Sin partes debutó la ordenanza municipal. Un total de 10 inspectores municipales junto a 10 efectivos de Carabineros fiscalizarán el cumplimiento de la norma, que ya cuenta con detractores y que ayer generó la primera protesta pacífica.
Sin partes debutó la ordenanza municipal. Un total de 10 inspectores municipales junto a 10 efectivos de Carabineros fiscalizarán el cumplimiento de la norma, que ya cuenta con detractores y que ayer generó la primera protesta pacífica.
Ximena Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
Ya se advirtió a la comunidad sobre las consecuencias a las que se expondrán por comprar en el comercio ambulante ilegal y se entregaron partes de cortesía buscando que las personas tomen conciencia sobre la falta en la que incurren al adquirir cualquier producto en las calles.
Ahora el panorama cambió, pues desde ayer el municipio de Concepción está haciendo efectiva la ordenanza que norma las actividades comerciales no autorizadas en bienes de uso público y que multa entre una y tres UTM a quienes la infrinjan.
El alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, aseguró que la nueva etapa de ordenamiento del espacio público- que se pone en marcha con apoyo de la Gobernación y de Carabineros- implica citaciones a los juzgados de policía local y las respectivas sanciones económicas a quienes compren, pero sin dejar de lado las sanciones a los vendedores.
"Es un gran trabajo porque está orientado a cambiar la cultura de las personas que, por un lado, critican la gran cantidad de vendedores ilegales en las calles, pero a la vez les compran, incentivando a que estas personas lo vean como un negocio lucrativo sin pagar patentes, permisos y ocupando nuestras calles (…) No se les debe comprar porque estamos cometiendo una falta y contribuyendo al aumento de la delincuencia y del tráfico de drogas".
El jefe comunal aseveró que lo ideal es que el comercio ambulante ilegal se formalice, similar a lo que se realizó con los vendedores de pescados y mariscos en calle Caupolicán, pues el comercio ilegal ha generado la baja de cortinas de negocios que eran históricos en la ciudad.
Cristina Díaz, vocera de los comerciantes ambulantes sin permiso para trabajar, expresó que no aceptarán que se infraccione a sus clientes. "Entendemos que nos puedan partear a nosotros, pero a la gente, que tiene el derecho de elegir dónde y a quién comprar no (…) Vendo de los 14 años y ahora tengo 36, la gente no va dejar de comprarnos", dijo en Aníbal Pinto con Barros, en una manifestación pacífica para representar su molestia por la norma.
Sostuvo que esperan tener una reunión con el alcalde Ortiz para lograr solucionar la problemática. "Queremos tener un lugar donde trabajar tranquilos, sin tener que andar corriendo como si fuéramos ladrones. Les hemos enviado cartas al alcalde, pero no nos ha dado ayuda. Cuando Ortiz era concejal nos apoyaba y decía que había que buscar solución, salió alcalde por nuestro apoyo y ahora lo olvidó".
Díaz detalló que toda la vida ha luchado por tener un permiso municipal, similar a los carritos que funcionan en el centro, pero que se les ha negado la posibilidad, ya que sólo está orientado para minusválidos. "El alcalde nos relaciona con la delincuencia y acá sólo somos trabajadores, jefes de familia, entre nosotros, que no somos más que 37 porque el resto son peruanos y ecuatorianos, no hay ladrones, los ladrones están en otras partes, pero andan de cuello y corbata".
Control y efectividad
Un total de 10 Carabineros trabajarán en conjunto con el mismo número de inspectores municipales para facilitar la fiscalización de cerca de 400 vendedores ilegales, pues, según dijo, muchas veces el personal de la municipalidad es amenazado, tratado con garabatos, o bien, derechamente agredido.
El capitán Miguel Monsalves, subcomisario de los Servicios de la Primera Comisaría de Concepción, explicó que el trabajo que realizarán en conjunto con los inspectores municipales busca un cambio en la conducta de la población y eliminar el comercio ilegal que sólo durante este año ha arrojado 1.700 infracciones a quienes lo ejercen, sumado al decomiso de distintas especies.
Hasta el momento, no se han cursado partes oficiales a quienes compran en las calles, pues a su juicio, las personas están entendiendo que el hecho constituye una falta, pero sí realizaron dos decomisos de productos a las personas que venden en carros de supermercados, quienes además de la venta ilegal estarían cometiendo el delito de receptación.
Al ser consultado sobre la efectividad de la ordenanza, el capitán Monsalves estimó que, a lo menos, se deberá dar un período de un mes para evaluar su funcionamiento y resultados.
La gobernadora, Andrea Muñoz, afirmó que la ordenanza debería funcionar sin problemas, pues se cuentan con las herramientas legales y con el apoyo de Carabineros. "Lo peor que podemos hacer es que porque otras ordenanzas no hayan funcionado (cruce a media calle) no hagamos nada. Vamos a seguir trabajando para enfrentar esto seriamente porque es un derecho poder transitar sin problemas por nuestras calles".
Ortiz aseguró que la normativa, que está vigente desde 2007, cuenta con respaldo jurídico, a pesar de las opiniones de abogados que insisten en que sólo se puede sancionar a quienes venden de manera ilegal y no a las personas que compren, porque vulnerarían un derecho.
Agregó que contarán con todas las herramientas legales necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza, incluyendo, el registro de las cámaras de seguridad para lograr terminar con el comercio ilegal.
Monsalves recalcó que están preparados para controlar posibles manifestaciones de los ambulantes en contra de la normativa y que en caso de ello actuarán Fuerzas Especiales para lograrlo.
La normativa incluirá fiscalización a 233 personas que cuentan con permiso para vender, pues deben tener sus documentos actualizados y cumplir con el metraje autorizado para el comercio.