Más de cien socios salieron a marchar por el centro de Concepción, pidiendo más seguridad. Los antecedentes se están reuniendo y serán asesorados por el Colegio de Abogados. El gobernador Robert Contreras declaró que se trata de una medida “inesperada” tras el apoyo.
Ayer, tras una reunión con su directorio y casi la totalidad de sus socios, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción, salió a marchar por calle Barros Arana con dirección a la Catedral, algo que no ocurría hace años.
Tras su paso, muchos locales a esa hora hacían trabajos de cierres especiales para hacer frente a hechos de violencia. Y los más de cien representantes de diversos negocios tradicionales gritaban: “No más saqueos, queremos trabajar”, sacando, incluso, especialmente del personal de L’angolo que barría los vidrios quebrados en el segundo piso.
Minutos antes, Della Torre lideró una suerte de debate. Todos los miembros concordaron en que necesitan seguridad y medidas concretas por parte de las autoridades (a quienes se envió una carta con peticiones).
De ahí que la idea de entablar un recurso de protección, para velar por los derechos de integridad física y psíquica de los dueños de locales y de sus trabajadores, haya tomado fuerza dentro de la colectividad.
“Se propuso en la asamblea y lo veníamos escuchando hace bastante rato. Me llamó el alcalde y él como municipio va a entablar una querella. Nosotros como gremios también la vamos a entablar, porque ya está bueno. Alguien tiene que hacerse responsable”, dijo Della Torre.
En ese momento, un penquista lo encaró frente a las cámaras y grabadoras: “¿Sabe quién se tiene que hacer responsable? su Presidente tiene el país así. No el pueblo”.
Es que minutos antes Della Torre pidió no más marchas y no más saqueos: “La ciudadanía los escuchó y los entendió. Ahora tenemos que sentarnos todos a trabajar con los políticos de todos los colores. Este país tenemos que sacarlo adelante”.
De llevarse a cabo la acción judicial, ya que aún se reúnen antecedentes, se espera contar con el apoyo del Colegio de Abogados. Se emplazará a la Intendencia, Gobernación, Fiscalía y Fuerzas del Orden. De hecho, Ignacio Sapiaín estuvo presente.
Raphael Sierra P.
De igual forma, Della Torre informó que hasta el último catastro ya habían más de 180 locales afectados.
“Ya no resistimos más. Nos llegó fin de mes, no hemos vendido nada. Entonces, por favor, entiendanos”, interpeló Della Torre.
Todos los socios tienen la misma preocupación. Natali Urra es vocera a más de 70 locatarios de la Galería Internacional.
“Hemos tenido que hacer turnos. Estamos súper unidos y nos quedamos de madrugada para resguardar lo que tenemos. Anoche fue del terror. Me sentí en una cárcel”, lamentó la representante, quien apoya el recurso de protección.
Mientras tanto, Roberto Francesconi, emprendedor de la Galería Universitaria, no ha podido vender con normalidad. Manifestó que tras dos semanas hay una molestia compartida con todos. “La autoridad se ha visto sobrepasada. Todo el gremio tenía que pagar hoy sueldos y el IVA. No hay dinero y se vencieron los plazos”.
En tanto, el gerente de Ópticas Hammersley, George Hammersley, indicó que efectivamente la situación es insostenible. “El desgaste para el comerciante es tremendo. Díganme, ¿cuántos comerciantes están vendiendo un 10% o 0%? ¿Qué va a pasar con el sueldo de los trabajadores?, ¿se tendrá que cerrar sus locales o despedir gente?, ¿qué pasa con eso?”.
El gobernador Robert Contreras, tras conocer la medida declaró: “Es inesperado este anuncio, puesto que hemos tenido reuniones permanentes y comunicación directa con el presidente de la Cámara”.
La autoridad añadió que “estamos dispuestos a seguir trabajando permanentemente en mantener la seguridad y el orden público, a pesar de las circunstancias que se viven en nuestro país”.
Contreras recordó el apoyo entregado en erradicar el comercio ambulante y labores educativas para potenciar los negocios locales. A su vez, resaltó las cifras positivas de la iniciativa “Stop” en materia preventiva.