personas mayores de 18 años y consiste en dos inoculaciones, la segunda a los 28 días y cuya efectividad se vería reflejada en los 15 días posteriores”, explicó.
Sin embargo, en cuanto a la Sinovac que llega este fin de semana y que comenzará a ser implementada desde el primero de febrero, la jefa de Salud Pública, Cecilia Soto indicó que “serán vacunadas los funcionarios de residencias sanitarias, como también Eleam, Sename y personal de Salud”.
Soto aclaró que “este es un proceso paulatino y que el resto de la población también será vacunada”.
En cuanto a que Sinovac fue aprobada por el ISP hasta personas de 59 años, el seremi Muñoz comentó que “no es que haya problemas con las personas mayores de 60, pero fue lo que determinó el ISP en esta primera etapa, pero luego que se vea la efectividad, será implementada en adultos mayores”.
Si bien la vacunación es relevante, también lo es la responsabilidad de la población para evitar nuevos contagios. En ese sentido, Muñoz enfatizó en que “se están fortaleciendo los equipos de fiscalización, los cuales han sido exitosos, lo que ha sido ayudado por el fono denuncia de las tres provincias, con el apoyo de las policías y un dron, lo que ha sido efectivo”.
Respecto al análisis de las dos semanas de cuarentena en la zona, Muñoz señaló que “hemos visto una disminución de los casos, pero es información preliminar. Es por ello que, además de las fiscalizaciones desde las 9 horas del jueves implementaremos puntos de control, junto a las policías, Fuerzas Armadas y personal de salud en todos los accesos a la Región, por dos semanas, con horarios aleatorios de 12 horas”.
En cuanto a la falta de camas críticas que experimenta la Región del Biobío, el seremi Héctor Muñoz explicó que se había reconvertido camas críticas, llegando a 252 en UCI y 127 en UTI, dejando 24 y 37 de ellas disponibles, lo que equivale al 10% y 29% de disponibilidad respectivamente.
“Es importante reiterar que la red cuenta con esta alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma Región u a otras del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 256, 74 de ellos disponibles, que equivale al 29%”, añadió Muñoz.
Tras un trabajo investigativo del OS-9 de Carabineros, un sujeto fue detenido luego de detectarse que comercializaba Salvoconductos y Permisos Únicos Colectivos obtenidos a través de la Comisaría Virtual, ingresando claves de distintas empresas de Concepción y la Región Metropolitana.
La maliciosa acción, realizada por el prevencionista de riesgos, entre los meses de agosto y diciembre de 2020, permitió generar 3.500 documentos falsos, obteniendo una ganancia de más de $17.500.000, puesto que vendía cada permiso a $5.000 o más, a través de Facebook, Messenger y WhatsApp.
El Intendente Patricio Kuhn valoró el trabajo del OS-9 y condenó la acción del detenido, ya que, a su juicio, al lucrar con la pandemia se pone en riesgo a la población.
“Me parece miserable que haya personas que en estos tiempos de pandemia puedan beneficiarse económicamente engañando al sistema”, sentenció.
Además, adelantó que el equipo jurídico de Intendencia presentará una querella por uso malicioso de instrumento público e infracción al artículo 318 del Código Penal, sin perjuicio del sumario sanitario que iniciará la Seremi de Salud.