El profesional aseguró que el país ha mejorado notoriamente en la reacción ante las catástrofes naturales, pero que no se trabaja en disminuir el potencial letal que tienen, “y eso ocurre porque nos hemos acostumbrado a vivir en emergencias”.
Cada tres meses, en Chile ocurre una catástrofe. Ya sea por la naturaleza o por fallas humanas, en ese lapso se deben desplegar todos los recursos posibles para recuperar lo perdido. En esas tragedias se pierden vidas humanas y bienes materiales, obligando al Estado a desembolsar recursos en pago de indemnizaciones y reconstrucción.
Para Alejandro Valdebenito, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos, Chile está “en pañales” en el tema.
“Cuando analizamos las cifras, nos hablan de un 3,5% de probables emergencias, es decir cada tres meses estamos expuestos a alguna. Eso se calcula con la cantidad de emergencias en el año y se divide por la tasa de frecuencia anual y te da un porcentaje. Y a veces las tenemos seguidas: en 2016 tuvimos el terremoto de Chiloé, a las 2 semanas los incendios de la quebrada de Valparaí- so, luego los aluviones en el invierno altiplánico y luego hubo marejadas en el litoral”, dijo el experto. Y con esto, agregó, somos de los países que más gasta en reconstrucción de infraestructura pública.
Para Valdebenito, no es excusa decir que estas catástrofes son causadas por la naturaleza, “porque ésta es una variable certeza, por lo que hay que hacer es disminuir el potencial de peligro. Cuando sabemos que una generación de vida va a vivir al menos dos o tres terremotos, lo que debo hacer es planificar la consecuencia, disminuyendo el potencial letal”.
Es decir, para el experto se falla en la planificación, ya que en Chile no se realiza en los planos reguladores, ya que no se incluyen todas las variables de riesgo. “Por ejemplo, el liceo A-21 quedó hecho pedazos después del tsunami de 2018. Se gastaron millones de pesos en reconstruirlo, pero en el mismo lugar donde sabemos que una ola puede volver a reventar. Y nosotros sabemos que cada 120, 150 años, se va a producir un tsunami destructivo que va a destruir ese liceo. Esa variable hay que incluirla en el plano regulador, para que la infraestructura pública quede en zonas de menor peligro posible”.
Agregó que en otras comunas, como Tomé y Dichato, pasó lo mismo. “Y eso es porque el 70% de las casas vulnerables en Chile son las que mayor riesgo tienen: están construidas en quebradas, en zonas de latencias de incendios, en fallas geográficas cercanas al mar, y eso pasa porque se privilegia la inversión inmobiliaria de más alto nivel y las casas vulnerables las sacamos hacia afuera y las expusimos a un mayor nivel de riesgo”.
Agregó que las viviendas sociales debería tener sensores de humo, ya que según la información de Bomberos el 80% de los incendios en Chile se producen en casas vulnerables, “y como política pública deberían incluirse, porque tenemos la certeza de que en algún momento alguna de esas casas se va a quemar, por eso la idea es que la exposición a ese riesgo sea la menor posible”. También agregó que se debe exigir en los planos reguladores la instalación de cortafuegos si se construye al lado de un cerro con plantaciones forestales. Agregó que los municipios deben tener expertos en prevención riesgos a cargo de planes de emergencias, e incluir estos temas en las mallas curriculares de los colegios, “porque sabemos que las primeras ayudas las entregan los voluntarios, los vecinos, entonces deberíamos certificarlas y formarlas. Hay una resolución exenta que obliga a los establecimientos educacionales a informar de este tema, pero no se hace cómo corresponde, con especialistas”.
Tras el terremoto de 2010, Valdebenito aseguró que la única mejora concreta son los sistemas de comunicación, pero “lo que aquí importa es planificar que el impacto sea lo menor posible”.
Para el experto, esto ocurre porque como país “hemos subvalorado la vida: estamos acostumbrados a vivir en emergencias”.
Valdebenito recordó que no es primera vez que en Chile una explosión de gas se cobra vidas, como lo ocurrido en el Sanatorio Alemán, “y sale la autoridad diciendo que son casos aislados. No, no son casos aislados. Son cosas que vienen sucediendo en Chile hace tiempo. En los últimos 10 años, Chile es el país que más ha gastado en indemnizaciones, reconstrucción de infraestructura pública, casas, sistemas de emergencia, que la entrega de viviendas, colchones, etc. Eso ha costado un 8% del PIB, y si hiciéramos una correcta prevención, esto no ocurriría”.
En el tema del gas, aseguró que hay falta de conocimiento de la ley, ya que con la subcontratación, hay muchas pequeñas empresas que no tienen obligaciones legales de tener un experto en prevención, ya que tienen menos de 100 personas. “Entonces no tienen ni formación técnica ni equipamiento, porque se trata de bajar los costos lo máximo posible”, dijo, y recordó las fugas en calle Chacabuco, el colegio Salesianos y el Hospital Regional. Agregó que los hospitales no tienen sello verde, y menos los centros de Sename.
“Hay una mala coordinación que explica las fugas de gas, lo que demuestra que en Chile estamos en pañales en el tema de la prevención. Chile es espectacular en la reacción, en cómo actuamos en la emergencia, pero tenemos que evitar que la emergencia no se transforme en desastre. No hay en Chile una política pública de prevención de riesgos civiles, laborales y ciudadanos, tampoco hay un sistema integrado de información de riesgos, que debería contemplar la exposición a riesgos naturales, cómo y dónde se construye. Por ejemplo, en un mall nadie sabe dónde están las vías de evacuación. Todo eso tiene que cambiar”.
El director provincial de Protección Civil y Emergencias, Álex Tardón, explicó que cuentan con un Comité Provincial de Protección Civil, que apuntan a la preparación y mitigación, y que les ha permitido identificar las falencias para así tomar medidas para enfrentar mejor las emergencias.
Así, han elaborado protocolos para enfrentarlas, “como en el caso de la explosión en el Sanatorio Alemán, donde trabajamos con un sistema de comando de incidentes, lo que ayudó a trabajar mejor”.
En ese comité, que ya lleva cuatro años, se trabajó en detectar los puntos críticos de la provincia en las 12 comunas, para este invierno, donde hay 362 lugares identificados, 142 son posibles anegamientos y de ellos 55 son puntos de riesgo alto. “Ya sabemos entonces que el riesgo mayor para la provincia son los anegamientos, entonces eso nos facilita la forma de trabajar”.
Tarón agregó que gracias a esta labor, se han podido adelantar a los riesgos en los periodos estacionales. “En invierno, trabajamos con el programa forestal: vemos cuánta agua ha caído y si va a influir en los incendios forestales, por el crecimiento de la vegetación y en el verano, empezamos a trabajar en los puntos críticos de invierno, como en los cerros que quedan sin vegetación y con riesgo de aludes, y eso para nosotros es adelantarnos un poco a la jugada”.
Ahora, se trabajará incluyendo a los privados, como los encargados de luz, agua y gas, “y necesitamos mayor coordinación para que ellos no estén cada uno por su lado”.