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Patricia Muñoz se refiere al atraso en el centro de menores de Coronel

La abogada visitó Concepción el miércoles pasado, en el marco de una charla realizada en la Ucsc. Afirmó que solicitarán un pronunciamiento a Sename Nacional, para saber cómo y cuándo intervendrán en el recinto.

Por: Carolina Abello | 07 de Octubre 2018
Fotografía: Isidoro Valenzuela M.

“Cuando venga a la Región del Bío Bío, a visitar los centros, lo haré en reserva y sin avisar, para ver su situación”.

Así de clara y directa es Patricia Muñoz, la primera Defensora Nacional de la Niñez, quien llegó a Concepción el pasado miércoles, para dar la charla inaugural “Los niños primero: ¿mito o realidad”, en el marco del pre congreso mundial de Concepción, rumbo al VIII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2018, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Nombrada apenas en abril de este año, ya se ha hecho conocida por intervenir en situaciones que ameritan la defensa de los niños y adolescentes, como la situación de  contaminación en Quintero y Puchuncaví o la situación de distintos centros de Sename a nivel nacional.

 

– Uno de los temas que más se ha debatido este año, a propósito del caso de abusos sexuales en la Iglesia Católica, es el denominado “Derecho al Tiempo”, que tienen las víctimas de este tipo de delitos, para denunciarlos. ¿Cómo se maneja, desde el punto de vista jurídico, este derecho con la dificultad que representa probar estos delitos?

– Hay que tener presente que es una ley que está en tramitación y desde la Defensoría esperamos que se promulgue, ya que la imprescriptibilidad no está asociada al tema probatorio, sino que más bien al reconocimiento de qué es lo que ocurre con las víctimas de agresiones sexuales y con las dificultades que ellos presentan para poder develar situaciones que les han afectado. Si es que como sociedad no soy capaz de brindarle el espacio a una víctima para que realmente tenga acceso a la justicia, denunciando cuando está preparada, cuando realmente ha podido realizar ese proceso interno que involucra tomar la decisión de denunciar, estoy negando el derecho a la justicia que es un derecho fundamental para cualquier ciudadano. Y por eso nos parece que este proyecto de imprescriptibilidad es muy relevante y esperamos que se tramite con la prontitud que requiere y que las víctimas tengan esta posibilidad de manera real.

–  Pero sí puede costar más probar un delito después de tanto tiempo.

– Los delitos sexuales son difíciles de probar. Esa discusión no minimiza el valor de este proyecto de ley. La imprescriptibilidad es el derecho de la víctima al acceso de la justicia, y que se investiguen los hechos de los que fue víctima. Otro tema es ver cómo se sostiene la imputación y lograr la condena, pero no es poco probable que se pueda. Prueba de ello es lo que ocurrió en el caso Karadima, que afectó a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y  José Andrés Murillo, en que la ministra Jessica González, que decreta el sobreseimiento por prescripción, estableció que se habían cometido los delitos. Cito este ejemplo para demostrar que el paso del tiempo no es obstáculo para condenar a un agresor. Nos hemos manifestado como Defensoría a favor de este proyecto.

– Dentro de su rol como defensora, ¿cuánta injerencia van a poder tener en los temas relacionados con la infancia?

– Estamos tratando de tener toda la posible. No tenemos facultades para mandatar al Ejecutivo, pero sí para recomendar y así impactar favorablemente en la situación de los niños, como lo que estamos haciendo en Quintero, donde dedujimos el recurso de protección, porque nos parece una situación muy crítica que es necesario abordar.

– ¿Cuál es su opinión ante un posible proyecto que abordara la situación que los niños que quedan huérfanos tras un femicidio?

