Argumentan que esposo de la persecutora defendió a la estatal en una causa minera. Abogado querellante cuestionó actitud de la petrolera.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) denunció ante la Fiscalía Nacional un presunto conflicto de interés de Marcela Cartagena, fiscal regional del Bío Bío.
La persecutora lidera la indagatoria por los episodios de contaminación ambiental ocurridos en agosto pasado en las comunas de Quintero y Talcahuano, que estaría ligado a la descarga de petróleo iraní de alta toxicidad comprado por la estatal.
De acuerdo a lo publicado por nuestro medio asociado, La Tercera PM, la fiscal incurre en una causal de inhabilidad al estar casada con el abogado Álvaro Sepúlveda, quien a su vez es abogado externo de Enap, desde el año 2013, y ha prestado servicios a la compañía en juicios civiles.
El escrito, ingresado la semana pasada por el abogado Juan Domingo Acosta, se fundamenta en el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en donde se sostiene que “no podrán ejercer una investigación quienes sean cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados”.
El requerimiento actualmente está siendo analizado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional y no existe plazo para que el fiscal Jorge Abbott tome una decisión sobre si remueve o no a Marcela Cartagena de la causa.
La Fiscal Regional declinó referirse a la situación, debido a que está siendo analizado en la capital. También, Enap decidió guardar silencio sobre la petición, ya que se trata de “un procedimiento que debe ser resuelto por el Ministerio Público”.
De acuerdo a lo indagado por Diario Concepción, existiría al menos una causa en la que participó el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza.
Sepúlveda Sanhueza se desempeña como académico de la Facultad de Derecho de la Ucsc y de la Universidad del Desarrollo.
A esto, se suman funciones como abogado del Consejo de Defensa del Estado.
En tanto, en el año 2015, ante el 4° Juzgado de Letras de Talca, asumió la representación de la estatal en un litigio relacionado al Código de Minería en contra de Alejandro Gómez. Por los terrenos de Gómez atravesaban una tuberías pertenecientes a Enap, por lo que se buscaba su expropiación, en donde la estatal terminó pagando cerca de dos millones de pesos.
Abogados de la plaza consultados por Diario Concepción sobre el futuro que podría tener la fiscal Marcela Cartagena en la causa, comentaron que este podría ser positivo.
Ya que el artículo 55, hace referencia a imputados en causas penales y que se encuentren vigentes y no, como ocurre en este caso, que es una causa civil y que se encuentra cerrada.
Es más, estos mismos juristas, condenaron la actitud de la estatal, la que calificaron como “una pasada de cuentas” a la persecutora tras sus declaraciones apuntando a Enap como responsable de los episodios de contaminación en Quintero y Talcahuano.
En esa ocasión, la fiscal señaló que “el factor común es un barco de Enap, que se mueve de acá a Quintero. El monte Toledo hace un trasvasije al cabo Victoria, que es el que va a Quintero. El problema del crudo iraní es que tiene niveles de ácido sulfhídrico, que puede causar la muerte de las personas”.
El abogado querellante en la causa, Remberto Valdés, cuestionó la actitud que ha tenido la estatal, acusando la medida como dilatoria. “Hoy Enap ha interpuesto una serie de artilugios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de retardar, ensombrecer y ojalá evitar el descubrimiento de la verdad”.
A lo anterior, el jurista manifestó que “la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, los querellantes que representamos a más de 700 personas claramente damnificadas por daños en su salud, es: ¿Enap habría utilizado este mismo camino si la señora fiscal hubiera señalado que Enap no tenía ninguna vinculación con la contaminación?”.