Autoridad afirma que fiscalizarán libre acceso en todas las playas de la Región, y que en casos de incumplimiento, multas pueden llegar hasta los $5 millones, monto que se duplica por reincidencia.
“Que no te falta playa” es el eslogan de la campaña que está llevando adelante el Ministerio de Bienes Nacionales, buscando asegurar el acceso libre a cualquier cuerpo de agua, iniciativa que convoca a la comunidad a exigir su derecho de acceder de manera gratuita a los bienes nacionales de uso público.
El nuevo marco legal -que modifica el artículo 13 del Decreto Ley 1.939 y que fue publicado en el Diario Oficial el jueves- determina que los propietarios de terrenos colindantes deben facilitar, de forma gratuita, el acceso a las playas, cuando no exista otra vía para ello, y permite el cobro de multas millonarias en caso de incumplimiento.
Pingueral, Pudá y la Laguna Chica de San Pedro de la Paz son sólo algunos ejemplos de los lugares en que algunos ciudadanos han presentado denuncias por el acceso restringido.
Actualmente, en el caso de Pingueral, la Contraloría está analizando su situación. “Más que por el acceso, que está asegurado (…). Hay un cuestionamiento respecto al cierre de las calles, porque, desde nuestro punto de vista, las calles de Pingueral son un bien nacional de uso público, por lo que no procede la ordenanza que emitió el municipio de Tomé que permite los cierres, porque está pensada sólo para el caso de las calles que son ciegas, que no procede en este caso”.
La Contraloría solicitó un informe al municipio, que fue emitido esta semana y, en función de eso, el organismo tendrá que pronunciarse, lo que podría derivar, incluso, a que el ingreso público se pueda realizar en vehículo.
En el caso de Pudá, playa tomecina donde los dueños del predio colindante a la playa cobran $4000 por pasar en vehículo a través del paño, el seremi de Bienes Nacionales confirmó que ya han recibido tres denuncias. “Fuimos a inspeccionar y vimos que el acceso peatonal, que es de 350 metros que permite acceder a la playa caminando. Ahí el cobro es por el ingreso a un terreno particular”, dijo.
Dos denuncias recibió la Seremi en el caso de la Laguna Chica de San Pedro, lo que originó una inspección completa y un informe que debería ser evacuado esta semana para tomar una definición, no sólo del uso del balneario, sino del cuerpo de agua en su totalidad, lo que incluirá también al Club Llacolén.
A nivel regional, se han realizado 107 denuncias por restricción de acceso a playas, de las que ya se han resuelto 96. También, hay otros casos en que se está en proceso para fijar un acceso a playas, pues no existía, como es el caso del sector Agua La Gloria de Concepción y de la laguna Pirquinco en Alto Bío Bío.
La norma es estricta y contempla multas que van desde 10 hasta 100 UTM a quienes sean sorprendidas prohibiendo el acceso libre y gratuito a los cuerpos de agua. “Este es un gran avance en la protección y respeto de los derechos que tienen todos quienes viven en Chile, de poder visitar, libremente, las playas que existen en el país”, indicó el ministro Felipe Ward.
La ley, impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, es una respuesta a las denuncias de muchos chilenos, que se han visto impedidos de llegar a una playa por prohibiciones de particulares.
De ahí la importancia de la denuncia, tema que recalcó el seremi de Bienes Nacionales, James Argo, quien explicó que en caso de que se identifique restricción para ingresar a alguna playa se debe denunciar, ya sea en forma presencial en Aníbal Pinto 442, Concepción, o a través del link “Que no te falte playa” en www.bienesnacionales.cl, o bien, al fono 800104559.
Una vez que se verifique la denuncia, el organismo podría aplicar las multas que, incluso, en caso de reincidencia podrían doblar el monto y llegar a $10 millones.