Hasta el Ministerio Público de Lebu llegó el director (s) del Serviu Región del Biobío, Ricardo Troncoso, para denunciar un posible fraude al Fisco y falsificación de Instrumento Público.
Las posibles irregularidades quedaron en evidencia cuando, tras la solicitud de una empresa de factoring para el cobro del subsidio por la construcción de 4 viviendas para familias de Curanilahue, se descubrió que, pese a no haber carpetas de los proyectos al interior del Servicio de Vivienda y Urbanización, sí existían documentos que acreditaban el ingreso de éstas por parte de una empresa constructora.
En este caso, se trata de viviendas construidas con el Subsidio Habitacional DS01, Sectores Emergentes modalidad Construcción en Sitio Propio, donde son los propios beneficiarios quienes eligen la empresa constructora para ejecutarlo. Una vez terminadas las obras, el procedimiento administrativo, para que éstas puedan cobrar los dineros correspondientes, es la entrega de un expediente en el Serviu que contiene, entre otras cosas, antecedentes legales y técnicos, además del certificado de recepción municipal, emitido por la Dirección de Obras del municipio.
De esta manera, tras revisarse el documento que acreditaba el supuesto ingreso del expediente al Serviu, se comprobó que el timbre del oficio, no correspondía al de la oficina de partes y que la Dirección de Obras del municipio de Curanilahue no había emitido los certificados de recepción.
Con estos antecedentes, el Departamento Provincial de Arauco del Serviu detuvo el pago de los subsidios y comenzó la revisión de otros proyectos, asociados a esta empresa constructora, detectándose las mismas probables irregularidades en otros 25 casos correspondientes todos a la misma comuna, pero que, a diferencia de los primeros, sí fueron pagados.
“Esta denuncia tiene por objetivo que el Ministerio Público genere una investigación a fin de determinar las responsabilidades que podrían generarse, en relación a los hechos que fueron detectados acá en Lebu. Por nuestra parte iniciamos una investigación interna con el objetivo de resolver si dentro de nuestros procesos se ha generado alguna irregularidad”, expresó Ricardo Troncoso, Director (s) de Serviu Biobío.
Aproximadamente los montos involucrados en este posible delito, alcanzarían la suma de 360 millones de pesos, algo que deberá ser ratificado o descartado a través de esta investigación, que corresponden a las 520 UF que el subsidio asigna por cada beneficiario.