Justicia ordenó el desalojo del establecimiento por el no pago de arriendo. Actual sostenedor denunció en Fiscalía una serie de irregularidades en contra de anterior administración.
Un juicio por el pago del arriendo, que alcanza un total de $114 millones, mantiene en la incertidumbre a 880 padres y apoderados sobre el futuro escolar de sus hijos.
Todo partió el año 2015, cuando la dueña del Instituto San Pedro fallece, en ese momento cede la administración a dos personas, entre ellas, a Julio Figueroa, quien queda a cargo de la administración de la sociedad comercial a cargo del establecimiento.
Pero con la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, se creó una fundación sin fines de lucro, de la cual se hicieron cargo los herederos de la fallecida dueña del recinto, quienes ordenaron una auditoría que determinó una serie de irregularidades.
Lorena González, sostenedora del Instituto San Pedro, explicó que la situación es compleja, ya que la demanda por arrendamiento es por $114 millones, a lo que suman otros $325 millones como indemnización, que corresponde al periodo de 2017 hasta septiembre de 2018, a lo que se suma el cese del contrato que implica la salida del actual edificio.
“Nosotros pedimos al fiscal Nelson Vigueras que investigue y haga justicia. Nos encontramos con un déficit de $1.500 millones, con multas de la Superintendencia por gastos rechazados, gastos falsos y que, además, presenten una demanda por arriendo que es fallada de forma injusta, esto no lo vamos a permitir”, aseveró Lorena González.
Mientras que el abogado que representa al colegio, José Vargas, adelantó que recurrirán al Tribunal Constitucional. “Vamos a interponer un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad teniendo presente que la ley de predios urbanos resulta inconstitucional, ya que se vulnera el derecho a la educación de los niños, puesto que impide el término del año escolar en el mes de diciembre. Tenemos un vacío legal, esto es algo inédito en el país, esto no es normal que ocurra”.
El seremi de Educación, Fernando Peña, participó en una reunión con los apoderados y comentó las alternativas que se barajan, entre las que se cuenta la designación de un administrador provisional. “Nosotros vamos a activar otras actividades de respaldo, existen vías alternativas administrativas y la que estamos barajando es que el Ministerio pueda nombrar un administrador provisional para el año 2020, mientras se definen los fallos pendientes”, recalcó.
Tanto para el seremi Peña como para los apoderados no existe la opción del traslado de los alumnos. Sandra Valenzuela, presidenta del centro de padres del Instituto San Pedro, contó que conversó con sus hijos y ellos no quieren irse. “Esto es muy difícil, aquí son los niños los que más pierden. Yo hable con mis hijos y ellos no se quieren ir, aquí tienen a sus amigos y, además, es muy difícil encontrar colegio y San Pedro no tiene capacidad para 88 niños.