Defensa de los imputados aseguró que existen imprecisiones en antecedentes vertidos en la audiencia. En tanto, abogado querellante insistió en que el crudo iraní traído por la estatal es “veneno” y que los ejecutivos “conocían su peligrosidad”.
Por cerca de siete horas se extendió la segunda jornada de formalización de los seis ejecutivos de Enap por los episodios de contaminación que afectaron a las bahías de Concepción y Quintero en agosto del año pasado.
El jueves, la Fiscalía formuló cargos por contaminación a los representantes de las plantas de Bío Bío y Quintero. Lo anterior, luego que en agosto pasado llegara el buque Monte Tabor procedente desde Irán con un cargamento de Iraian Heavy, crudo sindicado por la Fiscalía como el responsable de los episodios de contaminación en ambos lugares.
En la audiencia, abogados querellantes expusieron sus argumentos, solicitando prisión preventiva para los directivos. Remberto Valdés, quien representa a más de mil afectados por estos episodios en Quintero aseguró que hubo una concertación por parte de los ejecutivos.
“Se concertaron de manera premeditada para traer un veneno desde Irán, ellos sabían de los riesgos que significaba traer esto y aceptaron los resultados eventuales que podría traer. Son personas que ocultaron información y falsificaron antecedentes a la autoridad marítima de Talcahuano, que también mintieron frente a la autoridad marítima medioambiental. Son personas que han actuado, para estos efectos, sin alma”, acusó el abogado querellante.
Mientras, la defensa de los ejecutivos de la petrolera estatal, a cargo del jurista Cristian Muga, comentó que la audiencia es por delitos relacionados a contaminación y no a otras imputaciones. “Todos los otros delitos imputados por los querellantes son inventos ya que no hay antecedentes en la carpeta investigativa. La prisión preventiva es desproporcionada y no existen antecedentes para fundamentar algo como eso, Enap aplicó todos los protocolos de seguridad para hacer una descarga segura”, puntualizó.
La defensa planteó la omisión de un informe de Codelco sobre la emisión de gases en la Bahía de Quintero durante los episodios de contaminación.
Además, el abogado Muga cifró en $68 millones de dólares la transacción por el crudo iraní, unos $55 mil millones. Junto con ello, se utilizó un secuestrante, que permite disminuir la cantidad de ácido sulfhídrico presente, el que tuvo un costo cercano al $1,2 millones de dólares.
Para hoy sábado, se espera que la magistrada Antonia Flores dicte las medidas cautelares.