Sindy Salazar Pincheira
Abogada Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Una mujer mapuche, defensora ambiental y líder de su comunidad, desaparecida sin dejar rastro en un territorio en disputa. Pese a la gravedad del caso, el nombre de Julia Chuñil solo se instala en la agenda pública once meses después, no por la acción del Estado ni de los grandes medios, sino porque una filtración logra romper el silencio. Once meses de apoyo ciudadano que choca con la tibieza estatal: aunque la Fiscalía sostiene que hay diligencias en curso, resulta evidente que el despliegue político y comunicacional no acompaña cuando las víctimas son los defensores de la tierra.

El caso de Julia Chuñil no es aislado: cuando se cruzan género, identidad mapuche y defensa territorial, la cobertura mediática calla y la reacción institucional se dilata. El sistema reacciona con atención y publicidad cuando la víctima encaja en el relato hegemónico del dolor, pero se demora cuando las circunstancias exigen mirar con detenimiento a la cara local del poder económico. Pese al deber del Estado de prevenir, sancionar y reparar, casi un año después seguimos dependiendo de trascendidos para saber qué pasó.

La cobertura del caso se vuelve un espejo de nuestras jerarquías del sufrimiento: quién merece búsqueda prioritaria y quién no; qué vidas mueven titulares y cuáles apenas logran una nota al cierre. Su desaparición desnuda una violencia concreta y otra simbólica, aún más profunda: la reducción de ciertas vidas a lo que Agamben llama la “nuda vida”, existencias despojadas de reconocimiento político y expuestas a la violencia sin la relevancia jurídica ni social que permitiría hacerle frente. En esta necropolítica, Chile reproduce lógicas que en otras latitudes ya se han denunciado con crudeza: unas vidas son lloradas y movilizan al país; otras quedan relegadas a los márgenes del duelo público y de la ciudadanía efectiva.

Romper el cerco deshumanizador no es solo exigir plena justicia para Julia Chuñil, sino cuestionar un Estado y un sistema mediático que jerarquizan a los seres humanos en distintos rangos. De lo contrario, se confirma que en Chile aún hay vidas de segunda categoría, y que en nuestro país la decisión de quién merece ser buscado y quién puede desaparecer sin duelo todavía depende del poder.