Quince mil solicitudes de residencia y seis mil títulos de dominio se quemaron. Según precisó el intendente Giacaman, se está trabajando en recuperar la mayor cantidad de información.
La tarde del martes fue la jornada más violenta de las más de tres semanas de manifestaciones en la capital penquista. El discurso de las autoridades llamaba a que todo estaba bien y bajo el control de las policías, pero el ataque a la Gobernación Provincial, entidad encargada de coordinar la seguridad en la provincia, dejó en claro que ello no está resultando.
La quema intencional del edificio patrimonial que se levantó frente a la plaza de la Independencia, luego del terremoto de 1939, deja en evidencia que la situación está tomando ribetes tan peligrosos como delicados.
Consultado por esta situación y por la evaluación de la gestión del gobernador Robert Contreras, el intendente Sergio Giacaman puso paños fríos. “No es el momento de cuestionar los roles, yo más bien pondría el foco en condenar la violencia, convocando a la paz y la justicia”, dijo.
Giacaman enfatizó en que “la violencia es la que está generando la destrucción, Carabineros y la PDI no son los culpables del exceso de violencia, por lo que seguiremos haciendo nuestros esfuerzos para que la violencia termine, no carguemos en la policías las culpas”.
Sindicado como el responsable del incendio, se encuentra en prisión preventiva un hombre de 61 años. Según precisó el jefe regional de la Policía de Investigaciones, Sergio Claramunt, “hay evidencia que lo sindica iniciando el segundo foco de incendio al interior del edificio. Cuenta con antecedentes policiales, por uso de arma y amenazas a Carabineros”.
En cuanto a cómo se gestionó su detención, el prefecto inspector acotó que “esta se efectuó en un lugar seguro al área donde se ejecutó el delito”.
El hombre que se será formalizado este viernes. “Él se allanó a prestar declaración, indicó que estaba en el lugar, pero que no participó directamente, lo que es contrario a todas las imágenes que son los medios de prueba que contamos como PDI y por lo que pasó a control de detención”, precisó Claramunt.
Si bien, según los registros audiovisuales de penquistas que se encontraban en la plaza, habría más personas involucradas (uno de los cuales fue detenido por saqueo en lugar no habitado), el jefe de la PDI añadió que “se está trabajando en recabar esos antecedentes, desde la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales”.
Desde Carabineros, en tanto, el prefecto de Concepción, coronel Benjamín Piva, explicó los estacionamientos en la tardanza para llegar al lugar, que estuvo siendo atacado por cerca de 20 minutos. “Había una variable muy importante, en el interior se encontraban dos civiles y teníamos que tener seguridad del lugar en que se encontraban, cómo abordar, cómo ingresar y que el ingreso fuera seguro, tanto para el personal de carabineros como también para las personas que se estaban manifestando de manera violenta contra carabineros, había que planificar tácticamente”.
Agregó que “tuvimos más de 12 puntos sensibles que atender aparte de tribunales y la Plaza Independencia y otros lugares, hemos atacado todos los puntos focales donde la comunidad ha pedido el auxilio de carabineros, lo más seguro es que hayamos estamos en otro punto”.
A su vez, señaló que la gran cantidad de manifestantes, fue un problema grande a enfrentar. “Lamentamos lo ocurrido con el edificio de la gobernación, hay que destacar que una vez que se inicia el incendio se tomó conocimiento que dentro habían dos funcionarios de la gobernación en el interior, por lo que personal de fuerzas especiales desplegó todo un operativo para sacarlos sanos y salvos, arriesgando su integridad física, ante más de 3.000 personas que les lanzaban objetos contundentes para lesionarles e inhibir el actuar de Carabineros”.
El edificio siniestrado albergaba además a las seremías de Bienes Nacionales y Desarrollo Social. La primera resultó totalmente destruida, que fue por donde se inició el fuego que se expandió a la oficina de Extranjería y parte importante de la emblemática galería Alessandri, en tanto, la segunda, al igual que la Gobernación Provincial en sí, sólo resultaron dañadas producto del humo, el agua y los saqueos.
Situación que a juicio del intendente es muy doloroso, por lo que está evaluando las querellas contra quienes resulten responsables, invocando la Ley de Seguridad del Estado.
“Ver personas que están dispuesta a usar la violencia para destruir lugares tan relevantes, que más que espacios físicos, son lugares que están al servicio de las personas, que al quemarla se produce un impacto muy profundo para las personas. Hay más de 15 mil personas que están realizando sus tramites de residencia en la oficina de extranjería, hay otros asociados a titulo de dominio en Bienes Nacionales, alrededor de 6 mil documentos, entonces es un dolor que afecta a muchas personas de la Región”, sostuvo.
Querellas que se sumarán a las de Bienes Nacionales, “por incendio, por destrucción de documentación pública y por atentar contra la integridad de nuestros funcionarios”, contó el seremi Sebastián Abudoj.
Esto, según estimó, porque “esta minoría radicalizada que ha seguido ejerciendo la violencia contra Concepción, la que condenamos, por lo que las acciones legales no son solamente por el edificio, sino por el atentado contra los sueños de miles de vecinos que se atienden en nuestro servicio, de los puestos de trabajo de nuestros funcionarios y contra la fuente de trabajo de los locatarios de la galería Alessandri”.
Por su parte, el seremi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, aseguró que si bien los daños sufridos en su piso sólo fueron a nivel de ventanas, las que rompieron los antisociales, a raíz del fuego y el agua de Bomberos para apagar el incendio, “el principal daño es a las personas que vienen por beneficios sociales. Hoy estamos respaldando los archivos para que ellos no se vean afectados”.
Y si bien por primera vez en casi un mes de movilizaciones sociales, el gobernador Contreras no dio declaraciones a la prensa, sí se reunión con su equipo para transmitirles calma y aplomo en horas difíciles.
Esta nota se refiere a un proceso judicial en curso. Diario Concepción obtuvo antecedentes a través de fuentes periodísticas y la información publicada sobre los protagonistas no los califica necesariamente como culpables de los hechos. Tal como establece el artículo 4 del Código Procesal Penal, los imputados no serán consideramos como culpables hasta que la justicia dicte sentencia.