Vecinos consideraron excesiva la “puesta en escena” para garantizar el cumplimiento de la norma que establece el libre acceso a la playa. En el balneario hay preocupación por la seguridad y el aseo.
Para los residentes permanentes y estacionales de Pingueral, la jornada de ayer marca un precedente en la historia de este balneario residencial. Y una imagen, en particular, difícilmente será olvidada por los vecinos: el momento en que el pesado brazo de una grúa se dejaba caer sobre la caseta de guardia del acceso, destruyendo tal vez el principal símbolo de la seguridad del recinto.
“Innecesario”, “brutal”, “efectista”, “populista”, fueron algunos de los más suaves adjetivos que se leyeron en los WhatsApp de los pingueralinos, tras compartir las imágenes que daban cuenta del ímpetu de Bienes Nacionales para hacer valer la normativa de libre tránsito de los visitantes a la playa. En efecto, según testigos, fue el propio titular de la cartera, Felipe Ward, quien dio la instrucción de demoler la caseta, una vez que la prensa dejó el lugar.
Minutos antes, Ward, junto al intendente Sergio Giacaman, el gobernador Robert Contreras y el seremi Sebastián Abudoj, instalaban un cartel que anuncia la apertura y el camino hacia la playa. “Es un hecho histórico, hoy se marca un antes y un después, ya que por instrucción del Presidente Sebastián Piñera, el libre acceso al balneario es un derecho, el cual nunca se debe coartar. Los chilenos no tienen por qué pedir permiso a nadie para entrar a un bien de uso público”, recalcó el ministro, precisando que en Pingueral se presentaba una doble situación de incumplimiento. “Este es un camino de uso público, que además conecta con otro bien de uso público, como es la playa, por lo tanto, por una resolución de la Intendencia el año 2008 y la ratificación de Tribunales, la Corte, la Contraloría y el fallo de Bienes Nacionales, aquí se confirma que este es un bien nacional de uso público, que nunca debió cerrarse, puesto que este no es un jardín privado”, explicó.
El ingreso se mantuvo con restricciones por casi 30 años para las personas que no tienen propiedades en el lugar (alrededor de 600 casas), y pese a que los vecinos aseguraban que sí dejaban pasar, existen 34 denuncias en Bienes Nacionales que indican lo contrario.
“Sin duda no es una situación fácil para los residentes, por lo que es necesario hacer un cambio cultural para que esto cambie”.
Efectivamente, para los residentes, la medida acarreará una serie de complicaciones, pues ellos financian la seguridad y el aseo y hornato de calles y playas, a través de un elevado gasto común.
“Nosotros siempre hemos respetado el libre acceso a la playa, algo que le consta a la autoridad y es de público conocimiento. Distinta es la facultad de la autoridad local, ya que nosotros tenemos una ordenanza que dice relación con el acceso controlado al recinto habitacional de la comuna de Tomé, que es legítimo, a través de un decreto alcaldicio que está vigente, el que no fue impugnado por la Contraloría General de la República”, detalló la presidenta de la Junta de Vecinos de Pingueral, Yanira Figueroa.
Añadió que son ellos quienes se hacen cargo de la limpieza de la playa, los accesos y la luminaria. “Esto bordea los 50 millones de pesos mensuales, lo que nos transforma en un tremendo aporte para el municipio, por lo que yo no sé si la alcaldía está en condiciones para asumir ese costo, si es que nosotros perdemos la ordenanza, más aún considerando los problemas que puede traer que venga gente de otras partes, esto porque la playa no es apta para el baño. Además, no contamos con baños públicos”.
Sobre este punto, el intendente Sergio Giacaman analizó ante la inquietud de los vecinos, en cuanto al financiamiento de la luz, la limpieza de jardines públicos y la playa comentó que “siendo bienes de uso público deberían ser las entidades competentes quienes se tengan que hacer cargo de ello, en este caso el municipio, por lo que deberemos conversar con el alcalde para coordinar el control de dichas situaciones”.
Más de 60 personas trabajan y prestan servicios en el recinto. Una de ellas es Vanesa Aravena, quien se mostró muy preocupada por el nuevo orden que comenzó a regir ayer en Pingueral.
“La gente es cochina, van a ensuciar el sector. Este es un lugar de descanso, pero ahora no va a haber seguridad. Nadie va a querer arrendar aquí, la gente no se va a llevar su basura. Claro que no estoy de acuerdo con el libre acceso. Esto se debió mantener cerrado, ya que afectará directamente nuestro trabajo con la suciedad que traerá la gente que no vive aquí”, manifestó, sin esconder su molestia.
Por su parte, Danitza Jara esposa de uno de los guardias, advirtió del impacto social de la medida. “Si bien todos entendemos el punto de vista legal, hay muchos trabajadores que son de Tomé y Dichato y si la administración determina que ya no son necesarios, yo me pregunto ¿qué será de ellos? ¿Las autoridades tomarán cartas en el asunto?”.
Emplazamiento que fue contestado por el ministro Felipe Ward. “Eso no tiene por qué cambiar, es una decisión autónoma de la administración ver dónde reubicarlos, puesto que el trabajo de los guardias en la garita es ilegal”, expresó.
En cuanto a las medidas que tomará la comunidad para proteger sus viviendas de posibles robos y la suciedad que se podría dar al interior del conjunto habitacional, el abogado de las familias, Gonzalo Elgueta dijo que “los vecinos están viendo qué hacer al respecto y a su momento lo anunciaremos”.
Pese a que Diario Concepción intentó comunicarse durante todo el día con el alcalde de Tomé, Jorge Aguilera, esto no fue posible, por “problemas de agenda” de la autoridad comunal.