El catastro llevado a cabo por la Seremi de Salud y Senama busca establecer lineamientos para regular dichos establecimientos.
La tragedia desatada la madrugada del martes 14 de agosto en el Hogar Santa Marta de Chiguayante y que tuvo como resultado la muerte de 10 ancianas que se encontraban postradas, llevó a que la Seremi de Salud, junto a Senama y la Gobernación Provincial, realizarán un catastro de los hogares presentes en la ciudad, el que tuvo como resultado la lamentable cifra de 13 hogares ilegales en pleno funcionamiento.
Con el propósito de regular dicha situación, se llevó a cabo una reunión de coordinación para regular los establecimientos fuera de la norma y así evitar que vuelva a ocurrir una situación catastrófica.
“Buscamos establecer los puntos críticos y las necesidades que se establecen dentro de los hogares de ancianos autorizados y no autorizados, con el objeto de poder realizar una propuesta a nivel provincial, para que a nivel presidencial se pueda tomar una determinación respecto a modificaciones legales o a cooperación respecto a la situación que están viviendo cada uno de estos centros”, explicó el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras.
A nivel regional, existen 24 centros no autorizados, de los cuales, 16 ya han sido sumariados entre el 2017 y lo que va del año, expresó el seremi de Salud Bío Bío, Erick Jiménez. “Hemos realizado un levantamiento y como se puede mejorar las condiciones de los centros, debido al déficit de equipamiento, dotación profesional y hacinamiento en conjunto con Senama, viendo la posibilidad de cambiar a los residentes a otros hogares”.
La autoridad sanitaria, a su vez, comentó en cuanto a las condiciones mínimas para que un hogar funcione es contar con: un cuidador por siete residentes y uno por cada 10 en las noches, además de redes de evacuación y que el personal a cargo sea competente, dictámenes que en los 13 hogares fiscalizados no se cumplen.
Al respecto, la jefa de farmacia y profesiones médicas de la Seremi de Salud, Marta Larenas, acotó que “estos centros clandestinos fueron detectados por denuncias de vecinos, los cuales tenemos bajo vigilancia sanitaria”.
Sobre el por qué estos centros no fueron cerrados, Erick Jiménez argumentó que “estamos viendo donde llevar a los 227 adultos mayores, junto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor”.
Si bien en la Región del Bío Bío se encuentran en funcionamiento dos hogares dependientes del Servicio, estos se encuentran completos, complementó la coordinadora regional de Senama, Sigrid Ramírez.
“Vamos paso a paso identificando los centros vulnerables de la provincia, con el fin de trasladarlos, principalmente, a los presentes en el hogar de la comuna de Hualqui, el que se encuentra en condiciones críticas. Tenemos que apoyar a los centros fiscalizados que no cuentan con autorización, abarcando las necesidades de estos lugares, ya que tenemos una lista considerable de espera en los establecimientos de Hualpén y Coronel”, afirmó.
Con el fin de difundir las implicancias de la Ley N° 21.013 que protege a las personas en situación especial y la importancia del buen trato a personas mayores, se dio inicio a la campaña “+Derechos – Maltratos”, dirigida a cuidadores y familiares de ancianos residentes en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).
La iniciativa, que se extenderá hasta noviembre del presente año, busca que los 24 centros no autorizados y los 72 autorizados de la Región conozcan la normativa y se sensibilicen en el cuidado de los ancianos.
“A través de esta campaña comunicacional buscamos alcanzar el 85% de los cuidadores y la red de Atención Primaria de Salud, fomentando los derechos y que el maltrato a este grupo objetivo es un delito, y que cualquiera puede denunciar al Ministerio Público cuando sea testigo de algún hecho que atente contra los Adultos Mayores”, precisó el seremi de Salud.
Según el registro que maneja la cartera de Salud, al año 2016 se registraron 214 casos de maltratos hacia la tercera edad, por lo que se busca a través de la campaña generar compromisos por parte de los administradores de los Eleam del Bío Bío, como también de los familiares para que estas acciones no sigan ocurriendo. Medidas que, además, serán difundidas por redes sociales, páginas web y afiches publicitarios, en un plazo de 90 días.