En enero de este año, se modificó el Decreto Ley 321 que establece los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional, endureciendo las condiciones para acceder a ella.
En respuesta, más de 100 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío se sumaron a las movilizaciones que se llevan a cabo en diversas cárceles del país, entre lo que destacan: Colina 1 y 2, Santiago y Valparaíso.
Según indican sus voceros, lo que se busca es que las nuevas exigencias solo sean aplicadas para quienes hayan entrado a la cárcel después de enero de 2019, es decir, que no opere con efecto retroactivo.
Sobre la situación de los internos del Manzano, el abogado particular de los reos, Juan Fernando Silva, comentó: “Si bien no me consta, porque no puedo entrar hasta los módulos, sé que hay dos módulos en huelga de hambre, con más de 100 internos en esta condición, cifra que va en aumento”.
Según los videos publicados en redes sociales, se estarían auto infringiendo heridas con el fin de llamar la atención de las autoridades, aseguró el abogado representante.
Si bien lo que se discute es la aplicación de estos nuevos requisitos que comenzaron a regir este año, según el abogado Silva, no corresponde que la norma se aplique en forma retroactiva. “Se les está aplicando a todos los que ya estaban postulando a la libertad condicional, o sea es el problema de irretroactividad penal, por lo que pretendemos que se cambie”.
Si bien ya van tres días de huelga, el abogado explicó que no se descarta que se sumen más internos. “No descarto tomar más casos de aquí al martes, es decir, todos aquellos a los que les fue denegada su libertad condicional a la que postularon ahora en marzo, además de otros que van a postular en octubre”.
Lo anterior, se debe a que los privados de libertad, que podían optar al beneficio en marzo de este año, por plazos anteriores (condenas) las nuevas restricciones de la ley les dijo no, esto ya que, antes al cumplir la mitad de la pena, podían optar a beneficios de libertad condicional, hoy se les pide dos tercios de la condena.
“Lo que se traduce en dos años más. Vamos a recurrir al Tribunal de Garantía, tratando el tema de la irretroactividad de la ley, de no ser aprobada acudiremos a la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional”, aclaró el abogado Silva.
Desde el penal de Concepción, en tanto, a través de un comunicado la institución descartó que se trate de una huelga de hambre formal y establecida.
“Lo que en realidad ocurre es la negativa de algunos internos a recibir alimentación fiscal en señal de molestia por las modificaciones legales al Decreto Ley 321 que regula la Libertad Condicional”, precisaron.
Aclarando que, el resto de las unidades funcionan de manera normal y sin alteraciones, como también, el servicio de visita y encomiendas que traen familiares, lo que permite a la población penal alimentarse a diario.
No obstante, al tratarse de una situación compleja que escapa de su injerencia, están monitoreando a los internos, ante eventuales requerimientos de la población penal, señalaron.