-Eso fue una invitación que hice  por redes sociales a la ministra de la Mujer, Isabel Plá, a propósito de una ley que se aprobó en Argentina para dar reparación a hijos de mujeres víctimas de femicidio. En Chile hoy no existe un programa específico para esos niños, y muchas veces, cuando ellos quedan en esa situación, son derivados a programas de reparación de maltrato grave, pero a las mismas que afectan a los niños que son víctimas de agresiones sexuales o delitos violentos. Lo que necesitamos es promover espacios de reparación efectivos, y ahí hay una deuda del Estado, que debe resolverse, y esperamos que se resuelva a través de la indicación que el Ejecutivo iba a ingresar a la ley de Garantías de los Derechos de la Niñez,  donde se iba a asegurar esta reparación, que es imprescindible a la luz del impacto que tiene  perder a sus madres en un femicidio.

– ¿Cómo ha visto usted los cambios que está realizando el Sename en el sistema de protección, en cuanto a reducir el tamaño de las residencias? Aún no hay mucha información al respecto.

– Lamentablemente no tengo mucha más información. Estamos participando en la tramitación del  proyecto del servicio de protección de la niñez, y hemos manifestado cuestionamientos al texto del proyecto, porque falta desarrollo en aspectos que es necesario abordar.  Queremos construir un servicio potente, para sustituir al actual Sename que  no es capaz de dar cuenta  de las necesidades de los niños. Parte de ese tema tiene que ver con las residencias, pero no puedo pensar en reducir el número de niños de 50 a 15, como si eso me fuera a resolver el problema, si no soy capaz de entender el desafío del perfil técnico de los profesionales y funcionarios que trabajan con esos niños, que capacidades deben tener para atenderlos y qué exigencias deben tener esas residencias y cómo me comprometo como Estado a que esos niños tengan aspectos de salud, educación, recreación y de vínculo familiar suficientemente resueltos, y eso exige un compromiso de todos los ministerios involucrados.  Y esto no está desarrollado de esta manera en el proyecto de protección de la niñez y queremos que se haga con mayor claridad. No puede ser que la ley hable de declaraciones de buenas  intenciones, pero no tenga una bajada específica para concretar acciones que beneficien a los niños.  Un proyecto de esta naturaleza, y así lo planteé en el Congreso, no puede dejar de lado la formación continua para los profesionales del  servicio y el autocuidado de los equipos. Y entender que si el servicio va a exigir perfiles técnicos, que hoy no se exigen, para personas que trabajan con niños, debe remunerarlas distinto a como las remunera hoy. Y a nuestro juicio el proyecto no satisface eso, porque le falta análisis y profundidad y eso lo planteamos a la comisión de Constitución.

La situación del centro de Coronel

En redes sociales, Patricia Muñoz ya había comentado el reportaje de Diario Concepción, con respecto a las dos licitaciones fallidas del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, el que, pese a tener recursos aprobados por el Core desde 2016. En el centro, que data de los 90, no se han inyectado recursos desde la entrada en vigencia de la ley penal adolescente en 2007, y se producen continuamente riñas entre los adolescentes y ataques a los educadores, sin que hasta el momento se conozca qué pasará finalmente por el destino del proyecto, ya que ni el gobierno ni Sename se han pronunciado al respecto.

– “Lo vi con mucha preocupación y sorpresa, porque uno se pregunta cómo es posible que, a pesar de los procesos administrativos que se establecen no logremos avanzar en este tipo de temáticas. Me parece imprescindible que la dirección nacional de Sename intervenga en esta situación, porque podrán haber fallado las licitaciones, pero eso no es excusa ni justificación para mantener niños vinculados con adultos ni para no responder a los derechos y garantías fundamentales que los niños que están en ese centro tienen, y por eso nosotros vamos a solicitar un pronunciamiento a la dirección nacional de Sename, para ver cómo y en qué tiempo van a intervenir.

– Aunque el mandante de la obra sea Gore, y no Sename.

– Aunque no sean los mandantes, eso no quita la responsabilidad que tiene el Estado de responder a las necesidades de esos niños, porque lo administrativo no puede estar por sobre los derechos humanos de los niños que están ahí.

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