La absolución en el caso Luchsinger y la libertad de Héctor Llaitul y Emilio Berkhoff tienen en alerta a gremios de la zona.
Molestia e impotencia causó en las víctimas de atentados en la Provincia de Arauco y en La Araucanía la noticia de la libertad condicional de Emilio Berkhoff, estudiante de Antropología y adherente a la denominada causa mapuche y, más aún, la absolución de los 11 imputados del delito de incendio con resultado de muerte, donde falleció el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
A esto se suma la decisión de la Corte Suprema de dejar en libertad a los ocho imputados de la Operación Huracán, acusados de la quema de incendios en La Araucanía, entre los que se encontraba Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.
En el caso de Berkhoff, fue liberado por cumplir todos los requisitos que exige la Comisión de Libertad Condicional, es decir, tener la mitad de la condena cumplida y buena conducta. Él cumplía una condena de cinco años de cárcel por porte ilegal de armas.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Hadoff Ascencio, explicó que la libertad condicional es un derecho y no beneficio.
“En este caso, la comisión explicó que este derecho sí era procedente, porque estaba condenado por infracción a la ley de control de Armas y no por un delito terrorista”, dijo Ascencio.
En cuanto a la Operación Huracán y al juicio por el incendio donde falleció la pareja de ancianos, el argumento utilizado por la Corte Suprema y el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, fue que las pruebas fueron insuficientes para establecer la participación de los acusados en los hechos.
Al finalizar el juicio en Temuco, el fiscal Roberto Garrido dijo a La Tercera que “no compartimos esta resolución. El tribunal no ha valorado la prueba en su conjunto, imponiéndonos un estándar de convicción prácticamente inalcanzable, exigiendo que se presenten testigos presenciales, fotografías o videos de personas cometiendo estos delitos. Nos parece que no es ese el estándar que consagra el código procesal penal y en definitiva, lo que hace es consagrar la impunidad para cierto tipo de delitos”, sostuvo el persecutor.
El presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, dijo que estas resoluciones judiciales “dan cuenta de la dificultad que está enfrentando el sistema judicial del país al momento de identificar y castigar con las penas correspondientes a la gravedad de los hechos, a los responsables de actos criminales como fue el cruel asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, así como quemas de camiones e iglesias en la Región, con el único propósito de infundir terror en esa zona de nuestro país.
La vocera de la Agrupación Paz y Diálogo en el Bío Bío, Solange Etchepare, dijo que con esto “a las víctimas no nos queda más que rezar. Aquí hay presiones políticas, porque no me explico cómo es posible que no haya justicia para ninguna de las víctimas”.