El próximo miércoles 18 de abril se realizará una nueva asamblea destinada a lograr consensos para reconstruir la torre B, que quedó en pie tras el terremoto de 2010.
Ocho años han pasado ya del terremoto de 2010, y en el sector de la Plaza Cruz aún sigue en pie lo que quedó de la torre B del edificio Plaza del Río y ésta aún no puede ser reparada por diferencias entre la Inmobiliaria Levante, propietaria del 83% de los derechos de la estructura, y 23 copropietarios.
Hay que recordar que en 2014 hubo un acuerdo alcanzado por un grupo de 99 ex residentes del edificio, que contempló el pago de mil 500 millones de pesos para los afectados, a cambio de sus derechos en los departamentos. Además, se firmó el compromiso de reconstruir la torre B de la estructura ubicada en calle Salas 1343. La torre A fue demolida tras el mega sismo.
Sin embargo, un grupo de 23 ex vecinos del edificio decidieron no demandar o se restaron del acuerdo judicial y optaron por no ceder sus derechos de propiedad, y esperar que la inmobiliaria reparara sus departamentos.
En estos años, se ha trabajado en el presupuesto para reparar la estructura, de lo que se haría cargo la misma inmobiliaria. Además, tienen que lograr los acuerdos para vender el terreno donde estaba ubicada la torre A y con esos dineros reconstruir la estructura, junto con los aportes que debe hacer cada propietario, lo que depende de la superficie de cada departamento”, explicó el abogado Juan Silva Correa, presidente del comité de administración de la comunidad del edificio Plaza del Río, quien fue contratado por Levante para favorecer la cercanía entre ambas partes del conflicto.
Sin embargo, en la asamblea del 5 de noviembre de 2017, realizada en la notaría Salgado, una de las copropietarias se molestó y rompió el acta de los acuerdos. La semana pasada un grupo de ex residentes protagonizó una protesta fuera del edificio, lo que alejó aún más las posturas entre ambas partes.
Gustavo Fuentes, representante de la inmobiliaria, recordó que incluso hay cuatro personas que no han podido ser ubicadas, por lo que no se sabe qué pasará, porque se cuenta con el dinero que ellas deberían aportar para pagar la reconstrucción de sus departamentos. La única solución posible sería rematarlos y con eso pagar a la constructora que se haga cargo de la reparación.
Así, el 18 de abril está citada una nueva asamblea para avanzar en el proceso de reparación.
“Hay una gran mayoría de copropietarios que me han ayudado a trabajar en este proyecto, pero resulta que estos cuatro copropietarios que realizaron esta protesta ningunean el trabajo de sus propios compañeros y se olvidan que todos somos una comunidad de la que también es parte la inmobiliaria”.
Y es que Levante compró, en 2014, el 80% de los departamentos a sus propietarios, dado el vínculo que había con la inmobiliaria Jardines del Sur, que construyó el edificio, ambas pertenecientes al holding Futuro.
Ese mismo año asumieron la custodia del lugar, la que antes estaba a cargo de los propietarios. Tras el terremoto, el edificio sufrió destrozos, robos y fue ocupado por indigentes.
“Nosotros somos copropietarios del 83% del edificio, entonces es obvio que tenemos todo el interés de repararlo, pero ellos piensan que nosotros tenemos alguna otra intención y eso no es así”, insistió Fuentes. Los costos de reparar el edificio fluctúan entre 13 a 20 millones de pesos por ex residente.
Víctor Mora, uno de los cinco voceros de los ex residentes, discrepó de lo expresado por Silva y Fuentes, ya que aseguró que aún hay desconfianza por parte de los copropietarios de las decisiones adoptadas por la asamblea.
Una de las cosas que los molesta es que la inmobiliaria tiene los dineros del seguro de áreas comunes, que asciende a 400 millones de pesos, el que según Levante se ha gastado parte de este dinero en costear la empresa de guardias que está a cargo de vigilar la estructura, para evitar que nuevamente se llene de indigentes y sea saqueada, ya que entre 2010 y 2014, sufrió el robo de puertas, ventanas y todo lo que los delincuentes se pudieron llevar.
Además, explicó que “hay desconfianza entre los vecinos, es una mezcla complicada en que uno no confía en el otro y además hay que buscar los dineros para empezar a reconstruir. Una idea era vender el terreno donde estaba la torre A y también hay un costo para los vecinos, pero hay algunos que no están de acuerdo con la venta y ellos creen que la inmobiliaria va a tomar la plata de la venta del terreno, y lo van a usar para otra cosa, como pasó con la plata de los seguros, por eso se frustró el último acuerdo”, explicó.
Agregó que son las desconfianzas las que han entrampado el proyecto, “y la inmobiliaria no había tenido un acercamiento en todo este tiempo. Estamos de acuerdo con que se reconstruya, pero no estamos de acuerdo en las formas cómo se está haciendo”.