Tras los atentados a dos Carabineros a fines de septiembre y el baleo a un conductor de un camión forestal, gremios y agrupaciones exigen estado de excepción constitucional.
Por: Gonzalo Henríquez
“Creo que el Gobierno entendió el mensaje”. Así partió la conversación con Diario Concepción el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, quien la semana pasada, junto a otros gremios y asociaciones de víctimas del conflicto en la zona de Arauco, se reunió con el ministro del interior, Andrés Chadwick, a quien le solicitaron (otra vez) que se declare estado de excepción constitucional a la frontera entre el Bío Bío y la Araucanía, tras los hechos de violencia que ocurrieron en los últimos meses y que incluyó el robo de explosivos, enfrentamientos con Carabineros, que dejó a dos uniformados lesionados, y el atentado a un camión forestal, que dejó a su conductor herido de bala.
“A la luz de los resultados de otras reuniones similares, creemos que las autoridades le ponen todo el empeño para solucionar esta situación, pero en la práctica los hechos demuestran que las medidas que se implementan, dan cuenta de una realidad más cruda, sin avances, sin detenidos y nos vemos sometidos a esta ola de violencia sin fin”, comenta Muñoz.
Agregó que “cuando ves que hoy se le está disparando a los trabajadores, a todas las personas que van a trabajar al bosque, que no pueden desarrollar su trabajo en forma normal, es una alteración que creemos que se debe controlar. Habrá que esperar entre una y dos semanas para conocer la respuesta respecto a la solicitud de estado de excepción, cuál es la conclusión y la decisión del ministro y el presidente con la carta que se le entregó. A eso apelamos y esperamos que, tanto el Intendente como el ministro del interior, se convenzan de aquello y le digan al Presidente que en la zona se requiere una acción distinta”.
Respecto al trabajo de la Fiscalía señaló que “ha sido ineficaz, inoperante, no ha cumplido el rol que le corresponde. De los 146 casos de atentados hay uno en la zona de Cañete con procesados y detenidos, es decir, menos del 1%. No ha estado a la altura”.
En este contexto, cerca de 30 familias están en trámites para vender sus propiedades al Estado con el fin de salir de la zona roja.
Solange Etchepare, vocera de “Paz y Diálogo Bío Bío” indica que “están en una situación desesperada. Familias que viven hostigadas por comunidades que han robado, incendiado sus bodegas, familias con 300 causas sin resultados. Si no se iba a instaurar la excepción constitucional, que el Estado compre esos terrenos es lo que solicitamos. Tenemos comprometidas la palabra del ministro y esperamos que a fin de mes tengamos cierta claridad acerca de sus solicitudes”.
Concluyó diciendo que “cuando en menos de un año muere una persona de un escopetazo en la cabeza, que se queman tres o cuatro casas, 20 o 30 atentados al mes, gente muerta, quemada viva o baleada, hay que darse cuenta que el país está peligrando y la seguridad nacional también”.