Robos a cajeros automáticos, farmacias, portonazos, locales comerciales y conductores de Uber son algunos de los focos investigados durante el primer año de trabajo operativo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, (Sacfi), de la Fiscalía de la Región del Bío Bío.
Ayer, el fiscal regional, Julio Contardo, y el fiscal jefe del Sacfi, José Patricio Aravena, dieron a conocer el balance del plan, que en un año ya tiene 38 focos investigativos en la Región del Bío Bío.
De ellos, el 65% de los focos han sido robos con violencia e intimidación, el 19% robo en lugar habitado y 16% robo en lugar no habitado.
El 35% de los focos se han decretado en la macrozona de Concepción, 16% en Bío Bío, 11% en Coronel, 11% en Ñuble, 8% en Talcahuano, 8% en Arauco, y 11% han abarcado más de una zona.
El fiscal Contardo destacó que en este año, 232 personas han sido imputadas de delitos investigados por el equipo Sacfi, y agregó que sólo 10 de estos imputados han cometido delitos en contra de cerca de 100 víctimas.
“Es una cifra tremendamente importante, porque se han desbaratado bandas, y eso tiene un impacto en la ejecución de delitos en forma permanente. Además, hay imputados prolíficos, delincuentes habituales, que hacen de su vida una profesión delictual. Este trabajo, ya no del caso a caso, separado un hecho de otro, sino que mirado en conjunto, tiene un resultado que podemos mostrar con respuestas concretas ante la comunidad”, precisó.
A la identificación de imputados prolíficos se suma el esclarecimiento de casos no flagrantes. Asimismo, se han decretado 147 prisiones preventivas o internaciones provisorias en el caso de menores de edad. Y se han obtenido 118 sentencias condenatorias.
El equipo de analistas ha generado 344 reportes a los fiscales y sus equipos de trabajo, lo que ha permitido detectar nuevos casos, identificar sujetos y asociación de delitos, y establecer redes de personas implicadas en hechos delictuales.
En el trabajo con equipos policiales exclusivos para las labores investigativas, se ha trabajado en un 68% con la Policía de Investigaciones y en un 32% con Carabineros. Esta labor exclusiva con equipos policiales ha permitido una comunicación más fluida y por distintos medios con fiscales y analistas, plazos y diligencias más acotados, nuevo y mejor uso de las herramientas de investigación en casos complejos, y una positiva participación conjunta en actividades con la comunidad.
En cuanto a los desafíos para este año, el fiscal regional detalló que la idea es extender el trabajo de la Unidad de Análisis con otras instituciones, “y nos interesó una propuesta de la Universidad del Bío Bío, con la Facultad de Ingeniería Civil, para trabajar con procesos que faciliten el trabajo de nuestros analistas. Es uno de tantos proyectos que tenemos para mejorar la calidad de nuestra persecución penal”.
Además, se trabajará en implementar un sistema de alertas sobre imputados prolíficos y en mejorar el uso de información sobre vehículos participantes en delitos.
Contardo aclaró que por ahora el Sacfi se enfoca sólo en delitos contra la propiedad. “Y esto parte así, con estos delitos, los más graves, pero se contempla la posibilidad que los delitos de mayor connotación sean abordados por los Sacfi regionales, una vez que el sistema esté afianzado. Para esto es necesaria una ampliación de la cobertura, por definición del fiscal nacional, junto a los fiscales regionales”.
El fiscal Aravena precisó que el 90% de los imputados que son llevados a Tribunales han sido condenados y agregó que las cifras de delitos contra la propiedad han descendido en el último año.
“Queda trabajo por hacer, como por ejemplo, en los robos a cajeros automáticos, donde nuestra región salía de la media nacional, pero ahí es donde el sistema tiene que hacer su trabajo y afrontar esos problemas con una visión de conjunto. Así es como hemos podido presentar resultados en materia de quienes se dedican a cometer este tipo de delitos, sobre todo con el impacto que esto tiene, por los delitos asociados a su comisión”.
Por eso, Aravena insistió en que las personas tienen que denunciar, “es clave para que el sistema funcione, sólo teniendo los datos de todos los casos podemos identificar donde están realmente los problemas delictuales”.