Las últimas declaraciones del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, no fueron bien recibidas. La autoridad nacional aseguró en entrevista que “un niño con riesgo de ser abusado en su hogar, tiene que poder ir a la escuela”; frase interpretada por el Colegio de Profesores como una evidente presión para volver a clases a toda costa.
“Hay una ansiedad y presión para regresar a clases, con argumentos tan bajos como acusar que en las familias vulnerables se abusa de niños y niñas”, afirmó en declaración pública el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar.
Pero la pregunta clave apunta a la factibilidad de retomar las clases presenciales en 2020. Y contrarios a la intención del gobierno, representantes de los profesores y comunidades educativas aseguraron que resulta inviable. Y no sólo por motivos sanitarios.
Boris Figueroa, presidente local del Colegio de Profesores, aseguró que “no están dadas las condiciones económicas ni de sanitización para hacer un reingreso a clases”.
Pero además, “no están dadas las confianzas con el ejecutivo, partiendo por la cantidad de fallecidos por Covid-19. Y los apoderados tampoco van a arriesgar a sus hijos e hijas. Frente a eso, ¿quién se va a hacer responsable si hay contagios o muertes? Recaerá sobre los profesores. Y ni siquiera hay protocolos hechos para el retorno”.
Andrés Carter, presidente de la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Bío Bío, RedCol, asegura que el retorno debe mirarse con cabeza fría.
“Hay que ir paso a paso mirando las condiciones, pues se puede arriesgar un rebrote. No queremos encontrarnos con problemas en las comunidades. Por ejemplo, qué pasa con los profesores que tienen mayor edad o enfermedades de base, cómo van a llegar al colegio. Hay que pensar en esos casos y hoy no están dadas las condiciones”, reiteró.
A pesar de ser el organismo encargado de la educación municipal, el Servicio Local de Educación Pública, Slep Andalién Sur, dejó en manos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación la vocería oficial sobre el retorno a clases.
El seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, aseguró que el retorno es prácticamente un hecho, pues aunque las condiciones sanitarias obliguen el aprendizaje remoto, “eso no significa que no podamos anticiparnos y planificar un retorno seguro, gradual y flexible para retomar el trabajo presencial”.
Para ello, se autorizó a los sostenedores municipales a redestinar los Fondos de apoyo a la educación pública (FAEP) para la mejora de infraestructura, higiene y seguridad. Lo mismo, para el uso de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, lo que ya estaría en curso.
“Las 33 comunas reciben FAEP, las 33 comunas tienen establecimientos con SEP, y están trabajando en iniciativas para compras e intervenciones menores de infraestructura. Ya debieran estar anticipando estos procesos porque la orientación es que la gran mayoría de estas medidas deberían aplicarse para el 2021”, aseguró.
Solo restan algunas directrices. “Prontamente se enviarán orientaciones más detalladas para implementar operacionalmente cada una de las medidas de protección y de seguridad en los recintos”, cerró la autoridad.