Durante el verano, en medio de las notas sobre las picadas y los mejores festivales previo al comienzo de clases, Mario González, el ex concejal y candidato a alcalde de San Fernando hizo noticia por una medida desesperara, que según dice, era la única forma de llamar la atención de la opinión pública a un drama que no tiene vacaciones ni temporadas estivales.
En un colchón tendido en el suelo yacía González en cada una de las entrevistas ofrecidas a los programas de televisión. Su rostro reflejaba angustia y comenzaban a aparecer las primeras consecuencias de la huelga de hambre que inició por su hijo y el de tantas familias que están inmersas en el flagelo de la droga y que no cuentan con herramientas para superar la enfermedad.
Con 23 años, su hijo ha ingresado a cuatro tratamientos, públicos y privados, y a tres desintoxicaciones, que es el proceso previo a los planes terapéuticos de rehabilitación, sin embargo en cada uno de ellos ha decidido ha decidido abandonar el proceso a mitad de camino.
“Un adicto a la pasta base pierde la capacidad para discernir qué es lo mejor para su vida y tampoco posee la voluntad suficiente para continuar los tratamiento”, afirmó González.
Esa voluntariedad puede significar la vida o muerte de sus seres queridos, por eso piden que en los casos en que los adictos no asuman su condición, los tratamientos sean obligatorios porque está en riesgo la vida del individuo como de su familia.
Según explicaron desde Senda, el trastorno de consumo de sustancia está considerado como un problema de salud metal y forma parte de los manuales de clasificación psiquiátrica DSM-V y CIE-10. Asimismo, en conjunto con el Ministerio de Salud se ha diseñado una serie de documentos (normas técnicas y orientaciones) respecto a las distintas modalidades de tratamientos para dar respuesta a los distintos perfiles de personas que presentan consumo problemático de drogas.
Con respecto a las personas que ingresan a algún centro de tratamiento, éstas deben “firmar un consentimiento informado en donde toma conocimiento del funcionamiento del programa de tratamiento y acepta las condiciones y normativas existentes”.
Y subrayan: “Es fundamental la aprobación de la persona ya que esto da cuenta de la aceptación y voluntariedad necesaria al momento del ingreso”.
Para la psicóloga de la Unab, María José Millán, lo anterior responde a una condición que comparten todos los tratamientos de salud, por eso es que no se les puede obligar a menos que se trate de menores de edad o individuos que pongan en riesgo su vida. Dicha determinación es tomada por un juez, quien autoriza la internación del paciente a través del Ministerio de Salud.
Con 12 años de experiencia en tratamientos de adicciones, la directora del centro de salud Sepya, Carmen Gloria Betancourt, aseguró que el éxito de los tratamientos dependerá de la motivación del propio afectado, pero lo más importante es “sacar al paciente del acceso a las drogas”.
Justamente en ese primer objetivo es donde, cree, falla el sistema de salud público porque sacar al adicto del círculo de la droga significa necesariamente hospitalizarlo, sobre todo en las drogas más fuertes como la pasta base, indicó.
Pero no solo eso, la psiquiátrica puntualizó en la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios que traten a los pacientes, profesionales con trayectoria y especialización que sepan actuar ante las recaídas y las manipulaciones. A su vez, lamentó el surgimiento de centros que continuar con tratamientos de los años ‘50 o ’60. Métodos que resultan dolorosos para los tratantes y que no tienen como objetivo conocer las causas que desencadenaron la drogadicción.
De acuerdo a las cifras de Senda, las personas atendidas en programas de tratamiento para población adulta, el 16,7% egresó con alta terapéutica, es decir, este porcentaje de personas concluyó con su proceso de tratamiento y de los programas para adolescentes, un 7,4% egresó con alta terapéutica.
Cabe señalar que un porcentaje importante, un 27% de personas adultas, egresó por derivación a otro programa lo que significa que dieron continuidad de su tratamiento en otro programa, con mayor pertinencia de acuerdo a la situación particular.
En los casos de adolescentes, un 42,4% fueron derivados a otro programa como causal de egreso.
El primer paso para iniciar los tratamientos es la desintoxicación, para eso el paciente requiere mantenerse en abstinencia, cosa que es muy complejo de llevar a cabo desde los hogares. El ideal sería que el proceso se concretara en los establecimientos de salud, sin embargo la realidad es que las camas son insuficientes en comparación a la población que las demanda.
Betancourt explicó que “no hay disponibilidad y no se subsidian estos tratamientos porque las camas de psiquiatría están destinadas, de acuerdo a la legislación, a pacientes que están con cuadros psicóticos, que tienen esquizofrenia o bipolaridad crónica o que pongan en riesgo su vida o la de un tercero. Por tanto, los pacientes con adicción no son prioridad y lamentablemente quedan en la cola”
Esa realidad es la que le ha tocado presenciar desde cerca a González. Por eso al ser recibido por la entonces vocera de gobierno, Paula Narváez, recalcó la necesidad de contar con camas y que se les permita a los padres o cuidadores realizar test de drogas a sus hijos en cuanto sospechen del consumo.
Cuando se habla de los efectos o consecuencias que viven las personas que tienen a su cargo un tercero, jamás se hace en relación a los familiares de los adictos.
Sin duda, ellos son las otras víctimas del flagelo. Sin herramientas ni contar con medios para contenerlos se ven envueltos en dolorosos episodios de violencia. Aquel que vieron crecer y desarrollarse pasó a transformarse en un desconocido que tiene como único propósito obtener dinero para saciar su hambre de consumo, aunque eso signifique robarle a quienes le dieron la vida.
Gentileza AFA | Facebook
“Los padres necesitan dejarse asesorar, deben tener contención y tratarse. El rol que ellos desempeñan en el tratamiento de sus hijos es fundamental, independiente de la edad, y para eso deben estar en primer lugar, bien ellos”, afirmó María José Millán.
AFA, Agrupación Familiares de Agustiados, cumple de alguna forma con esa misión. Los padres se contienen, exponen sus experiencias y se guían, y es que quien más que ellos saben el calvario que viven a diario.
En total son cerca de 120 familiares reunidos en la organización que está ad portas de convertirse en Fundación y que tendrá como misión asesorar jurídicamente a sus integrantes, así como brindarles herramientas para contribuir de manera positiva en los tratamientos.
En Chile, dice González, sólo el 2,1 % del presupuesto de salud está enfocado en salud mental. Cifra lejana a los países de la OCDE. “Un ejemplo es Uruguay dispone del 6%, Cuba el 5% y Perú el 4%”, precisó.
La educación es otro tema. La falta de conocimiento en la materia provoca, a juicio de Betancourt, que la población criminalice a los adictos, que prefieran verlos presos antes que sanados. “La sociedad ni el Estado se ha hecho cargo de una problemática que va en ascenso, prefieren enfrascarse en discusiones burguesas de la legalización en vez de tratar el tema de fondo”.
La medida extrema de González y la notoriedad pública que tuvo su caso le permitió formar parte de la Comisión de Salud de Senado y de la de Desarrollo Social y Familia, de la Cámara de Diputados. En ambas instancias expuso en representación de los AFA y solicitó todo lo expuesto con anterioridad.
De forma paralela, ingresaron dos cartas dirigidas al Presidente Piñera, sin embargo no han tenido las respuestas esperadas. Mientras tanto seguirán luchando contra el tiempo, pero con el anhelo de que sus hijos recuperen su libertad.