El acuerdo firmado con el Ministerio de Salud beneficia a 235 mil funcionarios del área, por un monto de $7 millones 200 mil.
De carácter retroactivo, desde el inicio de la pandemia y vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, es el “seguro de vida” entregado por el Ministerio de Salud (Minsal) a los profesionales del área médica, tanto de hospitales como de la atención primaria, cerca de 235 mil funcionarios a nivel nacional.
El seguro que contempla un capital de $7,2 millones para cada trabajador. “En la Región del Bío Bío abarca a funcionarias, en modalidad contractual planta, contrata, honorarios y código del trabajo plazo fijo, sin excepción”, explicó el jefe de Unidad de Gestión de Personas de la Seremi de Salud, Andrés Manosalva.
En cuanto a la cobertura, Manosalva precisó que “cubre el fallecimiento natural del asegurado ocurrido dentro del periodo de vigencia de la póliza con o por contagio SARS- COV-2, causante de la enfermedad Covid-19”.
El seguro causó opiniones encontradas dentro de los trabajadores, puesto que no cubre accidentes de trayecto u otra enfermedad, por ello consideran que esto sólo demuestra que el Estado está consciente de “que se pueden morir”.
“Consideramos que para el gobierno es insignificante la salud de los trabajadores. Entregar $7 millones, significa que eso vale la vida de un trabajador de primera línea, algo muy menor para la labor que cumplimos y las familias que hay detrás”, explicó la presidenta de la Fenats Bío Bío, Evelyn Betancourt.
El dirigente de la Fenats, Adolfo Becar, añadió que el seguro busca preparar a los funcionarios para la muerte. “Sólo falta que nos entreguen el ataúd”, ironizó.
Agregó que “lo que queremos es que nos aseguren las condiciones para que ningún funcionario muera, por la falta en la toma de decisiones del gobierno, que ha sido tardía. Aquí no se asegura a las familias que van a quedar, en el caso de los profesionales de bajos sueldos que pueden morir. Sólo se cubre el entierro con ese monto”.
Opinión que comparte la químico farmacéutica, María de los Ángeles Cárdenas, quien calificó como un golpe en la cara este seguro de vida, pues la labor profesional no está siendo valorada por el Estado.
“Ese dinero sólo cubre mi entierro, $7 millones no vale una vida, sea o no del área de la salud, es invaluable. El Estado debe asegurarnos las medidas de protección necesarias para no enfermarnos y no con un seguro ante una inminente muerte”.
En tanto, la también químico farmacéutica, María Pía Muñoz, contagiada de Covid -19, comentó que el seguro si bien no cubre las reales necesidades de una familia, si ayudará en parte a cubrir una eventual y sorpresiva muerte.
“Es fuerte primero que todo, cuando debes llenar el seguro, porque, si bien estamos conscientes que al trabajar en el área de Salud nos podemos enfermar, no es algo que busquemos. Por lo tanto, ahora que estoy enferma no me lo tomo a mal, porque de pasar a mayores no generaré un gasto extra a mi familia”, manifestó.
El beneficio no corre para los trabajadores del área de la salud privada y para la enfermera, Consuelo Flores, quien trabaja en una clínica penquista, este seguro debió extenderse para todos los trabajadores.
“Yo no tengo a nadie detrás, pero qué pasa con las técnicos en enfermería que trabajan en clínicas, ellas ganan poco, tienen hijos, si ellas se mueren quien le asegurará el futuro a esos niños. Este seguro, además, no debería tener fecha límite, porque todos en el área médica sabemos que este virus se extenderá fácil hasta el 2022”, comentó Flores.
Un total de 4 mil 784 profesionales del área de la salud se encuentran en cuarentena a nivel nacional.
A nivel regional, al 15 de junio se contabilizaron 360 casos confirmados de Covid-19, entre activos e inactivos, quienes en su mayoría corresponden a funcionarios del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, tras el brote ocurrido en el área de Medicina, afectando a 400 contactos estrechos.
Del total, 67 corresponden a Medicina; 19 en Pediatría; 6 en Oftalmología; 12 en Hematología; y 10 en Oncopediatría. Lo anterior, obligó a un plan de acción por parte del recinto hospitalario para evitar la propagación de virus.