El objetivo es proteger a las mujeres víctimas y así llegar a tiempo. La tenencia de armas por parte de los agresores y el desistimiento de las denuncias son otros obstáculos para evitar que las denuncias terminen en femicidios.
La creación de una Unidad Especializada, respecto al seguimiento de las medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar, anunció el gobernador de Concepción, Robert Contreras, tras la última sesión del Comité Policial, el pasado jueves.
La decisión se tomó tras analizar los últimos hechos de ese tipo en la zona, sobre todo, el femicidio de Soraya Sepúlveda Riquelme (29), el pasado 11 de junio en la galería Caracol de Concepción.
En la instancia, se revisó el trabajo de Carabineros y la PDI en estos casos, y se concluyó que se debe reforzar el seguimiento de estas medidas. En ella participan, además de las policías, el Ministerio Público, la coordinación regional de Seguridad Pública, el ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
“Vamos a ver la forma de pedir, a través del Ministerio del Interior, que se cree una unidad especializada, porque Carabineros cumple una tarea importante, pero no está centrada en esa labor exclusivamente. Creo que es una petición bastante concreta que podemos realizar como provincia de Concepción para que esto también se replique a nivel nacional. Esta medida puede ser utilizada como elemento de seguimiento y de disuasión a quienes quieren ejercer violencia sobre las mujeres”.
En la reunión, se conoció que sólo la prefectura de Concepción tiene a su cargo 419 de estas medidas, y sólo en la comuna de Talcahuano, la cifra llega a 264.
Para mejorar el trabajo policial, ambas prefecturas han implementado medidas, como implementar vehículos, oficinas exclusivas para este delito, realizar charlas educativas en los colegios, además de mejorar los partes policiales, para que incluyan toda la información que necesita la Fiscalía y los Tribunales.
“Tenemos una gran cantidad de población y gran cantidad de medidas cautelares, ese seguimiento es una de las bases importantes que tenemos que seguir revisando y actuando sobre ellas. El trabajo conjunto con las policías y el Ministerio Público, la coordinación de Seguridad Pública y el Sernameg en esta mesa nos hace aunar criterios y lo más importante ahora es ese seguimiento”, dijo Contreras.
La mayor Karen Varela, jefa de la Segunda Comisaría de Concepción y representante de Carabineros en la mesa regional de femicidios, explicó que, efectivamente, deben manejar una gran cantidad de medidas cautelares y de protección.
“Hay que organizarlas, darles un orden para contactar de inmediato a la persona. Pero muchas veces la gente no quiere la presencia de Carabineros, por resguardar su imagen, entonces, los contactamos por teléfono, pero siempre informamos a la Fiscalía”.
Sin embargo, agregó que es clave el rol del círculo cercano de la víctima, “porque cuando nos avisan que el victimario va al domicilio, concurrimos y lo tomamos detenido por desacato, porque incumple una medida emanada por un tribunal”.
Muchas veces, por diversos motivos, las mujeres no comunican esta situación a su círculo cercano, quienes entonces no pueden protegerlas llamando a Carabineros si ellas se enfrentan a una situación de riesgo.
Otra de las situaciones que el comité decidió revisar es el hecho de que muchas veces los agresores, pese a estar denunciados, tienen armas en su poder, tal como ocurrió en el caso de Soraya Sepúlveda, por lo que se trabajará en realizar el seguimiento para determinar si el agresor tiene o no armas inscritas, ya que si es así se le quitan de inmediato. Sin embargo, muchas veces, la falta de coordinación entre las instituciones impide esa situación.
Para que esto no ocurra, en la prefectura penquista se implementaron mejoras en el parte policial de violencia intrafamiliar, donde se le consulta a la víctima si en el hogar o en poder del agresor hay armamento, lo que también se debe consultar a la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas, explicó la mayor Varela.
Deysi Salinas, coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Concepción, y también participante en la reunión, recordó que “es impensable que una mesa de seguridad pública pueda terminar con los femicidios en Chile, ya que esto es un tema sociocultural. Hay que intervenir en la más temprana infancia, desde los 2 años, al menos”.
Agregó que ya hay protocolos para trabajar con las víctimas, “ahora hay que perfeccionarlos y que las mismas instituciones hagan llegar esa información, y fiscalicen que estos protocolos se cumplan, porque hemos podido darnos cuenta de que cometemos errores”.
Por ejemplo, precisó que falta que todos los carabineros tengan la capacitación para escribir en el parte policial toda la información necesaria, o que algunas instituciones no conocen aún el circuito de femicidios para activarlo en 24 horas como corresponde “y eso hay que fiscalizarlo, y revisarlo constantemente”.
Otro enemigo con el que luchan es el desistimiento de las denuncias por parte de las mujeres, que lo hacen porque son amenazadas por sus agresores.
“Hay mecanismos y organismos que las pueden ayudar. Si una persona es condenada o investigada por violencia intrafamiliar no pierde sus obligaciones como alimentante, las víctimas tienen saber que tienen derechos y aunque el agresor se vaya preso o denunciado no pierden ciertas garantías, y los organismos psicosociales tienen la tarea de llegar rápido a la víctima para contenerla y que ella sepa que no está sola en ese momento, eso permite que se sienta más segura y no desista de la denuncia”, dijo Salinas.