Fue la tarde del martes 12 de noviembre, en el centro de Concepción, cuando un carabinero de Fuerzas Especiales habría “perdido el razonamiento” al apartarse de su piquete y proceder a agredir indiscriminadamente a un grupo de manifestantes con su escudo y bastón.
Esta situación motivó que, ese mismo mes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) oficiara a la institución policial, la cual respondió que el funcionario involucrado, “al ser víctima de agresiones por parte de los manifestantes, sufrió una pérdida temporal del razonamiento, no recordando más detalles de lo ocurrido”.
Según el Indh, el piquete de carabineros era increpado “por apuntar sus escopetas antidisturbios directamente a los cuerpos de los manifestantes”, en la intersección de avenida O”Higgins y calle Tucapel, epicentro de las manifestaciones por aquel entonces.
Carabineros señaló además, que al funcionario le otorgaron licencia médica por un período de 15 días y por ello no se le puede sancionar, pues implicaría un quebrantamiento en su reposo.
Sin embargo, el Indh también presentó un recurso de amparo que fue acogido esta semana por la Corte de Apelaciones penquista, la cual ordenó a la policía uniformada adoptar un sumario administrativo y todas las medidas necesarias “para que su personal cumpla con sus protocolos institucionales de actuación”.
A juicio del tribunal, el carabinero vulneró la libertad personal y la seguridad individual del afectado debido a que el carabinero “no aplicó los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y de gradualidad de la intervención policial, puesto que acometió violentamente contra de un grupo de personas, a quienes agredió con objeto contundente, sin privilegiar primero el uso de medios disuasivos más pacíficos para disolver la manifestación”.