La psicóloga, educadora social y criminóloga española visitó la zona para conocer cómo es la legislación y el tratamiento a los jóvenes infractores de ley en Chile.
Por las semejanzas que tiene la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Lrpa) en España con la legislación chilena, fue que la psicóloga Inmaculada Ruiz llegó a la zona, en el contexto de su maestría, para revisar cómo se ha implementado en el país.
En España ya se separó el sistema de protección del de justicia, proyecto que aún se discute en Chile, y aseguró que allá ese cambio ha dado resultado, “porque el sistema está más especializado para cubrir las necesidades y demandas que presenta la población, y es una intervención más aterrizada, teniendo en cuenta el contexto donde va a funcionar el joven”.
Una de las grandes ventajas del sistema español, y que en Chile aún no existe, es la especialización de todos quienes intervienen en el sistema. Esto, pese a que la Lrpa existe desde 2007.
“Acá llevo toda la mañana en audiencias, y eso acá no está presente. Solo la Defensoría tiene defensores juveniles. Hay jueces preferentes, pero no están especializados. Y los fiscales no tienen nada de esto, mientras que en España, el sistema de los adolescentes funciona por separado del de los adultos”.
Además, está complementado con equipos psicosociales que apoyan y orientan a los intervinientes en la sentencia, informando el estado del joven.
“Y me llamó la atención que acá en Chile no esté la especialización. Me contaron que existe un proyecto de ley para que cambie el circuito de atención y que se logre el objetivo de la ley, que es reinsertar y reeducar al joven”, planteó la psicóloga.
Esta especialización y la separación de ambos sistemas es la que a su juicio, lleva a reducir los factores de riesgo para los adolescentes que pueden caer en la delincuencia, como la deserción escolar, adicciones, no tener adultos como referentes.
Por esto, planteó que es urgente la especialización de quienes intervienen en el sistema penal juvenil y de otros profesionales que tienen contacto con los adolescentes, como profesores, terapeutas ocupacionales, sicólogos, “que tampoco cuentan con herramientas de especialización en caso de que les toque trabajar con estos adolescentes”.
En España, reveló que las mallas curriculares entregan esta especialización para psicólogos y trabajadores sociales, que tengan que realizar intervenciones, “en forma práctica, conociendo los lugares donde ellos están”.
En su paso por Concepción, Ruiz pudo conocer proyectos de intervención en medio libre, así como el Centro de Intervención Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel.
“Son diferentes a lo que hay en España, porque allá una de las cosas que facilita bastante que la sanción sea más adecuada, es la existencia de ese equipo psicosocial que asesora al juez en cómo se cumple la medida cautelar”.
En España también hay internamiento terapéutico, ya sea por consumo de sustancias, o por alguna patología en salud mental, en unidades especializadas, con el personal idóneo, lo que en Chile no existe. Sólo hay unidades de corta estadía, con pocos cupos, dentro del CIP-CRC, y lo mismo en la unidad de Psiquiatría del Hospital Regional.
Por eso, para la experta la esperanza está en el proyecto de ley que se tramita en Chile, “y que plantea la necesidad de tener un modelo de intervención diferenciada dentro del sistema, evaluando las diferentes necesidades de cada joven, y que se haga de una forma regionalizada, pero que tenga una guía metodológica, para que los jóvenes vuelvan a la sociedad con sus carencias cubiertas”.
Para Ruiz, la aprobación de este proyecto, el que está en su primer trámite constitucional en el Senado, sería clave para mejorar el sistema en Chile, “pero nunca será perfecto, y la delincuencia no va a desaparecer, es inviable, pero tenemos que ver cómo intentamos que haya menos reincidencia, y sean más efectivas la aplicación de las medidas y las sanciones para una reinserción, con avances como el de ese proyecto de ley, mejorando el sistema desde arriba, con la especialización desde la judicatura, a la implementación real en terreno”.